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Zaragoza

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Una jueza de Zaragoza insta a la DGA a dotar de EPIS a los sanitarios de la provincia conforme se disponga de ellos

La magistrada del Juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza limita esta medida cautelar frente al coronavirus a los empleados públicos sanitarios, funcionarios, estatutarios o laborales del ámbito sanitario o socio-sanitario de la provincia.

Los sanitarios del Centro de Salud Canal Imperial-Venecia de Zaragoza han tenido que fabricarse equipos de protección individual caseros frente al coronavirus ante la escasez de equipos homologados.
Los sanitarios del Centro de Salud Canal Imperial-Venecia de Zaragoza han tenido que fabricarse equipos de protección individual caseros frente al coronavirus ante la escasez de equipos homologados.

Un auto del Juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza insta a la DGA a dotar de EPIS a los sanitarios de la provincia conforme se disponga de ellos, tras admitir "en parte" el recurso interpuesto por la Administración contra la demanda del sindicato de médicos de Atención Primaria Fasamet, que denunció al Gobierno de Aragón, al IASS y al Servicio Aragonés de Salud (SAS) por la falta de medios que sufren los trabajadores para hacer frente a la emergencia del Covid-19 en hospitales, residencias y otros centros socio-sanitarios de la región. 

En un auto emitido este martes, 8 de abril, la magistrada del Juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza, Ana Isabel Fauro, limita esta medida cautelar de prevención frente al coronavirus a los empleados públicos sanitarios, funcionarios, estatutarios o laborales del ámbito sanitario o socio-sanitario de la provincia, "siendo indiscutible que este Juzgado no tiene competencia para resolver" esta pretensión en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Además, en un documento al que ha tenido acceso Heraldo.es, reconoce que el Gobierno de Aragón está realizando "arduas gestiones" para dotar a su personal de los EPIS que precisa para la prestación de servicios, si bien "los que consigue poner a su disposición no parecen suficientes". 

Esta circunstancia -añade la jueza- no puede eximir a la Administración del cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva, por lo cual insta a la DGA a ir cumpliendo este requerimiento en la medida en que disponga de forma efectiva de estos elementos. Del mismo modo, y atendiendo al Real Decreto 773/1997 del 30 de mayo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de estos equipos de protección individual frente a la exposición al Covid-19, establece que estos recursos deberán proporcionarse al personal en función de su nivel de exposición al riesgo de contagio. 

Según se recoge en el escrito judicial, en la Comunidad hay al menos 578 sanitarios que han sido infectados por la pandemia, lo que supone el 17% del total de contagios por coronavirus en Aragón. 

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