La ruina avanza en el Seminario de Huesca mientras sigue abierto el conflicto judicial
La alcaldesa, Lorena Orduna, ha visitado el interior del recinto y ha señalado que el escenario es muy diferente al de hace dos años y que el edificio corre el peligro de colapsar por su estado.
Techumbres en el suelo, vigas al aire y con la madera dañada, paredes desconchadas y patios llenos de maleza. El antiguo Seminario de Huesca, un conjunto de edificios cuyo origen es del siglo XVI, está abocado a la ruina si las instituciones propietarias, el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza, no lo remedian. Las autoridades locales y académicas así como una representación de la Plataforma en Defensa del Patrimonio han visitado este miércoles el recinto.
La alcaldesa, Lorena Orduna, ha manifestado que, como primera medida, con carácter inmediato, se va a elaborar un informe técnico sobre la situación del edificio con las medidas necesarias para consolidar las zonas más dañadas. Se trata de evitar mayores daños en un grupo de edificios de más de 10.000 metros cuadrados construidos y unos 3.000 metros cuadrados de cubiertas.
Los derrumbes registrados en algunas zonas de los tejados conllevan la entrada de agua durante las lluvias y el acceso de palomas al edificio. Por tanto, la actuación en las cubiertas es prioritaria. La alcaldesa ha subrayado que la situación del edificio en la que se planteó el antiguo Plan Especial y el discutido proyecto de puesta en uso del edificio, es muy diferente tras los cinco años transcurridos.
Debido a ello, Orduna ha advertido de que se hace necesario “repensar” el futuro del edificio a partir de la situación actual". La alcaldesa ha subrayado que este trabajo se llevará a cabo con la Plataforma y con la Universidad, copropietaria del Seminario y cuya vicerrectora del campus de Huesca, Marta Liesa, ha estado también presente en la visita.
La alcaldesa ha hecho también referencia al encarecimiento del proyecto de recuperación y puesta en uso del edificio, a la luz de la situación actual. "Hay que sentarse a hablar porque tenemos un escenario diferente", ha insistido.
Orduna, ha dejado claro que el Ayuntamiento "no tiene fondos suficientes para acometer la obra de consolidación, que es lo primero que hay que hacer en el edificio para que no se caiga y habilitarlo para futuros usos para la ciudad". Ha recordado que se trata de una actuación muy importante para la ciudad, tanto por el valor del monumento en sí como por la necesidad de ponerlo en uso como condición necesaria para preservarlo y que, "en esta situación, se hace necesaria la ayuda de otras administraciones para lograr la financiación".
"La preocupación es máxima", ha insistido la alcaldesa porque "está devastado". "El patio principal está bien, pero me preocupa bastante la parte de acceso y la iglesia", ha agregado, al recordar que se encuentra precisamente junto al portal principal. Oduna se ha mostrado partidaria de afrontar el ingente trabajo necesario por fases, contando con primeramente con un Plan Director. Además, ha apostillado que este "es un proyecto que no era el mío y un problema que me he encontrado y que, como en otros casos, estamos intentado solucionar".
El Seminario está en desuso hace 23 años, cuando la Diócesis lo vendió al Ayuntamiento por lo que hoy serían tres millones de euros. Los responsables municipales lo cedieron a la Universidad, que tenía grandes planes para el recinto: vicerrectorado, aula magna y residencia de estudiantes. Pero pasó el tiempo y no se hizo nada. Su rehabilitación se valoró en unos 14 millones. La institución académica lo revertió a la ciudad, salvo 1.500 metros cuadrados, que siguen siendo suyos.
El pasado octubre, la alcaldesa de Huesca se reunió con la Plataforma y se comprometió a no ejecutar derribos siempre que este colectivo retirase la demanda judicial que pesa sobre el recinto.
Pilar Villellas, abogada de la Plataforma y de la Asociación para la protección del patrimonio de Aragón Apudepa, ha explicado que se llegó a un acuerdo para firmar un documento por el cual el Ayuntamiento se comprometía a la conservación integral del edificio. "Ese documento todavía no se ha firmado", ha señalado. Antes de la visita, ha apuntado que, al parecer, "los dos patios sin catalogar están bien y entendemos que se deben mantener, como el resto del edificio y como dijimos hace cinco años".
Villellas ha insistido en "nunca ha habido ningún problema para entrar con el objetivo de consolidar los edificios, ya que lo que impide el juzgado son los derribos hasta que haya sentencia. "Por nuestra parte, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, a presentar en el juzgado un escrito diciendo que el Ayuntamiento se compromete al mantenimiento, consolidación y recuperación integral del conjunto y con eso se desjudicializa mañana mismo, no hay ningún problema".
Desde la Plataforma consideran que "Huesca no puede perder un edificio de estas características porque necesite más dinero y Lo que tiene que hacer es buscarlo y, a través de un plan director, ir trabajando poco a poco".
Hace cinco años, coincidiendo con la presentación de un plan especial que contemplaba incluso la construcción de viviendas y un parquin así como el derribo de casi todos los inmuebles, la plataforma en Defensa del Patrimonio de Huesca activó el proceso para declararlo BIC y protegerlo en su totalidad. Se catalogaron como tal lo que fue iglesia de la Santa Cruz (del S.XII y adherida al conjunto) y la zona de las fachadas que dan a la plaza Universidad y la calle General Alsina, así como el subsuelo por su interés arqueológico, ya que el Seminario está en la parte más elevada del casco antiguo, donde se ubicada la zuda árabe.
El colectivo ciudadano consiguió proteger, además, la base de un torreón medieval que está envuelto por uno de los edificios más modernos y acudió a los tribunales para que los dos patios interiores, de los siglos XVI y XIX, también cuenten con protección.
A principios de 2021, el Ayuntamiento, la Universidad y la Diputación de Huesca presentaron un proyecto distinto al del Plan Especial, que contemplaba el derribo de buena parte del Seminario y se presentaba a los fondos europeos Next Generation para conseguir una subvención de 14 millones de euros. Pero al estar la situación judicializada, la petición no salió adelante.
