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Zaragoza

tribunales 

Dos años de cárcel por ayudar a un ‘hacker’ a estafar 73.238€ a una empresa de Zaragoza

Un informático anónimo interceptó los ‘emails’ de la mercantil y le envió una factura manipulada para que abonara un pago en la cuenta del acusado.

El acusado, en la Audiencia de Zaragoza, el día que se celebró el juicio.
El acusado, en la Audiencia de Zaragoza, el día que se celebró el juicio.
José Miguel Marco

La empresa Enrique Segura S. L., con sede en Villanueva de Gállego, lleva años dedicándose a la compra y venta de maquinaria agrícola, cerrando operaciones no solo en España sino también en el extranjero. Lo que no podían imaginar sus responsables es que algún día serían víctimas de una estafa informática propia del mejor guión cinematográfico, engaño que les ha terminado costando la nada despreciable cifra de 73.238 euros.

Los hechos se produjeron entre marzo y abril de 2014, fechas en las que la mercantil zaragozana entró en contacto con otra de Londres para negociar la compra de una cosechadora. Tras cruzarse varias llamadas telefónicas y correos electrónicos, la empresas cerraron un trato y la británica se comprometió a remitirle la máquina previa transferencia de 63.010 libras esterlinas (al cambio, 73.238 €).

De lo que no eran conscientes entonces estas compañías es de que un ‘hacker’ informático anónimo estaba espiando sus negociaciones e iba a interceptar sus ‘emails’ para hacerse con el importe abonado por la cosechadora. De tal modo que, cuando la mercantil con sede en la capital británica mandó la factura a la zaragozana, este avezado informático ‘cazó’ el correo electrónico y manipuló el número de la cuenta donde había que ingresar los 73.238 euros.

Suplantando la identidad de la empresa vendedora, el ‘hacker’ remitió después la factura falseada a Enrique Segura S. L., que no sospechó del engañó y ordenó hacer una transferencia a la cuenta que le indicaban. Para su sorpresa, los británicos le dijeron que no habían recibido ningún dinero. Y fue entonces cuando saltaron las alarmas.

Cooperador necesario

Los investigadores nunca lograron dar con el ‘cerebro’ de la ilícita operación, pero no tuvieron demasiados problemas en identificar al titular de la cuenta bancaria a la que se desvió el pago de la cosechadora. Se trata de Alin Filimon Constantin, un ciudadano de origen rumano y por entonces afincado en Londres, al que la Audiencia de Zaragoza acaba de condenar a dos años de prisión por un delito de estafa agravada en calidad de cooperador necesario.

Desde el primer momento, el encausado negó haber pergeñado el sofisticado engaño y se limitó a reconocer que unas personas de las que no sabe el nombre y que conoció en un bar le pidieron un favor. Según manifestó durante el juicio, estos hombres le explicaron que tenían que recibir una transferencia y le preguntaron si les permitiría enviar el dinero a su cuenta bancaria. Al parecer, a cambio le ofrecieron mil euros, por lo que aceptó.

Durante la vista oral celebrada el pasado 18 de marzo, la Fiscalía acusó al encartado de un delito de falsedad y de otro de estafa informática por los que pidió una pena de 4 años. Por los mismos ilícitos penales, la acusación particular, a cargo del letrado Álvaro García, propuso una condena de seis años.

Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial entiende que solo puede castigar a Alin Filimon Constantin como cooperador necesario de la estafa. Para el tribunal, no hay prueba de que este participara en el delito de falsedad documental ni tampoco de que supiera que el dinero que iban a ingresar en su cuenta se había obtenido manipulando una factura.

El acusado insistió en que tan solo prestó un número de cuenta. Pero los magistrados consideran que hay una serie de indicios que permiten concluir que sabía de la procedencia ilícita del dinero. Por ejemplo, el hecho de que nunca haya identificado a las personas con las que cerró el acuerdo. Pero sus abogados, Carlota Chueca y Diego Gracia, están convencidos de su inocencia. Y pese a que ya han conseguido que le absuelvan de un delito, irán al Supremo para intentar que le retiren también los dos años de cárcel por estafa.

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