La juez anula el despido al exgerente de Ecociudad que aprobó ZEC en 2018

El Juzgado de lo Social número 5 acaba de declarar nulo el despido del exgerente de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, Miguel Ángel Portero, aprobado en 2018 por el anterior gobierno de ZEC. Además, condena a la entidad dependiente del Ayuntamiento de la capital a abonar unos 160.000 euros en concepto de indemnización. La sentencia, que no es firme, subraya que se vulneraron los derechos fundamentales de Portero, dado que la actuación de los anteriores responsables municipales afectó a su dignidad personal y profesional, por lo que reconoce que hubo daños morales.

En los hechos probados de la sentencia, relata con concreción la «presión» que durante casi tres años sufrió Portero, funcionario de carrera con responsabilidades en Ecociudad desde 2002. Indica cómo en septiembre de 2015, tres meses después de la llegada de ZEC al gobierno, la anterior vicepresidenta de la sociedad, Teresa Artigas, le planteó la posibilidad de su jubilación, que el funcionario no quiso solicitar.

A partir de ese momento se agravó el conflicto entre el gobierno y el gerente, a quien ZEC no podía destituir por no contar con el respaldo de la mayoría del consejo de administración, controlado por la oposición municipal.

La sentencia señala cómo después de aquello el entonces concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, consideró que se habían producido «irregularidades» en la gestión de la depuradora de La Almozara y acusó al gerente, entre otros, de «mala gestión». Aquella cuestión, además de activar un proceso de información reservada en el Ayuntamiento, acabó en una denuncia ante la Fiscalía en 2016, que fue sobreseída. Después derivó en una comisión de investigación forzada por PSOE, PP y Cs, cuyas conclusiones acabaron también en la Fiscalía, aunque no se constató relevancia penal.

Finalmente, el 9 de febrero de 2018, ZEC se apoyó en un artículo de la ley de capitalidad después anulado por el Constitucional para expulsar del consejo de Ecociudad a parte de los representantes de la oposición. Solo así se pudo hacer con la mayoría y destituir a Portero. ZEC rechazó la solicitud de prolongación de servicio que hizo el funcionario, que se jubiló poco después, en abril de 2018.

La sentencia indica que en la libre facultad de resolver un contrato de alta dirección no es posible menoscabar los derechos del trabajador. Concluye que los consejeros de ZEC «trataron de ofrecer una imagen del actor como que había incumplido gravemente sus obligaciones, sin que en modo alguno haya quedado acreditado».

La juez recuerda «las declaraciones en medios de comunicación en la web municipal de miembros de ZEC sobre la actuación del actor, atribuyéndole falta de lealtad, falta de diligencia, de honradez (...) sin justificación alguna». Por eso, la decisión judicial aprecia «una vulneración del derecho a la dignidad personal y profesional del actor, a su honor y la propia imagen».

«Y en ese contexto de presión y desprestigio, en cuanto el cambio legislativo lo permitió, se acordó el cese», dice la sentencia. La mencionada decisión, según la juez, «se adoptó menoscabando los derechos fundamentales del actor», por lo que el despido es nulo.

Como Ecociudad Zaragoza no puede readmitir a Portero por estar jubilado confirma una indemnización por despido improcedente de 143.697,91 euros, además de otros 5.000 como compensación por los daños morales. También tendrá que abonar 224,09 euros al día desde la fecha del despido hasta la jubilación, aproximadamente unos dos meses y medio. En total, el coste para el erario es de unos 160.000 euros.