El empresario que destruyó la Cueva de Chaves se libra definitivamente de ir a la cárcel y de pagar 25 millones
Pasado el plazo de tres años sin delinquir, Victorino Alonso consigue la remisión de la condena por arrasar el yacimiento neolítico ubicado en su finca de caza de Casbas de Huesca.
El empresario minero leonés Victorino Alonso ha conseguido la extinción definitiva de su condena por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves para construir un abrevadero de cabras en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca). El conocido como Rey del Carbón se irá de 'rositas' en este proceso: ni cumplirá los dos años de prisión a los que fue condenado ni tendrá que pagar los 25.490.805 euros de indemnización al Gobierno aragonés. El delito contra el patrimonio histórico le saldrá gratis.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca lo condenó en 2016, pero en 2018 acordó suspender la ejecución de la pena durante tres años basándose en la declaración de insolvencia económica de Alonso para afrontar la indemnización y en la falta de antecedentes penales. La condición era que durante tres años no delinquiera. Ahora, transcurrido este plazo, el juzgado ha decretado la remisión definitiva de la pena, es decir, la extinción de la responsabilidad penal.
En un auto con fecha del 12 de septiembre, comunicado el miércoles a las partes, la titular del Juzgado tiene en cuenta la solicitud de remisión de la defensa de Alonso, a la que no se ha opuesto el Ministerio Fiscal. Recibió escritos de las otras acusaciones en contra de la medida, pero no fueron atendidos al presentarse fuera de plazo.
El historial penal de Victorino Alonso se revisó, a fecha del 24 de junio del 2022, sin que constara la comisión de ningún delito cometido durante esos tres años, por lo que la magistrada, basándose en el artículo 87 del Código Penal, acuerda la remisión definitiva de la pena.
Alonso ha sido condenado en varias ocasiones por irregularidades en sus negocios mineros en el norte de España. La última, en mayo de 2021. La Audiencia de León lo sentenció a cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente relacionado con las actividades de sus empresas mineras, pero el fallo está recurrido.
De esta forma, el empresario minero que figuraba como administrador único de la finca de caza de Bastarás, donde se encontraba el importante yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, ni pisará la cárcel ni pagará un euro por el delito contra el patrimonio histórico. Al ser declarado insolvente, la responsabilidad civil subsidiaria recayó en la sociedad titular del coto, Fimbas S. A., pero pasados seis años del juicio, el Gobierno de Aragón todavía no ha cobrado la indemnización.
La finca de caza de Bastarás, donde está la cueva, tiene 1.932 hectáreas, que debían pasar a manos de la Comunidad Autónoma. Primero se ofreció como dación en pago, pero tras una larga e infructuosa negociación entre Fimbas y la administración autonómica, esta instó el embargo. El juez lo decretó hace justo un año para afrontar la deuda de 25.445.381 euros de indemnización principal, más 7.633.614 euros en intereses y costas.
Posteriormente, la administración autonómica solicitó al juzgado la inscripción de los terrenos a su nombre, un trámite que aún está por formalizarse, según indicaron fuentes de la consejería de Hacienda y Administración Pública de la DGA.
"Destruyó un yacimiento y ni la condena se ha hecho efectiva ni la responsabilidad civil", lamenta Pilar Villellas, abogada de la acción popular, en nombre de la asociación Apudepa, quien ha anunciado un recurso contra el auto de remisión. Según la letrada, este deja todavía más en el aire la responsabilidad civil. "Va a ser complicada la ejecución de la sentencia, porque ya no hay riesgo de entrar en prisión", ha declarado.
A iniciativa de esa letrada, el juzgado encargado de ejecutar la sentencia ordenó en febrero pasado a la Agencia Tributaria comprobar la veracidad de las informaciones de los Papeles de Pandora que vinculaban a Alonso con sociedades opacas en paraísos fiscales. En la documentación se mencionaba el contrato de una cuenta bancaria, con disponibilidad de 25 a 30 millones de euros. Sin embargo, con esta investigación en marcha, ha llegado la extinción definitiva de la condena.
