El Gobierno central ya ha puesto en marcha la maquinaria para tumbar varios artículos de la ley de capitalidad, entre los que está el que esgrimió ZEC para dar su golpe en las sociedades del Ayuntamiento de Zaragoza y arrebatar la mayoría que tenía la oposición en los consejos de administración. El 7 de febrero se firmó el acuerdo con la DGA por el que se formaliza el grupo de trabajo que, en el marco de la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado, tratará de resolver este conflicto. Si no hay pacto entre las dos administraciones, el Estado presentará un recurso de inconstitucionalidad que suspendería de inmediato la aplicación de los artículos sobre los que discrepa.

El Estado cuestiona la constitucionalidad, por invasión competencial, de ocho aspectos de la ley de capitalidad, de los que cuatro están referidos al artículo 14, al que ZEC se aferró para expulsar a parte de los concejales de la oposición, tomar el control de los consejos de administración y abrir la mayor crisis política desde que Pedro Santisteve llegó a la alcaldía. Entre ellos está el que atribuye al gobierno local las competencias de la junta general de una sociedad (hasta ahora esa responsabilidad era del pleno) y por tanto el poder de designar o destituir a los miembros de un consejo de administración.

El Gobierno central, que informó de la situación a la DGA el 19 de enero, cuestiona la regulación de los órganos directivos del gobierno local, las atribuciones del pleno en materia de delimitación del término municipal o la capacidad del alcalde a la hora de delegar competencias, así como de traspasar responsabilidades entre administraciones. Pero el aspecto sustancial es el referido a las sociedades.

De hecho, el informe jurídico encargado por la oposición municipal expresa sus dudas sobre la constitucionalidad de la interpretación que hace ZEC del artículo 14. Sostienen los expertos que esa previsión de la ley de capitalidad "resulta constitucionalmente discutible", dado que no está contemplada en la legislación estatal. Por eso, afirman que puede haber "un exceso competencial".

Según el informe, las competencias del gobierno como junta general de las sociedades están referidas "a la materialización y ejecución" de las decisiones del pleno. "Interpretar en otro sentido las previsiones de la ley de capitalidad de Zaragoza llevaría irremisiblemente a la inconstitucionalidad", indica.

La DGA ve posible el recurso

El acuerdo que firmaron el día 7 las dos administraciones (la DGA podría haber rechazado la vía de la negociación y haber dejado el recurso de inconstitucionalidad como única solución) permitirá designar un grupo de trabajo que plantee una solución a la comisión bilateral de cooperación. Se podría fijar un criterio de interpretación de la ley, que no obligara a modificarla, pero que despejaría el conflicto competencial.

Según la DGA, hay tres meses para presentar el recurso de inconstitucionalidad, que se puede ampliar hasta nueve. Desde el Ejecutivo aragonés no se descartó la impugnación por parte del Estado, dado que vieron difícilmente aceptable la modificación del artículo 14. En caso de acuerdo, se publica en el BOE y es de obligado cumplimiento.

Sin embargo, no es necesario agotar los plazos y el Estado podría recurrir al Constitucional en poco tiempo y bloquear el artículo con el que ZEC ha dado su golpe de mano. Fuentes de la administración central y autonómica avanzaron que su objetivo es zanjar de forma rápida esta cuestión. En marzo podría estar resuelta la negociación para bien o para mal.