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Proyectan un muro que sujete la calle San Francisco de Teruel tras el desescombro del edificio derrumbado

La obra será costeada por el Ayuntamiento, que prevé iniciar la retirada de los cascotes la segunda quincena de agosto

El edificio número 21 de la calle San Francisco de Teruel, de cinco plantas, quedó reducido a escombros el pasado 13 de junio.
El edificio número 21 de la calle San Francisco de Teruel, de cinco plantas, quedó reducido a escombros el pasado 13 de junio.
Antonio García/Bykofoto

La empresa Intemac, contratada por el consorcio de seguros con el visto bueno del Ayuntamiento de Teruel para que redacte el plan de desescombro del edificio de cinco plantas que se derrumbó el pasado 13 de junio en la calle San Francisco, plantea la posibilidad de construir un muro para evitar que la vía pública se hunda cuando sea retirada la montaña de cascotes a la que quedó reducida la finca.

Intemac propone que el muro sea de micropilotes o tubos de hormigón unidos entre sí y condiciona su construcción a que la pared original que sujetaba la vía pública cuando se construyó el edificio siniestrado presente ahora defectos estructurales, algo que se verá a medida que avance el desescombro.

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento turolense, Juan Carlos Cruzado, quien ha afirmado que será el Consistorio quien financie la construcción del nuevo muro hasta que se determine a quién corresponde hacerse cargo de la misma.

En los próximos días, Intemac redactará el proyecto de desescombro y lo entregará al Ayuntamiento, que confía en empezar a ejecutarlo en la segunda mitad de agosto. La fecha podría adelantarse si el plan estuviese finalizado con antelación, ha destacado Cruzado. El Consistorio ha contactado ya con algunas empresas de construcción que podrían llevar a cabo la retirada de los cascotes, que se hará "por capas y con sumo cuidado" para permitir la recuperación de la mayor cantidad de enseres.

El desescombro permitirá también obtener materiales que arrojen luz sobre las causas del hundimiento, que destruyó los pisos de 21 familias, si bien no hubo daños personales.

El portavoz de los afectados, Javier Carbó, ha considerado que el documento de Intemac "se queda corto" y ha afirmado que un informe de la empresa pública de aguas Sastesa sostiene que los pilares del edificio estaban bien antes del derrumbe y que en el garaje olía a aguas fecales, "lo que apuntaría a que hubo filtraciones del sistema de alcantarillado".

Por su parte, la alcaldesa, Emma Buj, ha querido tranquilizar a los afectados, que han sido realojados en pisos de alquiler a cargo del Ayuntamiento por un periodo de 6 meses. Buj ha reiterado que el convenio será revisado a partir de enero de 2024 y que se fijó un plazo porque la Administración "no puede firmar nada con carácter indefinido". "El consistorio acompañará en todo momento a los vecinos", ha dicho la regidora.

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