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Ayuntamiento de Zaragoza

El alcalde y todos los ediles de ZEC, investigados por presunta prevaricación en el cese de Portero

Un juzgado indaga la destitución del exgerente de Ecociudad y el nombramiento de su sucesor. La instructora ha solicitado todos los expedientes y podría citar a los querellados después del verano.

Miguel Ángel Portero (segundo por la derecha) fue destituido como gerente de Ecociudad en el consejo de administración del 14 de febrero de este año. A la izquierda de la imagen, Pedro Santisteve, que preside la entidad.Oliver Duch

El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, dirigido por la magistrada Mercedes Terrer, acaba de abrir un procedimiento judicial que obligará a todos los miembros del gobierno de ZEC a comparecer en los tribunales en calidad de investigados. El motivo, según ha podido saber este diario, es un supuesto caso de prevaricación administrativa por dos motivos: el 'golpe' de ZEC en las empresas públicas, de las que expulsó a parte de los representantes de la oposición, y el cese de quien fuera gerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero. Se les reprocha también a los querellados que nombraran como sucesor a Joaquín García Lucea sin acatar las exigencias legales.

El gobierno municipal supo de la investigación judicial el pasado 20 de junio, un día después de que la instructora firmara un auto admitiendo a trámite la querella presentada por el propio Miguel Ángel Portero el 7 de junio. Al conocer la decisión de la magistrada, ese mismo día la Asesoría Jurídica municipal emitió un informe favorable para que los nueve miembros del gobierno, con el alcalde a la cabeza, recibieran asistencia letrada municipal.

Según el decreto de Santisteve, firmado el 25 de junio, se encargarán de su defensa Carlos Navarro del Cacho y Francisco Rivas. Además de Pedro Santisteve, tendrán que comparecer en calidad de investigados la vicealcaldesa, Luisa Broto, y el resto de ediles de ZEC: Pablo Muñoz, Alberto Cubero, Elena Giner, Fernando Rivarés, Teresa Artigas, Pablo Híjar y Arantza Gracia.

La jueza todavía no ha puesto fecha a la declaración en calidad de investigados de los concejales, pero todo apunta a que su comparecencia podría producirse después del verano. Sobre todo, porque la instructora acaba de solicitar todos los expedientes relativos al caso, tanto a la sociedad Ecociudad como al propio Ayuntamiento de Zaragoza. Y tendrá que estudiárselos antes de señalar los interrogatorios.

El cese de Miguel Ángel Portero se produjo el pasado 14 de febrero después de una larga controversia. Todo arrancó en 2016 con un proceso judicial impulsado por el propio alcalde por supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad y en la que el exgerente de Ecociudad, así como otros cinco trabajadores, acabó imputado. Portero, junto al resto de los investigados, fue exonerado al no encontrar ningún indicio delictivo y el caso terminó archivado. El gobierno trató de destituir a Portero en varias ocasiones, pero la oposición, que tenía mayoría en los consejos de administración de las sociedades municipales, lo impidió.

Por otro lado, la oposición constituyó una comisión de investigación, que concluyó en un informe del letrado de la sociedad que fue enviado a la Fiscalía y que advirtió de la comisión de hasta cinco delitos por parte de Santisteve, Alberto Cubero y Teresa Artigas: prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, acoso laboral y falsedad. A finales de diciembre del año pasado, la Fiscalía no vio indicios de delito y archivó el caso.

Trascendencia penal

Poco más de un mes después, el 9 de febrero, el alcalde y su gobierno acordaron destituir a parte de los representantes de la oposición en las sociedades, con el objetivo de hacerse con su control. Se ampararon en la recién aprobada ley de capitalidad, que daba al gobierno la competencia de constituirse en junta general de las sociedades y por tanto decidir quiénes debían formar parte de los consejos de administración. Tras hacerse con la mayoría y sin la presencia de ningún representante de la oposición, la primera decisión de ZEC fue convocar un consejo de Ecociudad para destituir a Portero y nombrar a García Lucea.

Para el querellante, todas estas decisiones tuvieron una trascendencia penal, puesto que se hicieron sin modificar los estatutos de la sociedad con carácter previo, como exigían dos informes jurídicos del propio Ayuntamiento. Considera Portero que el fin último de los querellados era llevar a cabo sus planes sin ningún tipo de resistencia por parte del pleno. Para el exgerente de Ecociudad, los ediles de ZEC estaban incumpliendo además de forma manifiesta la advertencia del secretario general del pleno, recogida en un informe de diciembre de 2017.

En el caso de que prosperara la querella, los concejales de ZEC podrían ser castigados con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años.





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