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Auxiliares de Educación en centros covid: "Los traslados forzosos de la DGA ponen de manifiesto la precariedad del colectivo"

El medio centenar de trabajadores interinos (45 mujeres y dos hombres) trasladados a la residencia de Casetas denuncian llevar "años trabajando en condiciones precarias, con contratos de menos de 10 meses al año a jornada reducida, y siendo echados al paro en los meses de verano".

Dos de las 47 auxiliares de Educación trasladadas al centro covid de Casetas en plena pandemia.

El medio centenar de trabajadores (45 mujeres y dos hombres) trasladados al centro de Casetas en virtud de la reasignación de funciones aprobada por la DGA –que prioriza a interinos frente a fijos- "lleva años trabajando en condiciones precarias, con contratos de menos de 10 meses al año a jornada reducida, y siendo echados al paro en verano". 

Así lo denuncia en declaraciones a la agencia de noticias 'MaasZoom' este colectivo, al que se ha atribuido de forma forzosa las funciones de auxiliares de enfermería en las residencias para mayores con coronavirus, donde han desarrollado una labor fundamental para garantizar la atención y el cuidado de los residentes aislados en estos centros tras dar positivo en la enfermedad. 

Varias auxiliares de Educación, a través del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa) y el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA), han denunciado esta situación al Gobierno de Aragón, al que reclaman que reconozca su "gran labor" con una retribución acorde al puesto que desempeñan y otras medidas como la continuidad laboral durante el verano y el derecho preferente en su bolsa de empleo.

En pleno estado de alarma, "las auxiliares de educación especial han demostrado ser uno de los colectivos más valiosos y han trasladado todo el respeto, empatía y vocación de servicio público que siempre han mostrado hacia sus alumnos a las víctimas del coronavirus", subrayan fuentes sindicales en una nota enviada a los medios, donde reivindican su labor y piden que sea debidamente compensada por la Administración. 

"Estas auxiliares de educación especial recibieron al poco de decretarse el estado de alarma una llamada comunicándoles que, en aplicación del Decreto-Ley de 25 de marzo de medidas urgentes contra el impacto generado por el coronavirus, se les atribuían de forma forzosa las funciones de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en el centro sociosanitario para mayores con covid-19 de Casetas", recuerdan las mismas fuentes.

"Nos despedimos de nuestros alumnos para encerrarnos en nuestros hogares y de la noche a la mañana fuimos convertidas en auxiliares de enfermería"

"Nos despedimos de nuestros alumnos para encerrarnos en nuestros hogares y de la noche a la mañana pasamos de Educación al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Fuimos convertidas en auxiliares de enfermería”, relatan las trasladadas, todas ellas interinas. 

Trabajadores interinos 

Las trabajadoras mencionadas forman parte de los más de 300 trabajadores que el Gobierno de Aragón ha cambiado de destino en aplicación de este Decreto-Ley, que da prioridad en los traslados a los funcionarios y laborales interinos frente a los fijos. Así lo denunció STEPA a los pocos días de anunciarse esta medida, señalando que el criterio elegido es "contrario" a la normativa europea y supone una "clara e ilegal discriminación" para estos trabajadores que han cambiado de función por la pandemia. Por su parte, desde el departamento de Función Pública reconocen que el personal enviado a los centros covid tenía contratos temporales, si bien "el cambio de puesto de trabajo que provocó la pandemia favorece que sigan trabajando en este momento. Una parte de estos trabajadores que tenía contrato a tiempo parcial han pasado a trabajar y cobrar a tiempo completo, además de festivos y turnos. Es decir, que sí se han mejorado sus retribuciones", explican desde el Gobierno autonómico.

Incertidumbre y miedo al contagio

"La incertidumbre y el miedo al contagio surcan nuestros pensamientos cada día pero realizamos nuestro trabajo con una sonrisa"

Ante la falta de pruebas y material para hacer frente a la pandemia los primeros días, estas trabajadoras denuncian cuál fue su malestar al tener que incorporarse a la plantilla de estos centros de mayores con coronavirus. En pocos días pasaron de asistir a alumnos de Educación Especial a cuidar durante cinco horas diarias a ancianos que habían dado positivo. "Declinar el nuevo destino suponía el despido inmediato y la imposibilidad de acceder a una plaza pública, nos dijeron. Así, tras recibir una rápida formación en cuanto a protección contra el virus, empezamos a atender a los residentes. La incertidumbre y el miedo al contagio surcan nuestros pensamientos cada día pero realizamos nuestro trabajo con una sonrisa", aseguran. 

Para el desarrollo de sus funciones en el centro covid de Casetas, estas auxiliares deben cambiarse cada día en unos "vestuarios colapsados" de trabajadores e intercambiar información relevante con los compañeros que terminan su turno.

"Nos ponemos los Equipos de Protección Individual y asistimos a los residentes. Cada uno de ellos es único, tiene necesidades, inquietudes y preferencias distintas, y la labor de este colectivo, para muchos desconocido, es proporcionarles dignidad y calidad de vida", reiteran varias de ellas.

