Victorino Alonso se libró de la cárcel en Aragón pero no en León
El empresario minero consiguió la suspensión de la condena por arrasar el yacimiento de la cueva de Chaves en la provincia de Huesca pero ahora tiene 10 días para ingresar en prisión por la explotación ilegal de una mina leonesa.
El empresario minero Victorino Alonso, que se libró de ir a la cárcel en Huesca por arrasar el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, no ha conseguido eludir la prisión por otro delito, la explotación de una mina sin licencia en León. En unos días deberá ingresar en el centro penitenciario de su elección. Mientras, la deuda de 25 millones de euros contraída con el Gobierno de Aragón por los daños al patrimonio histórico sigue sin hacerse efectiva.
Alonso, de 72 años, recogió el jueves en los juzgados de León la notificación para su ingreso voluntario en la cárcel y partir de esta fecha dispone de un plazo de diez días para cumplir la pena de cuatro años por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a la que fue condenado por su actuación en la mina Nueva Julia, en Cabrillanes (León), según informó la agencia Efe.
La asociación Apudepa, que ejerció la acción popular en el proceso seguido en Aragón, ha "agradecido" a los tribunales leoneses que se "haga justicia". "Aquí solo se consiguió a medias porque el juez lo exoneró de entrar en la cárcel pero debe 25, 5 millones de euros", ha señalado el colectivo de defensa del patrimonio.
El empresario ha tratado de eludir de nuevo su ingreso en prisión, pero esta vez no ha tenido la misma suerte, sobre todo porque la pena impuesta es más elevada que los dos años a los que fue sentenciado en Huesca, un castigo que el juez aceptó suspender.
El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo rechazó su recurso confirmando la sentencia de la Audiencia de Léon. Como última baza, solicitó la suspensión de la pena. Alegó razones de salud, su edad y su situación familiar, ya que su mujer sufrió un accidente de tráfico en el año 2000 con graves secuelas, en el que falleció un hijo y resultó herida una hija.
Los magistrados tuvieron en cuenta para rechazar sus alegaciones la gravedad de la pena, los antecedentes penales del empresario, condenado en varias ocasiones, así como el hecho de que no haya abonado el importe de la responsabilidad civil, fijado en más de 24 millones de euros, cantidad similar a la indemnización por la cueva de Chaves. En esa misma situación, señaló el tribunal, "se encuentran otras muchas personas que están cumpliendo las consecuencias penales de sus conductas delictivas" y, de concederse la petición, supondría una arbitrariedad.
A su deuda con la justicia en Huesca le puso punto final la Audiencia Provincial cuando el pasado mes de marzo rechazó los recursos presentados por Apudepa y los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que hicieron un último intento para la destrucción del yacimiento no se quedara sin castigo. El empresario minero pudo respirar tranquilo entonces porque ni tenía que ingresar dos años en prisión ni afrontar la indemnización de 25 millones de euros a la que fue condenado en 2016 por arrasar en 2007 el yacimiento ubicado en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), de casi 2.000 hectáreas, donde ordenó meter una excavadora para hacer un abrevadero de cabras, llevándose por delante 1.017 metros cúbicos de sedimentos prehistóricos.
Para los jueces de la Audiencia de Huesca resultaba "irrelevante" si se había satisfecho o no la responsabilidad civil, y concluyó que la suspensión de la pena decretada por el Juzgado de lo Penal era "consecuencia de la estricta aplicación de la ley". Esta instancia se basó en que era insolvente para afrontar la indemnización y en la falta de antecedentes penales. La condición para no entrar a prisión era que durante tres años no delinquiera. Pasado este plazo, en septiembre de 2022, extinguió definitivamente la responsabilidad penal.
Alonso fue condenado a pagar 25 millones de euros por el delito contra el patrimonio histórico pero se declaró responsable civil subsidiario a la sociedad Fimbas, de la que era administrador único, titular de finca de caza de Bastarás, que fue entregada como dación en pago.
El Gobierno de Aragón basó su recurso ante la Audiencia de Huesca en que seis años después de la primera sentencia, esa entrega no se ha hecho efectiva, por lo que la remisión definitiva de la pena supondría "la impunidad total" del condenado.
