La cesión a Pamplona de parte del parque infantil Río y Juego de las fiestas del Pilar, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, para su uso en los Sanfermines incumplió la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa de transparencia. Esta es la conclusión de un informe provisional de la oficina de control financiero, dependiente de la Intervención, que exige "depurar las posibles responsabilidades en que se haya incurrido".

Este trabajo de fiscalización, que analiza la gestión en la sociedad municipal Zaragoza Cultural y que está a la espera de alegaciones, fue exigido por la oposición después de que HERALDO hiciera pública la cesión, que se hizo sin que mediara ningún documento contractual ni contraprestación económica. Hay que tener en cuenta que el contrato que el Consistorio tenía con la compañía teatral PAI (y que supuso un coste para el erario de 202.900 euros en 2016 y 203.000 en 2017) establecía que los materiales eran propiedad municipal y que no se podían reproducir sin autorización expresa de la sociedad. La PAI cobró 90.000 euros a Pamplona por este espectáculo.

Este asunto suscitó un polémico cruce de correos que tuvo como protagonista al concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés. En uno de ellos, de julio de 2017, la exgerente de la sociedad, Elena Laseca, advirtió de que con las fiestas de San Fermín ya iniciadas había tenido conocimiento de que se había llevado material de Río y Juego a Pamplona, pese a que era de propiedad municipal. Rivarés contestó que lo ocurrido era "un delito si no hay documento de cesión". El edil apuntó en ese mensaje que se le podía "caer el pelo" y pidió arreglar este asunto "con fecha acorde". La oposición exigió que se aclarara si el edil de ZEC estaba tratando de tapar un delito.

El interventor es claro. Dice que "es un hecho" que parte de los materiales fueron cedidos "sin constancia formal por alguna persona no determinada, supuestamente empleado de la citada sociedad". Según el informe, "no es posible" concretar el coste de los materiales cedidos, aunque cita que un anexo del contrato fija una partida de 41.500 euros para infraestructuras. Constata no obstante que no hubo contraprestación económica.

En cualquier caso, el interventor dice que es "una evidencia" que la sociedad no dio permiso para esta cesión. En su opinión, "debió ser objeto de autorización expresa y por escrito", dado que tanto la ley vigente en 2016 y 2017 como la actual "prohíben la contratación verbal, salvo en supuestos de emergencia". "Se aprecia por tanto incumplimiento en lo dispuesto en la normativa contractual", indica.

Por otro lado, el informe añade que la "libertad de pactos" a la que se refiere la ley tiene "unos límites". En este sentido, concluye que esta cesión sería contraria a dos de ellos: al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

Por otro lado, el interventor se refiere a la ley de transparencia, que habría sido infringida. Esto habría ocurrido no solo en el caso de Río y Juego, sino en otros contratos. Por ejemplo, indica que de los 142 contratos menores del año 2016, solo 6 se publicaron en el perfil del contratante. En 2017 fueron 17 de 151.

El caso de la cesión del parque infantil Río y Juego suscita unas recomendaciones que también están recogidas en el informe. En primer lugar, sostiene que "deberían adoptarse medidas en orden a subsanar" las apreciaciones que contiene el documento respecto a la vulneración de las normativa de contratación y de transparencia.

"En cuanto a las cesiones de facto de materiales procedería depurar las posibles responsabilidades en que se haya incurrido", destaca. El informe aconseja adoptar "las medidas oportunas en orden a controlar que toda actividad contractual de la sociedad sea formalizada por escrito excluyendo cualquier contratación verbal".