Los aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que se querellaron contra el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, y otras siete personas por la presunta filtración de preguntas en las últimas oposiciones han pedido al juez del caso que lo reabra y siente en el banquillo a los investigados por presunto tráfico de influencias.

Los querellantes han recurrido el archivo provisional de la causa argumentando que el propio instructor recogió en su auto que: "Existió un conjunto de exámenes con resultados anómalos, siendo la causa más probable de tales anomalías el conocimiento previo por parte de los opositores que los realizaron del contenido de preguntas del mencionado examen". 

El juez llegó a esta conclusión a raíz del informe pericial emitido por un licenciado en Ciencias Físicas quien, tras analizar los datos, identificó a un grupo de 14 aspirantes que tenían una "ventaja considerable" respecto al resto y que "con un 95% de confianza" podía señalar que este resultado "no era debido al azar sino a algún tipo de anomalía en la administración o ejecución de la prueba".

El perito aseguraba además que el patrón de respuesta del grupo de sospechosos era compatible con el conocimiento previo de un conjunto de ítems; que se respondían correctamente preguntas con dificultad alta y se dejaban sin responder preguntas con dificultad baja.  

La causa más probable de tales resultados anómalos era el "posible conocimiento previo" de un conjunto de preguntas por parte de esas personas. Por lo tanto, los querellantes, a través de su letrada, Carmen Sánchez, piden al juez que continúe adelante con la causa y que no la archive.

"Estamos ante unos hechos de una gravedad y trascendencia social y económica de una magnitud incalculable", indica la abogada. "Un grupo de opositores ha tenido conocimiento previo de una serie de preguntas, motivo que les ha hecho acceder a una plaza en concurso oposición, en al cual se valora el mérito y la capacidad de todos los que a ellas se presentan", subraya.

En su recurso, la letrada describe las relaciones personales, de amistad, políticas o sindicales que las personas que resultaron aprobadas tenían con todos o con algunos de los miembros del tribunal, o con el presidente de la DPZ.

No obstante, durante la instrucción el magistrado no ha hallado pruebas que demuestren que las mencionadas relaciones entre querellados y los opositores llevaran a los primeros a filtrar el contenido de las preguntas. Es más, recuerda que "el posible conocimiento previo de las preguntas pudo provenir de distintas fuentes".

En su auto de archivo, el instructor indicaba que "al margen de posibles defectos en los mecanismos de control de proceso de preparación o custodia del examen para preservar el respeto de las debidas garantías, y al margen de sospechas y conjeturas, no se han constatado motivos suficientes para acusar a determinadas personas", por lo que archiva provisionalmente el caso.

Es precisamente este argumento el que plantea en su impugnación del recurso el abogado de los investigados, Jesús García Huici. Expone que de la "pormenorizada" investigación de los posibles elementos incriminatorios se desprende que uno de ellos no llegó a desempeñar las funciones de miembro del Tribunal, otros no estaban presentes en la reunión en la que se determinaron las preguntas del examen y sobre el resto no existen indicios de criminalidad que pudieran justificar la prosecución de la causa contra ellos.

La defensa pide la condena en costas

Señala el abogado que, valorando las periciales practicadas, no puede sostenerse que los querellados pudieran ser autores de un delito. Para García Huici el hecho de que estadísticamente puedan aparecer resultados anómalos tras el análisis de los exámenes realizados, no es causa suficiente que justifique que el juez instructor no archive el caso, "ya que ninguna prueba se ha aportado".  Al contrario, subraya que un "análisis correcto" de las pruebas periciales practicadas demuestra que los informes periciales hacen referencia a "valoraciones basadas en métodos estadísticos".

Apunta que el perito designado "conocía previamente" cuáles eran las personas sospechosas en cuanto a los resultados de los exámenes, es decir, no hizo su prueba respecto de exámenes anónimos, sino perfectamente identificados. En opinión del letrado, esto "priva de eficacia probatoria al informe", puesto que al conocer la identidad de las personas “sospechosas” careció de objetividad. 

Por lo tanto, insiste en que no existen indicios o pruebas contra los querellados y que, sin estar ante lo que llama en términos de defensa un "Fuenteovejuna jurídico", "no cabe atribuir al tribunal en su conjunto y al presidente de la DPZ y a las personas administrativas que los auxiliaron una actuación irregular en bloque”. Cuestiona que la querellante no hay concretado indicio o hecho alguno imputable a una persona concreta.

Por todas estas razones, solicita al magistrado que desestime el recurso e imponga las costas a los recurrentes "dada la temeridad manifiesta en la interposición y mantenimiento del recurso, ante la claridad y rotundidad del auto de sobreseimiento y archivo".