tribunales
El empresario que dejó un agujero de 5 millones no perdona una deuda de 13.250
Eduardo Lacasta, condenado por urdir una trama delictiva en torno al grupo Fincas Atlanta, volvió a sentar ayer en el banquillo a dos de sus antiguos colaboradores por delitos de falsedad en documento oficial y estafa procesal.
El dueño de Fincas Atlanta , Eduardo Lacasta Lanaspa, firmó un ventajoso acuerdo con la Fiscalía por el que fue condenado a seis años de prisión por valerse de sus negocios inmobiliarios para urdir una trama delictiva con la que el juez instructor estimó que defraudó más de 45 millones de euros, pese a que la sentencia fijó la responsabilidad civil en apenas cinco. El empresario, que se enfrentaba inicialmente a una petición de más de 16 años y medio de cárcel, no estuvo al final entre rejas mas que tres meses. Sin embargo, Lacasta no ha dejado de litigar para ver en la cárcel a algunas de las personas que en el pasado gozaron de su confianza y en las que se apoyó, como ha reconocido la Justicia, para llevar acabo el fraude millonario por el que fue condenado.
Dos de los excolaboradores con los que el dueño de Fincas Atlanta parece querer saldar cuentas son los hermanos Alfredo y Raúl L. S., a los que ayer sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por delitos de falsedad en documento oficial y estafa procesal y para los que inicialmente pedía penas que sumaban hasta once años de cárcel. Y no es la primera vez que el empresario acusa a estos dos hombres, puesto que ya consiguió que fueran condenados por falsear un finiquito para apropiarse de 13.250 euros. Según la sentencia, que fue recurrida hasta llegar al Supremo, Alfredo L. S. se aprovechó de su condición de administrador de una de la sociedades del Grupo Fincas Atlanta para desviar el dinero a su hermano Raúl. Probado el engaño, al primero se le impuso una pena de año y medio de prisión y al segundo se le declaró responsable a título lucrativo.
Pero Eduardo Lacasta no se conformó con la condena y aprovechó este mismo asunto del finiquito para volver a denunciar a los hermanos por falsedad y estafa procesal. Y esa es precisamente la acusación de la que ayer tuvieron que responder ante el tribunal de la Sección I de la Audiencia de Zaragoza. La acusación particular considera que al presentar como prueba el documento falseado del finiquito engañaron al juez de instrucción que los investigaba por apropiación indebida, puesto que llegó a declarar el sobreseimiento provisional de la causa.
Sin embargo, la Fiscalía no comparte el criterio de la acusación y considera que ambos hermanos deben ser ahora absueltos. Durante la vista delebrada ayer, reconoció que Alfredo L. S. Hizo una transferencia de 13.250 euros a su hermano el 15 de octubre de 2013 para abonarle unos servicios que parece que no prestó. Pero el ministerio público no considera acreditado que el documento justificativo de ese pago fuera elaborado "con el único fin" de presentarlo ante el juez que los investigaba por apropiación indebida. Además, la Audiencia Provincial tumbó después el archivo de una causa por la que ambos investigados acabaron condenados, por lo que entiende que no existió tampoco estafa procesal.
En la misma línea, la defensa, a cargo del letrado Rafael Ariza, pidió la absolución de sus clientes por entender que no cometieron delito alguno y que no se les puede volver a juzgar por lo mismo. En su calificación definitiva, la acusación particular entendió que existiría un concurso de delitos y rebajó la petición de pena a un año de cárcel para cada uno de los acusados.
