Vecinos desalojados por el derrumbe de un edificio en Teruel podrán visitar sus pisos si les acompaña un arquitecto

Los propietarios del número 23 de la calle de San Francisco urgen el desescombro de la finca que se hundió en junio.

La montaña de escombros del número 21 y, al fondo, el número 23, que sigue desalojado parcialmente.
La montaña de escombros del número 21 y, al fondo, el número 23, que sigue desalojado parcialmente.
H. A.

Los vecinos desalojados de once pisos del bloque de viviendas de los números 23 y 25 de la calle de San Francisco de Teruel, contiguo al que se derrumbó el pasado 13 de junio dejando a 21 familias sin casa, mostraron ayer su malestar por las exigencias del Ayuntamiento para poder acceder a sus hogares en busca de pertenencias.

Los afectados por el desalojo deberán entrar en sus pisos acompañados de un arquitecto o arquitecto técnico contratado por ellos que garantice la seguridad de la operación. Previamente, deberán comunicar a la Policía Local los pormenores de la visita, que solo podrá ser "puntual" ya que la prohibición de vivir en las viviendas sigue vigente. Hasta ahora, podían acceder a los pisos de forma gratuita acompañados de técnicos municipales.

Según la resolución municipal, para entrar en las casas desalojadas junto al número 21, los vecinos deberán contar con arquitectos o arquitectos técnicos que evalúen el riesgo de cada vivienda y garanticen "la seguridad" de los visitantes. La Policía Local desprecintará los 11 pisos cerrados –las restantes 17 viviendas de la finca, más alejadas del número 21, están disponibles– y colocará carteles en los que informará de la prohibición del paso, salvo que se cumplan las condiciones fijadas.

Vecinos de los números 23 y 25 criticaron la obligación de contar con el asesoramiento de un arquitecto o arquitecto técnico, lo que conllevará un coste económico y obliga a contar con estos profesionales en un mes en que muchos no estarán disponibles por vacaciones. Una vecina criticó, indignada, que para entrar en su casa a recoger "los trajes de baño" tendrá que rascarse el bolsillo. Otra propietaria cuestionó que "cada vez" que necesite entrar en su vivienda tenga que contactar con un arquitecto.

El administrador de los números 23 y 25, Álvaro Fraj, explicó que el Ayuntamiento justifica las nuevas condiciones de acceso por la falta de personal municipal en verano, lo que impide disponer de técnicos para acompañar a los vecinos, como se hacía hasta ahora. Fraj reconoció que la nueva reglamentación "ha sentado mal" a los comuneros por las molestias y costes que comporta. "A la gente le chirría tener que pagar por entrar en su casa", dijo.

Por otro lado, la comunidad de propietarios se reunió con responsables municipales el pasado día 27 y les trasladó conveniencia de proceder al desescombro del número 21 "cuanto antes" para aliviar la presión que la montaña de cascotes ejerce sobre la medianera y sobre el muro que delimita su patio interior. Un informe técnico encargado por los vecinos de la finca 23-25 indica que el edificio está bien estructuralmente, pero no está diseñado para soportar un empuje lateral como el que ejerce el montón de escombros, con un grosor de unos 10 metros. Los propietarios temen que la inestable lengua de ruinas invada el patio causando daños en el inmueble.

Los responsables municipales trasladaron su previsión de iniciar el desescombro el próximo septiembre. Según Fraj, el anuncio dejó "más tranquilos" a los vecinos, inquietos ante la falta de noticias sobre la retirada de los escombros.

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