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Inmigrantes que llegan a Aragón huyendo de las maras: "No hay quien escape a su violencia"
El Salvador, Honduras y Guatemala son los países más afectados por estas pandillas criminales. En Zaragoza viven inmigrantes que tuvieron que huir de sus casas tras recibir amenazas de muerte.
Los inmigrantes que huyen de las maras -las pandillas criminales que han sembrado el terror entre la población de Centroamérica- tienen una historia en común. Han convivido con la violencia, algunos incluso han presenciado asesinatos y todos no olvidan el día que tuvieron que salir de sus casas de forma precipitada tras una amenaza directa de muerte. "Mi mundo se vino abajo en agosto de 2015. Un terremoto me sacudió todo; me quitó mis sueños y mis planes", afirma Barahona, hondureña de 55 años, que reside en Zaragoza junto a dos de sus hijos.
Por aquel entonces, esta mujer regentaba un cibercafé en la ciudad de San Pedro Sula y pagaba lo que los pandilleros llaman el 'impuesto de guerra'. "Es una extorsión. Todos los comerciantes y también las grandes empresas tienen que pagarles para que les dejen trabajar. Si no lo hacemos, te matan", explica. Los problemas surgieron cuando la Mara 18 (la más importante junto a la MS-13) intentó captar a uno de sus hijos. "Compañeros de clase que estaban dentro de las maras comenzaron a regalarle puritos de marihuana; es una forma de captación. Un día le dieron el mandato de llevar drogas y armas a otra ciudad. Hacer el primer encargo es una iniciación. Llegó asustado a casa y fue cuando me contó lo que le pasaba. Hablé con mi hijo mayor, que es maestro en otra ciudad, y lo mandé ese mismo día con él. Actué de forma inmediata; con esa gente no se juega, dan una orden y la tienes que cumplir", asegura.
Sacar a su hijo de la colonia fue su condena. Además de pedirle más cantidad de dinero, le exigieron saber dónde estaba su vástago. "A diario llegaban armados a mi negocio y la clientela dejó de venir. Un día que estaba con mi niño pequeño de 3 años, se presentaron seis jóvenes. Estuvieron de 9.00 hasta la madrugada, me golpearon y jugaron a la ruleta rusa conmigo simulando que me iban a matar. Su jefe, 'Tacoma', les iba dando las órdenes desde la cárcel. Al final, les dijo que no me mataran, que valía más viva porque darían con él. Que mi hijo les desobedeciera, les enfureció. Quisieron captarle pero nunca les dije dónde estaba; prefiero morir antes que mis hijos. Sabía lo que le iba a pasar si les revelaba su paradero", relata con angustia cinco años después.
Punto de no retorno
Ese fue el punto de no retorno que la trajo dos meses después a España, donde tiene una hermana en Madrid. Vino sola y un año después, dos de sus hijos. Nunca denunció los hechos ante la Policía. "Las maras acaparan casi todo el territorio de Honduras. Están infiltradas en la Policía y cuentan con el apoyo del Gobierno", afirma categórica.
Esta hondureña llegó a Zaragoza de la mano de Accem, "puerta de entrada" en Aragón al programa de acogida e integración de personas refugiadas, tal y como apunta Julia Ortega, responsable de esta ONG en la Comunidad. "Accem es quien gestiona el servicio de entrada al programa y la acogida la podemos hacer cualquiera de las organizaciones que trabajamos con refugiados (como Cruz Roja y Cepaim, entre otros)", puntualiza.
Los países de Centroamérica más afectados por el fenómeno de las maras son El Salvador, Honduras y Guatemala; de hecho todas las personas de esas tres naciones que pasan por Accem Aragón vienen huyendo de las pandillas criminales. "Se han hecho fuertes en estos países por la debilidad del Estado a la hora de imponer las leyes. Las maras compran policías, jueces... Y estas personas salen corriendo porque no pueden tener la protección necesaria en su país", indica Ortega. "El interponer denuncias allí para solicitar protección es inviable dada la corrupción que hay en sus países. También ha venido el perfil Lgtbi. Sufren persecución por las maras, que incluso llegan a hablar de limpieza social. Tienen un control absoluto de la población; controlan todos sus movimientos", añade Ana García del Cacho, abogada de la ONG.
