Vanesa y su familia salvan otra ‘bola de partido’

A cinco días de que se quedaran en la calle, Vanesa Escudero y su familia han conseguido esquivar el desahucio. Al menos, de momento. Esta chica de 19 años y su marido, de 20, tienen dos hijos de 3 y 2 años y viven como okupas en un piso del barrio de Las Delicias. Como en los partidos de tenis, tenían una ‘bola de partido’ en contra este miércoles, fecha que el juzgado había fijado para su desalojo. No era la primera vez. Sin embargo, el pasado viernes el banco al que pertenece el inmueble accedió a aplazar esta fecha y negociar un alquiler social.

Vanesa denunció que si se quedaba sin este piso no tendrían a donde ir y que, al tener que dormir en la calle, le retirarían el cuidado de sus hijos. Por eso, pidió negociar con Unicaja, propietaria del piso, un alquiler social. Pese a los escasos ingresos propios que tiene la familia, asegura que ahora, a diferencia de hace unos meses, se encuentra en condiciones de pagarlo, ya que en la actualidad es perceptora del IAI. Finalmente, el banco ha accedido a hablar.

Las conversaciones se iniciaron este lunes. El banco propuso un alquiler de 214 euros al mes, y ahora Vanesa tiene que contestar. La joven ve el futuro con optimismo: “Estoy muy contenta porque creo que podremos llegar a un acuerdo”. Para ella, tener un contrato de alquiler supone “estar en una casa, bajo un techo seguro, sin miedo a que te echen”.

Estas negociaciones no suelen ser lo habitual. Así lo denuncia Stop Desahucios, que ha intervenido en este caso, como en tantos otros. Concha Cano, miembro de la plataforma, señala que “hubo una época en la que las entidades negociaban, si se trataba de gente normalizada y con ingresos”. Ahora, según su experiencia, es más complicado, ya que “los bancos quieren vender los pisos”. En muchos casos, estos caen en manos de “fondos de inversión extranjeros con los que es imposible negociar”, señala Cano.

Cuando la negociación sí es posible, suele ser la propia plataforma de Stop Desahucios la que entablas las conversaciones y busca cerrar un contrato de alquiler “con todas las de la ley”. En un principio, es el inquilino el que dice qué mensualidad puede aportar. Luego, el banco lo acepta o negocia un precio distinto. “Suelen ser alquileres sociales de entre 100 y 200 euros”, apunta Cano.

La experiencia habla de que es posible firmar estos contratos. A juicio de esta integrante de Stop Desahucios, el de Vanesa y su familia es uno de estos casos, porque “pueden pagar” y tienen una situación “bastante normalizada” en el piso, aunque algunos vecinos han protestado por la manera que han tenido de entrar en el edificio.