El Constitucional dirá si se reabre la causa contra el gobierno de ZEC por Ecociudad

El que fuera gerente de la sociedad pública municipal Ecociudad entre los años 2002 y 2018, Miguel Ángel Portero Urdaneta, ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional su polémico cese y el llamado ‘golpe’ en las sociedades del exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve (ZEC). Y lo ha hecho porque considera que la jueza que instruyó la querella por presunta prevaricación administrativa contra el exregidor y todo su equipo de Gobierno archivó el caso «sin practicar, en esencia, ninguna diligencia de investigación».

El penalista Enrique Trebolle, representante legal de Portero, recuerda al Alto Tribunal a través de su recurso que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, admitió a trámite la querella al apreciar indicios racionales de delito. Sin embargo, apunta, seis meses después, la magistrada acordó el sobreseimiento de la causa «sin haberse producido ni siquiera la declaración de los investigados».

Para el querellante, no se explica que la instructora optara por el archivo de las diligencias ni que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza avalara después esta decisión. De ahí que considere que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva e impugne ambas resoluciones ante el Tribunal Constitucional, que será quien finalmente diga si se reabren las pesquisas y se llama a declarar a Pedro Santisteve y el resto de querellados o se da carpetazo definitivo al asunto en la vía penal.

Un relevo cuestionado

La querella presentada el 7 de junio de 2018 por Miguel Ángel Portero planteaba la presunta ilegalidad cometida por el exalcalde Zaragoza y los ediles de ZEC al acordar la modificación del consejo de administración de Ecociudad «de forma unilateral y sin el preceptivo cambio de estatutos». Según el abogado del exgerente, «lo único que interesaba en ese momento, una vez asumido el control de la sociedad municipal por imperativo legal –al cesar a los anteriores consejeros, que representaban a los ediles de la oposición– era destituir a Portero» y nombrar a Joaquín García Lucea «sin someter su contratación a un proceso selectivo». Todo esto, sostenía Portero, se acordó en un contexto de ataque sistemático hacia su persona.

El gobierno de Zaragoza argumentó entonces que el artículo 14 de la Ley de Capitalidad le permitía hacer lo que hizo, que fue asumir el control efectivo de Ecociudad. Pero Trebolle considera que los querellados hicieron una «interpretación torticera» del mencionado texto legal. Asegurá, además, que dicho artículo fue declarado inconstitucional el 13 de diciembre de 2018 y que la Ley de Capitalidad estaba suspendida «en su vigencia y aplicación» cuando Santisteve dio el golpe en las sociedades, puesto que la norma había sido recurrida por el Gobierno de España ante el Constitucional.

Cuando decidió archivar la causa, la magistrada dijo que para que se produzca la prevaricación administrativa no es suficiente la mera ilegalidad, porque eso «supondría anular la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa». Deben ser casos graves en los que el autor «actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución», indicaba en su auto.

Respecto al ‘golpe’ en las sociedades públicas municipales, la juez admitía que «existe una discordancia» entre lo previsto en los estatutos de Ecociudad y lo que establece la Ley de Capitalidad. Pero advertía de que el acto que adoptó el gobierno contaba con «cobertura legal» en ese momento. Respecto al cese de Portero, la magistrada descartaba la prevaricación, porque la destitución, decía, «se ajusta de forma íntegra a las conclusiones del informe previamente emitido sobre el tema por el jefe de la Asesoría Jurídica».

Habrá que esperar varios meses

A la hora de recurrir ante el Constitucional, lo que intenta el exgerente de Ecociudad es que la causa vuelva a la fase de instrucción para que se practiquen las pruebas que propuso su abogado. Considera así «prioritaria y esencial» la citación en calidad de investigado tanto de Pedro Santisteve como de los entonces ediles de Zaragoza en Común Luisa Broto, Pablo Muñoz, Alberto Cubero, Elena Giner, Fernando Rivarés, Teresa Artigas, Pablo Híjar, y Arantza Gracia.

Cabe recordar que son muy pocos los recursos que prosperan ante el Tribunal Constitucional y que habrán de pasar todavía unos cuantos meses hasta que este se pronuncie sobre la cuestión.

Campaña de "hostigamiento"

Una campaña de «hostigamiento» y «ataques sistemáticos». Eso fue, según el exgerente de Ecociudad Miguel Ángel Portero, lo que padeció desde 2015, cuando los concejales de Zaragoza en Común (ZEC) accedieron al cargo, hasta que se hicieron con el control del consejo de la sociedad pública y lo cesaron, el 14 de febrero de 2018.

Según el recurso presentado por el querellante ante el Tribunal Constitucional, los nueve querellados (con el alcalde Pedro Santisteve a la cabeza), «se sirvieron de su posición en la administración» para atacarle y lanzar «acusaciones infundadas» contra él. Según Portero, el objetivo no era otro que intentar apartarlo del cargo que llevaba ocupando desde el 1 de julio de 2002.

A este respecto, el Gobierno de ZEC acusó a PP, PSOE y Cs de estar detrás de esta «vergonzosa denuncia», algo que las tres formaciones siempre negaron

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