Una pareja de Zaragoza denuncia a la DGA por quitarle seis meses a su hijo por falsos abusos

Nada podrá hacer olvidar la "pesadilla" que aseguran sufrieron, pero el matrimonio al que retiraron la custodia de su hijo de cuatro años al sospechar que el padre podría estar abusando sexualmente de él acaba de reclamar 250.000 euros por la vía judicial al Gobierno aragonés. Cuando los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) desmontaron los argumentos del Servicio de Protección de Menores y el juez archivo la causa, la familia dijo estar dispuesta a llegar hasta el final para que los responsables de este "atropello" (que así lo llama ella) quedaran retratados. Por ello, y después de que la administración se negara a indemnizarles, los padres del chaval han decidido presentar un recurso contencioso administrativo para que sea un juez quien se pronuncie.

Los hechos que han dado lugar a esta reclamación se remontan al 23 de noviembre de 2016, fecha en la que la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela abrió un expediente de desamparo para retirar a la pareja la custodia del pequeño. Solo dos días después, la Policía Nacional acudió al colegio del pueblo donde residen, se llevó al chico y lo entregó a una familia de acogida. Según los padres, aquí comenzó un calvario que duró casi seis meses, tiempo que el niño permaneció alejado de sus progenitores y su único hermano.

El abogado de la familia, Alfonso Bayo, recuerda en su recurso que durante todo este tiempo, "tan solo se estableció una visita semanal, los jueves, de dos horas y con intervención visual y presencial constante de personal de Menores". Para este, no hay duda de que todo esto supuso un "enorme trastorno" no solo para el chico sino para sus allegados. Es más, recuerda que, como consecuencia de estos hechos, la madre sufre trastornos depresivos de los que está siendo tratada.

Una decisión drástica

Pero, ¿por qué la DGA adoptó una decisión tan drástica? Cuando denegó a los padres la indemnización, tanto el IASS como el Consejo Consultivo de Aragón dieron una serie de razones. La primera, que en este tipo de casos prima siempre el "interés superior del menor". "No se hizo nada a la ligera", insistieron. Pero no opina igual la familia, que entiende que sobre la base de unos "supuestos rumores" se montó una acusación de "terribles consecuencias".

El abogado del matrimonio está de acuerdo conque se anteponga ante todo el interés del menor. "Pero no es menos cierto que los profesionales deben actuar con profesionalidad, máximo en casos tan delicados como estos. Y, a tenor del contundente informe del IMLA, queda claro que alguien no hizo bien su trabajo", asegura Bayo.

"Se considera que el menor ha sido víctima de abusos sexuales por parte de la figura paterna, existiendo negación de los hechos por parte de ambos progenitores, por lo que no se asegura la protección íntegra de menor dentro de la unidad familiar de origen", concluyó en su día la DGA para retirar la custodia a la pareja. "La información obtenida –añadía el informe–, se ha cotejado con criterios de CBCA (Evaluación de la Validez de la Declaración, en su acrónimo en inglés) a fin de dar mayor consistencia a la exploración desde este Servicio de Protección".

Ante lo que consideraba una evidencia, Protección de Menores remitió el caso a la Fiscalía, que lo envió a su vez a los juzgados. El juez que se hizo cargo de las pesquisas por presuntos abusos sexuales solicitó la intervención de los psicólogos del IMLA. Y fue entonces cuando se produjo la sorpresa, ya que estos dijeron no compartir la opinión de sus colegas de la DGA. "No se confirma la credibilidad del testimonio sobre presunto abuso sexual al menor. El relato no cumple criterios de CBCA y el análisis SVA introduce muchas dudas sobre sesgos en el modo de revelación de los presuntos abusos", decían.