Zaragoza

La oposición fuerza una auditoría sobre la gestión de Rivarés en el Ayuntamiento

ZEC no aporta documentos que avalen el traslado del parque infantil del Pilar a Pamplona, que este fin de semana estará en Vitoria. Broto niega que haya delito y solo asume un posible "error administrativo".

La junta de portavoces se reunió ayer ante la polémica cesión del parque infantil del Pilar.
Guillermo Mestre

Tras la polémica cesión del parque infantil de las fiestas del Pilar a Pamplona sin que mediara un acuerdo de cesión, la oposición acordó ayer, en una junta de portavoces, poner en marcha una auditoría interna para determinar si hay irregularidades en la gestión del concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés. En concreto, la investigación, que dirigirá la oficina de fiscalización económica de la Intervención municipal, afectará a la sociedad Zaragoza Cultural y a los patronatos de Artes Escénicas y de la Imagen y de Turismo en los años 2016, 2017 y 2018.

La decisión se produce después del escándalo suscitado tras conocerse la cesión de parte de los materiales del parque infantil Río y Juego que se instala en la Expo durante las fiestas del Pilar, sin que mediara un contrato o acuerdo. Un correo de Fernando Rivarés enviado en 2017, que aludía a que se trataba de un delito y en el que pedía a la sociedad Zaragoza Cultural que lo arreglara "con fecha acorde", agravó las críticas de la oposición.

ZEC no facilitó en la junta de portavoces, que se convocó a petición del PP, ningún documento que avalase la legalidad de la cesión.Esta actitud, sumada a la negativa de Rivarés a dar explicaciones, han abocado a la oposición a solicitar la auditoría, que se centrará en todo lo referido al personal, a la gestión de los ingresos y a los contratos de estos entes públicos. Por otro lado, se ha encargado un informe para despejar las dudas jurídicas de la cesión del parque infantil.

La vicealcaldesa, Luisa Broto, y la portavoz adjunta de ZEC, Arantza Gracia, informaron a los grupos de la oposición que en 2017 había existido un acuerdo "verbal" para que la PAI, responsable del montaje, se llevara materiales propiedad del Ayuntamiento a las fiestas de San Fermín de Pamplona. De este modo, la compañía logró un contrato de 90.000 euros, que se repitió por la misma cantidad en 2018, por el que Zaragoza no obtuvo ninguna contraprestación económica. En la junta de portavoces se informó de que este fin de semana el parque Río y Juego estará en las fiestas de Vitoria, aunque se está preparando un documento de cesión a la vista del escándalo.

"Error administrativo"

Broto insistió en que no se había producido ningún delito en la cesión, como sostenía Rivarés en su controvertido correo. A lo sumo, consideró que se podría haber producido "un error administrativo" al no haber formulado un contrato de cesión, que se produce por la relación de "confianza" entre la PAI y el Ayuntamiento después de 30 años de trabajo conjunto. Afirmó que Rivarés "no es experto en Derecho" como para determinar que había un delito si la cesión se hacía sin un acuerdo previo. Destacó que el logo de Zaragoza estaba en el programa de Pamplona y que el parque infantil retornó a capital aragonesa "enriquecido" con nuevos elementos.

"Todos podemos tener una forma de expresarnos excesiva, desbordante y no fundamentada en el hecho en sí", afirmó respecto al correo de Rivarés. Sobre la petición de un arreglo "con fecha acorde", Broto dijo que su "lectura" es que la pretensión del concejal era que se cumpliera la tramitación, sin que eso significara tratar de tapar la comisión de un delito. Pero se limitó a decir que ya será Rivarés quien dé más información cuando vuelva de vacaciones.

La oposición lamentó la falta de explicaciones. "Salimos más preocupados de lo que hemos entrado", afirmó la edil del PP María Navarro, al no haberse facilitado documentación y no haber asistido Rivarés a dar la cara. Anunció que su grupo solicitará que el concejal de Cultura comparezca en comisión.

"Ha sido patético", lamentó la edil socialista Lola Ranera."No ha habido ningún documento y ha dicho que había un contrato verbal, que en una administración pública no es nada", añadió. A su juicio, ZEC gestiona el Consistorio como un"cortijo". Sara Fernández, de Ciudadanos, dijo que la junta de portavoces, que fue un "bluf", mientras que Carmelo Asensio, de CHA, consideró que se deberían haber respetado los procedimientos.

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