El PSOE de Teruel respalda a Lambán en sus críticas a la revisión de la malversación
La secretaria general, Mayte Pérez, considera la medida una cesión inútil ante el independentismo.
La secretaria general del PSOE de la provincia de Teruel y consejera de Presidencia, Mayte Pérez, cerró filas con el presidente de la DGA y secretario general de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, al afirmar, durante una visita a Villarquemado, que la rebaja del delito de malversación en algunos supuestos que impulsa el Gobierno central no tendrá ninguna utilidad para contener al independentismo. En referencia a los separatista catalanes, afirmó que "no se debe intentar contentar a los que nunca se van a contentar".
Al encontrarse participando en un acto institucional como consejera de Presidencia, la dirigente socialista turolense se mostró reticente a pronunciarse respecto al comunicado emitido por el PSOE de Huesca en el que manifiesta su apoyo a la modificación del delito de malversación. Pérez recalcó su voluntad de desvincular su función institucional de su papel como dirigente socialista, pero, momentos antes de participar en el evento en respuesta a preguntas de los medios de comunicación y citando al filósofo Julián Marías con motivo del 17 aniversario de su fallecimiento, señaló que la opción de intentar satisfacer con ajustes legales las demandas de los independentistas no conduce a nada positivo porque los consideró insaciables.
El pronunciamiento de Mayte Pérez se produce un día después de que el presidente aragonés manifestara en Alcañiz, coincidiendo con la visita del rey Felipe VI a la ciudad, su oposición frontal a una rebaja del castigo penal para el delito de malversación. Al mismo tiempo, reivindicó su agravamiento. "Malversar para financiar esos gravísimos hechos contra la Constitución –el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña– debería tener una tratamiento penal incluso agravado respeto al que existía", afirmó.
La postura de Lambán chocó con la de los socialistas oscenses, que a través de su secretario general, Fernando Sabés, y su secretaria de Organización, Elisa Sancho, avalaron los planes del Gobierno respecto a la modificación de la malversación. Aclararon que los cambios legales, aprobados este miércoles por el Congreso, "no dejarán impunes a ninguno de los enjuiciados por el 1-O y la desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal será castigada".
Mayte Pérez se desmarcó de sus correligionarios oscenses por considerar que la cesión ante los independentistas en un asunto clave, como el delito de malversación, puede poner en peligro la convivencia pero, teniendo en cuenta los antecedentes del independentismo, no servirá de nada porque mantendrán inalterable su hoja de ruta con la independencia como única meta aceptable.
Fernando Sabés y Elisa Sancho defendieron la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno, recalcando que a diferencia de la enmienda original presentada por ERC, castiga el desvío presupuestario irregular, creando una figura que impone hasta 4 años de cárcel. "Desde esta federación siempre hemos defendido que esta reforma no podría implicar ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política, y que el Código Penal debía recoger y sancionar todo uso irregular y arbitrario de fondos públicos", dijo Sabés. Recordó que la actual regulación del Código Penal nació en 2015 sin consenso.
