El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, dirigido por la magistrada Mercedes Terrer, archivó el miércoles la querella interpuesta por el exgerente de Ecociudad Zaragoza, Miguel Ángel Portero, contra el alcalde, Pedro Santisteve, y contra los ediles de ZEC y que supuso la apertura de una investigación por prevaricación administrativa contra todo el gobierno local. Según el auto, los hechos no tienen la entidad suficiente como para acudir a la vía penal. Portero tiene un plazo de tres días para presentar recurso de reforma y cinco para apelar ante la Audiencia Provincial.

La querella tenía una doble vertiente. Por un lado, Portero llevó al juzgado la modificación del consejo de administración de Ecociudad, con la expulsión de parte de la oposición para que ZEC se hiciera con la mayoría –el gobierno argumentó en ese momento que el artículo 14 de la ley de capitalidad se lo permitía–.

Portero apuntaba que los cambios se habían hecho sin una modificación previa de los estatutos de la sociedad, que otorgaban al pleno esa facultad, o sin convocar a los miembros del consejo de administración que representaban a la oposición. Además, impugnaba su cese y el nombramiento de Joaquín García Lucea como gerente porque decía que no se observaron los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Todo esto, sostenía Portero, se acordó en un "contexto" de "hostigamiento" hacia su persona.

El sobreseimiento provisional llega cuando se cumplen 6 meses de la admisión de la querella. La juez adoptó su decisión pese a que el día anterior, a petición del Ministerio Fiscal, había dictado otro auto declarando la complejidad de la causa y ampliando de 6 a 18 meses el plazo de instrucción.

La magistrada sostiene que para que se produzca la prevaricación no es suficiente la mera ilegalidad, porque eso "supondrá anular la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa". Deben ser casos graves en los que el autor "actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución".

Respecto al ‘golpe’ en las sociedades, la juez admite que "existe una discordancia" entre lo previsto en los estatutos y lo que establece la ley de capitalidad, cuyo artículo 14 acaba de anular el Tribunal Constitucional. Pero advierte de que el acto que adoptó el gobierno contaba con "cobertura legal" en ese momento.

El auto dice que la falta de modificación estatutaria no supone "un desvío esencial" de los informes jurídicos que acompañaron a la decisión de modificar el consejo de administración. No ve por tanto "una vulneración procedimental con entidad bastante" como para imputar un delito. Entiende la magistrada que la valoración de este hecho no corresponde a la jurisdicción penal, sino a la contencioso administrativa.

Respecto al cese de Portero, la magistrada descarta la prevaricación, porque la destitución "se ajusta de forma íntegra a las conclusiones del informe previamente emitido sobre el tema por el jefe de la Asesoría Jurídica". Remite al proceso impulsado también por Portero en la vía de lo Social para resolver este conflicto.

En relación con el nombramiento de García Lucea, concluye que no hay informe que "haya sido ignorado o contravenido". Recuerda que se trata de un cargo de confianza y que "un procedimiento penal no es la vía apropiada" para determinar su legalidad. El auto concluye que el nombramiento fue "adecuado".

Recuerda por otro lado que la Fiscalía ya archivó en diciembre de 2017 una iniciativa de Ecociudad, en ese momento controlada por la oposición, para que se investigara el "hostigamiento" a Portero. Rechaza que haya una actuación "penalmente tipificable".

El auto hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 14 de la ley de capitalidad, el que sirvió a ZEC para dar su ‘golpe’ en las sociedades y destituir a Portero. La magistrada explica que este hecho "no desvirtúa" el auto de sobreseimiento provisional, dado que los hechos que se imputan a los concejales de ZEC se produjeron con anterioridad a la sentencia.

La magistrada ha decidido archivar el caso sin llamar a declarar a los investigados. A su juicio, las diligencias practicadas son "suficientes" para determinar que no hubo delito. Considera que la citación de los ediles de ZEC sería "un perjuicio" que "debería evitarse" al no haber "indicios racionales de criminalidad".

Críticas de ZEC

El portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha salido este jueves al ataque. No solo ha responsabilizado a Portero de "una denuncia vergonzosa", sino que apuntó que detrás de este proceso estaban PP, PSOE y Cs. "Era una estrategia de los tres para crear una sombra de duda", ha dicho. Muñoz ha exigido una rectificación a Portero, PP, PSOE y Cs por las "mentiras y patrañas que dijeron" y que pidieran disculpas.

PP, PSOE y Cs han rechazado esa acusación y negaron cualquier responsabilidad en la querella. Han criticado a ZEC por la gestión de su relación con Portero y por provocar la crisis en las sociedades. Los populares han advertido de que se trata de un sobreseimiento provisional y que el proceso seguirá. CHA ha confiado en que el auto ponga "el punto final a tres años de conflicto en Ecociudad".