Horas después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, se mostrara en contra de la "rebaja" del delito de malversación promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y apostara por agravar más las penas, el PSOE de Huesca ha vuelto a definir su propia posición, aún discrepando de su secretario general autonómico.

La Federación Altoaragonesa no ha querido que las declaraciones de Lambán se interpretaran como una postura única en el partido, como ya hicieron cuando se debatieron los indultos a los líderes independentistas. Por eso, ha hecho público un comunicado a primera hora de la tarde para defender al Gobierno de Sánchez frente a la opinión del presidente de Aragón, para quien "malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre de 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración atenuante, debería tener una consideración agravada". 

Los números uno y dos del PSOE de Huesca, Fernando Sabes y Elisa Sancho, han puesto voz a la defensa de la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno, recalcando que a diferencia de la enmienda original presentada por ERC, castiga el desvío presupuestario irregular, creando una figura que impone hasta 4 años de cárcel. “Desde esta federación siempre hemos defendido que esta reforma no podría implicar ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política, y que el Código Penal debía recoger y sancionar todo uso irregular y arbitrario de fondos públicos”, ha dicho Sabés, secretario general de la Federación Altoaragonesa del PSOE, que recuerda que la actual regulación del Código Penal nació en 2015 sin consenso. “Pese a la oposición mayoritaria de todos los grupos políticos, incluso del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular siguió adelante con ella, utilizando, como siempre hacen, los tribunales para resolver un problema político”.

Sabés considera lógico que “aún siendo en ambos caso delito, quienes se han apropiado de manera irregular de dinero público, ya sea para beneficio propio o del partido político del que forma parte, tengan condenas más duras que aquellos que deciden utilizarlo para partidas presupuestarias diferentes a las que se destinó inicialmente ese dinero. Y es algo que recoge la reforma impulsada por el PSOE, que no se hace para beneficiar a una persona, o para reducir condenas a corruptos”. Y aclara que Francia, Italia y Portugal cuentan con un modelo similar al que impulsa Pedro Sánchez, distinguiendo entre la apropiación de fondos públicos y la desviación irregular de estos.

Las discrepancias entre el secretario regional y los socialistas oscenses se han evidenciado en diversas ocasiones y aunque se intenta mantener una 'entente cordiale', tampoco se ocultan, como en este caso o cuando Aragón optaba a unas Olimpiadas de Invierno compartidas con Cataluña. 

También ha hablado la secretaria de Organización de la Federación Altoaragonesa del PSOE, Elisa Sancho. "La reforma no deja impunes a ninguno de los enjuiciados por el 1-O y la desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal será castigada", señala, aclarando que no hay ninguna duda de que la relación entre Cataluña y el Estado está "a años luz de 2017, cuando con el PP en el gobierno se llevó a cabo un referéndum ilegal, y de 2014, cuando también con Rajoy al frente del ejecutivo central se realizó una consulta popular sobre la independencia”.

Ambos aseguran que también se endurece el tratamiento y la persecución a los corruptos y se crea el enriquecimiento ilícito, para quienes no puedan explicar un incremento patrimonial o una cancelación de deudas por valor igual o superior a 250.000 euros. “Frente a quienes dificultan investigaciones y utilizan la justicia para solucionar situaciones que podrían solventarse por la vía del diálogo y la negociación, esta reforma coloca a España a la vanguardia en la lucha contra la corrupción”, concluye Sancho.