Rivarés propone ajustar el plan de reducción de deuda para pagar las reclamaciones de FCC
El Consistorio adeuda cerca de 10 millones de euros por las revisiones de precios en la contrata de limpieza de 2009 a 2013.
El reguero de sentencias contrarias que acumula en los últimos meses el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en jaque la estabilidad presupuestaria de la ciudad. La reclamación que hace FCC por la revisión de precios en la contrata de limpieza, que ya ha sido avalada en los juzgados, va a obligar al gobierno municipal a hacer muchos números para cuadrar las cuentas. Tanto que el concejal de Economía, Fernando Rivarés, anunció ayer su intención de "reajustar" el actual plan de reducción de deuda para hacer frente a los recientes fallos judiciales.
En concreto, FCC solicitaba que en las revisiones de precios se incluyera el aumento del coste de personal. El Tribunal Supremo le ha dado la razón en tres sentencias relativas al periodo comprendido entre 2009 y 2013, lo que supone un montante de en torno a 18 millones de euros más intereses de demora. Rivarés explicó este viernes que de esa cantidad quedaría pendiente de abonar unos diez millones. Para hacer frente a tal desembolso, el edil descartó la posibilidad de aprobar un nuevo plan de ajuste de reducción de deuda, pero sí apostó por "reajustar" el que ahora está vigente, previa consulta con el Ministerio de Hacienda.
El objetivo del gobierno de ZEC es conseguir de esta manera llegar al mes de diciembre con un nivel de deuda municipal del 109,9%, un punto por debajo del límite legal. "Esto nos permitiría por un lado acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE) y pagar los pufos del pasado, y por el otro, pedir préstamos bancarios", relató el concejal.
La intención del Ayuntamiento al acudir a los créditos de las entidades financieras es obtener unos tipos de interés más ventajosos para las arcas municipales, según apuntó Rivarés.
Más sentencias pendientes
Sin embargo, las reclamaciones que FCC tiene judicializadas no se paran en 2013, sino que continúan hasta 2018. Todavía están pendientes las resoluciones de ese lustro, pero nada indica que vayan a ser distintas a las conocidas hasta ahora. De hecho, la empresa defiende que en conjunto, el conflicto con el Consistorio se cuantifica en más de 50 millones de euros de deuda.
Para hacer frente a esta situación, Rivarés apuesta por aprobar un plan negociado de pagos, como ya se hizo con el Tiro de Pichón, entidad a la que hubo que indemnizar con otros doce millones de euros por una expropiación irregular de sus terrenos.
