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El IASS se niega a indemnizar al padre que fue apartado seis meses de su hijo por sospechas de abusos sexuales

El juez archivó la causa penal al concluir los forenses que los indicios de los servicios sociales eran infundados. La familia exige 250.000 euros

Imagen exterior de la sede del Instituto Aragonés del Servicios Sociales, en el paseo de María Agustín de Zaragoza.
Imagen exterior de la sede del Instituto Aragonés del Servicios Sociales, en el paseo de María Agustín de Zaragoza.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) rechaza su responsabilidad patrimonial en el caso del niño de 4 años que en noviembre de 2016 fue separado de su familia por unas sospechas de abusos sexuales del Servicio de Protección de Menores, según las cuales el autor era el propio padre. En mayo de 2017, el juez que instruía la causa penal abierta contra el hombre archivó las diligencias tras considerar los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que esos indicios eran infundados, y el pequeño regresó a su casa.

Los padres reclaman una indemnización de 250.000 euros por el "daño moral, social, familiar y económico", pero la DGA ha desatendido su solicitud y el Consejo Consultivo, en un reciente informe, ha avalado la postura de la Administración, por lo que los progenitores, que aseguran haber sufrido "un calvario", podrían llevar a los tribunales lo que consideran "una gran negligencia".

El origen de esta situación está en el colegio al que acudía el menor, ya que, según consta en el expediente, el centro contactó en octubre de 2016 con los servicios sociales de la comarca porque el niño "había revelado a su tutora una situación compatible con un abuso sexual intrafamiliar", y apuntaban directamente al padre.

En la notificación que remitieron a la Subdirección de Protección a la Infancia en noviembre, el equipo de la comarca alertaba de "una situación de riesgo grave" para el niño, que, según apreciaban, "podría estar siendo sometido a manipulaciones por parte de ambos progenitores", puesto que la madre "no da credibilidad al testimonio de su propio hijo y parece mostrar alianza con el padre, desprotegiendo al menor".

Versiones contrapuestas

El 23 de noviembre, Menores abrió expediente de desamparo cautelar y asumió su tutela antes de enviar el caso a la Fiscalía. En abril, los forenses del IMLA concluyeron que el relato del niño no era creíble e hicieron constar que el equipo de Menores atribuyó a las profesoras afirmaciones que estas negaron después. El juez ordenó entonces el sobreseimiento provisional del caso.

Según sostiene el IASS ante el Consejo Consultivo, todas las actuaciones "cumplieron las garantías establecidas". Aseguran que, de no haber procedido así, habrían incurrido no solo en una dejación de sus funciones, sino que habría cometido "una infracción muy grave de la ley", puesto que de la inacción podrían haberse derivado "daños de imposible o difícil reparación" para el menor.

El órgano consultivo considera que la valoración de la situación "no se hizo a la ligera" y se cumplió la normativa. "Se hizo primar en todo momento el interés superior del menor", defiende, además de destacar que los padres no han aportado ningún documento que justifique su reclamación ante lo que su letrado, Alfonso Bayo, califica de "barbaridad". Y matiza que el sobreseimiento de la causa penal "no implica de manera automática" la responsabilidad patrimonial de la Administración.

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