Un zaragozano admite que falseó papeles para que 7 inmigrantes cobraran 47.000 € del paro

El empresario zaragozano Carlos Argachal Tabuenca admitió este lunes una pena de dos años y cuatro meses de prisión por un fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del que se beneficiaron, al menos 19 inmigrantes, a los que ofreció falsos contratos en una compañía de limpiezas para poder cobrar el paro u obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España. Al reconocer los hechos, los extranjeros –a los que defendían, entre otras, las letradas Soraya Laborda y Laura Vela– consiguieron rebajar las penas que inicialmente pedía la Fiscalía y fijarlas en 9 meses de cárcel y 540 euros de multa. La misma condena se impondrá a un ciudadano español que también confesó haber participado en la trama para conseguir un subsidio de desempleo.

Además de estas 21 personas, en el banquillo de los acusados se sentaron otras nueve, pero estas se negaron a reconocer los delitos de fraude o falsedad que se les atribuyen y tendrán que esperar a que la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza dicte sentencia para saber si son condenadas o absueltas.

La Fiscalía recordó que el principal acusado –defendido por José Ángel Roy– constituyó la mercantil Multiservicio de la hostelería Zaragoza S. L. el 3 de junio de 2009. Su objeto social era la explotación de negocios de restauración, pero lo cierto es que, pasado un tiempo, la actividad de la empresa se redujo a la prestación de servicios de limpieza en una comunidad de propietarios.

De hecho, una investigación de la Subinspección Laboral de Empleo y Seguridad Social reveló que la compañía contaba únicamente con dos trabajadoras reales en plantilla. Sin embargo, su administrador y socio mayoritario, Carlos Argachal Tabuenca, se sirvió de ella para dar de alta a numerosas personas, casi todas extranjeras, que nunca llegaron a realizar trabajo alguno para la empresa.

El Ministerio Público concluyó que fueron siete personas las que consiguieron cobrar el paro engañando a la Seguridad Social. Uno de los acusados que han reconocido el fraude llegó a percibir un total de 11.500 euros, cantidad que ahora tendrá que devolver. Una mujer se aprovechó también de la documentación fraudulenta para lograr una prestación por maternidad de 5.126 euros. Según la acusación pública, hubo 23 personas que usaron los falsos contratos para pedir el permiso de residencia.

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