"Hemos vivido historias muy duras"

Las afectadas por este cambio normativo se han encargado no solo de atender el aseo, la alimentación o el cambio postural de los ancianos ingresados, sino también de ayudar a las enfermeras en distintas tareas (pruebas de glucemia, cambiar parches o balas de oxígeno, dar la medicación, medir constantes y temperatura…) y de acompañar y apoyar a unas personas que se encontraron de repente en un lugar desconocido y aisladas de sus familias.

En suma, subrayan fuentes sindicales, han sido "imprescindibles" para proporcionarles dignidad y calidad de vida, y pese a todos los problemas surgidos la flexibilidad y capacidad de estas auxiliares ha permitido crear un equipo multidisciplinar "ejemplar", que ha contribuido a que los centros sociosanitarios covid hayan sido "pioneros por sus buenas prácticas y resultados", apostillan. 

Como las mismas protagonistas resumen: "Intentamos trasladar nuestro saber hacer al nuevo centro pero pronto descubrimos que necesitaban cuidados diferentes; nuestros abuelos estaban solos y éramos su única compañía", dicen antes de añadir cuánto han aprendido también. "Hemos vivido historias muy duras que no podremos olvidar, pero hemos crecido como personas”, matizan. 

Al margen de este crecimiento personal, la situación que ha provocado la pandemia ha supuesto para muchas de ellas una amenaza para su salud, tanto por las propias características del puesto de trabajo al que fueron trasladadas como por riesgos añadidos, decaran.

 “La práctica diaria y la formación por parte de las enfermeras nos han dado conocimientos acerca de prácticas desconocidas; sin embargo, esto supone permanecer junto a los residentes en sus habitaciones una media de cinco horas por turno, una sobreexposición al virus que, cuanto menos, es abrumadora, además de tenernos que enfrentar en distintas ocasiones a situaciones para las que nadie nos había preparado", confiesan. 

"Un esfuerzo que la Administración debe compensar"

El trabajo realizado merece, a su juicio, ser conocido y aplaudido; pero también requiere una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras (que son en su mayoría mujeres). En este sentido, los sindicatos Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA) y Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa), que han dirigido un escrito al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, y al director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, para que su esfuerzo se compense mejorando sus condiciones laborales y retributivas.

Los sindicatos inciden en que la asunción de las nuevas funciones no ha supuesto cambiar sus contratos, por lo que demandan que su retribución se corresponda durante este periodo con la que legalmente se estipula para este tipo de centros, reconociendo los complementos por turnicidad, nocturnidad o festivos.

De cara a la vuelta a su puesto habitual, piden igualmente que se valore este periodo con puntos adicionales en la bolsa de méritos y que tengan derecho preferente en la bolsa de la categoría de auxiliar de educación especial; además de que, si lo desean, puedan seguir trabajando en los centros del IASS donde están ahora hasta el próximo otoño, vista tanto su efectividad como el riesgo de una posible ola de coronavirus.

Finalmente se exige que a todas estas trabajadoras se les someta periódicamente a pruebas para evaluar su estado de salud y que dispongan en todo momento de los equipos de protección necesarios para desarrollar su trabajo con la máxima garantía de protección frente al virus.

"Es de ley que el Gobierno de Aragón reconozca el esfuerzo humano llevado a cabo por estas mujeres al igual que se ha reconocido a otros colectivos, como los trabajadores del Salud", reclaman los sindicatos al subrayar que "estas mujeres fueron llevadas a la zona cero de la pandemia, estando en contacto directo y prolongado con enfermos de la covid-19 sin experiencia sanitaria previa, y han sido capaces de desarrollar la labor con total profesionalidad", afirman.

Al mismo tiempo, denuncian que las auxiliares de Educación trabajan "desde hace años" con contratos de menos de diez meses al año a jornada reducida, y son echadas al paro en los meses de verano, sin poder acceder a las retribuciones de acción social porque no alcanzan el mínimo de tiempo trabajado, puntualizan.

"Es evidente que estas trabajadoras cubren puestos estructurales, y queda patente que la Administración lleva abusando durante años de esta plantilla con contratos precarios y sin posibilidad de acceder a una plaza fija", señalan en la denuncia presentada.

Según datos del Gobierno de Aragón, el 47,8% de la plantilla de la Administración autonómica son temporales, pese a que en la práctica totalidad de casos se trata de plazas estructurales, que deberían estar ocupadas por funcionarios fijos; al igual que se exige en una empresa privada.

La regularización administrativa del personal en abuso de contratación temporal y la equiparación de los derechos entre funcionarios interinos y de carrera son para Stepa y CATA "actuaciones prioritarias" y se considera "especialmente de justicia" en estos casos.

"Es de ley –piden los sindicatos a los responsables políticos- que reconozcan el esfuerzo humano llevado a cabo por estas mujeres al igual que se ha reconocido a los trabajadores del Salud y que otorguen al colectivo de auxiliares de educación especial contratado durante años en fraude la merecida estabilidad laboral, creando plazas estructurales a jornada completa y eliminando la precariedad a la que están sometidas", reivindican. 

En una carta enviada a los medios, las mismas fuentes ponen en valor la función desarrollada por estas trabajadoras que se han enfrentado a un puesto de trabajo desconocido "con una actitud y ánimo ejemplar" a lo largo de estos meses, en los que la mayor recompensa que han recibido ha sido "ver regresar a los residentes a sus centros de origen recuperados y agradecidos". 

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