Como turistas
Según datos de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, 124 personas de El Salvador y 75 de Honduras han solicitado acogerse al programa de protección internacional desde 2015 hasta el 30 de septiembre de 2019. Llegan por sus propios medios (no existen programas de reasentamiento ni de reubicación con personas de Latinoamérica) y una vez en España formulan la solicitud de protección internacional.
Ese es el caso de Barahona y también de Isabel y Gabriel, un joven matrimonio salvadoreño con dos hijos pequeños. Llegaron a la Comunidad aragonesa en octubre de 2017 -de la mano de Accem- aunque antes pasaron por Barcelona, donde ella tiene una hermana. Huyeron de su país el 5 de febrero de ese año después de que la Mara 18 se presentara en su casa en Zacatecoluca, agredieran y amenazaran de muerte a Gabriel (de profesión pintor y chapista) y encargaran a Isabel (abogada) que llevara el caso de un pandillero detenido. "Lo iban a matar, pero me metí entre ellos. No querían que viviera aquí porque había invadido su territorio (la ciudad natal de Gabriel está controlada por la banda rival del MS-13) e incluso para estar conmigo tuvieron que darle permiso. Nos fuimos de la casa. Además, yo no me iba a involucrar con ellos; conozco muchos casos de abogados que sin querer lo han hecho y terminan desaparecidos o muertos", sostiene Isabel, que en ese momento estaba embarazada de cuatro meses y tenían un hijo de corta edad.
Testigo de crímenes
No era el primer contacto con las maras para ambos. Con tan solo 18 años, ella ya había presenciado cuatro asesinatos en el mercado de su ciudad. "No hay un salvadoreño que se escape de la violencia de las pandillas. Si una persona recibe una amenaza y lo toma a broma; dala por muerta. Te acostumbras a vivir en un entorno de violencia y al salir, aquí, te das cuenta de que has vivido en un inferno al cual no quisieras regresar", subraya. Por su parte, Gabriel ya tuvo que cerrar un taller por la extorsión de las maras y en su presencia mataron a una comerciante que conocía. "Llegaron dos tipos y le descerrajaron dos armas de arriba abajo. La vi caer y cómo su cuerpo temblaba. Todo porque no quiso o no pudo pagar un mes de renta. Sé que mi amenaza no va a terminar mientras existan los pandilleros", afirma.
Una vez en España, este matrimonio señala que el camino no ha sido "nada fácil". Ella trabaja de media jornada de ayudante de cocina en un restaurante y él no tiene trabajo en la actualidad. Están a la espera de que les llegue la tarjeta de residencia tras serle concedida hace unos meses la residencia por razones humanitarias por "hechos sobrevenidos" estando ya en la capital aragonesa. "A mi hijo mayor le han diagnosticado un retraso global en el desarrollo. Tenía un comportamiento característico de un niño autista", se lamenta Isabel. Antes les habían denegado el asilo. "El acoso de las maras no entra como requisito para que te lo concedan", indica.
Revisarse los criterios
También a Barahona, que siempre ha trabajado cuidando a personas y en el sector de la limpieza, le han denegado el asilo. Ahora está con la tramitación del permiso de estancia temporal por arraigo. "Es complicado lograr una estabilidad aquí. Que no se nos niegue esa estancia; salimos con lo puesto y no tenemos adónde regresar. Fue muy duro empezar de nuevo; nadie se va de su país porque quiere", resalta esta hondureña.
Por su parte, la responsable de Accem Aragón indica que son muy pocas las víctimas de las maras a las que se les ha concedido asilo. "Es un sistema de protección para cuando el Estado te persigue o no se puede proteger y tiene que ver con determinados tipos de delito. No con la delicuencia común, por decirlo de alguna manera. Nosotros y otras organizaciones consideramos que el criterio se debería revisar", señala.
"Vienen a decir que los propios países tienen planes específicos de políticas antimaras. La realidad es que son totalmente insuficientes; llega un momento que son las maras las que tienen el control del Estado. Estamos intentando abrir brecha ahí porque realmente hay motivos graves", apunta la abogada Ana García del Cacho, que habla del miedo asociado al solicitante de protección internacional. Isabel, Gabriel y Barahona están dispuestos a que se conozcan sus historias, pero no sus rostros ni sus identidades completas. Viven tranquilos entre nosotros, pero piensan en proteger a los familiares y amigos que han dejado atrás; a miles de kilómetros de distancia.
