Huesca
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PROCESO CONTRA VICTORINO ALONSO

La destrucción del mayor yacimiento neolítico de Aragón se quedará finalmente sin castigo

La Audiencia de Huesca desestima los últimos recursos de Apudepa y la DGA contra la suspensión de la pena a Victorino Alonso, cree "irrelevante" si el empresario ha pagado los 25 millones por arrasar la cueva de Chaves y dice que es "consecuencia de la estricta aplicación de la ley".

Cueva de Chaves
Alonso convirtió el interior de la cueva de Chaves en un abrevadero para cabras
Heraldo.es

Punto y final. El empresario minero Victorino Alonso puede respirar tranquilo porque ni tendrá que ingresar dos años en prisión ni afrontar la indemnización de 25 millones de euros a la que fue condenado en 2016. La destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, considerado el más importante de Aragón y uno de los mejores de España, le ha salido 'gratis'. Ubicado en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), de casi 2.000 hectáreas, lo arrasó en 2007 al ordenar meter una excavadora para hacer un abrevadero de cabras, llevándose por delante  1.017 metros cúbicos de sedimentos prehistóricos.

Ahora, los tribunales de justicia zanjan definitivamente el asunto. La Audiencia Provincial de Huesca, en un auto del 23 de marzo, rechaza los últimos recursos presentados por el Gobierno de Aragón y la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). Con la apelación, la acusación particular y la acción popular intentaban evitar que el delito quedara sin castigo.   

Pero para los jueces de la Audiencia resulta "irrelevante" si se ha satisfecho o no la responsabilidad civil, puesto que el pago de la indemnización no era condición para la suspensión de la pena. "Tampoco tienen relevancia las alegaciones acerca de la gravedad del delito cometido, sobre lo que los recurrentes se explayan", dice, pues la remisión de la pena "es consecuencia de la estricta aplicación de la ley"

Alonso fue condenado en 2016 como responsable de un delito contra el patrimonio. En 2018, llegado el momento de ejecutar la sentencia ya firme, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca decretó la suspensión de la pena de dos años de cárcel, basándose en que era insolvente para afrontar la indemnización y en la falta de antecedentes penales. La condición para no entrar a prisión era que durante tres años no delinquiera. Pasado este plazo, en septiembre de 2022, extinguió definitivamente la responsabilidad penal.

Victorino Alonso, entrando en el Palacio de Justicia de Huesca en 2017
Victorino Alonso, entrando en el Palacio de Justicia de Huesca durante el juicio
Rafael Gobantes

La acción popular, ejercida por la letrada Pilar Villellas en nombre de  Apudepa, y el Gobierno de Aragón, beneficiario de la indemnización por los daños a un bien público, recurrieron en apelación ante la Audiencia. La primera alegó que Alonso ha ocultado sus bienes y que en 2019 fue condenado por la Audiencia de León (por un delito cometido en 2017) a dos años y seis meses de prisión por arrasar un monte con una mina a cielo abierto. 

Pero según la Audiencia, esta condena "no se refiere a hechos comprendidos durante el periodo de suspensión". "Consultada la hoja histórica penal del condenado a fecha 24 de junio de 2022, no consta la comisión de ningún delito durante el plazo de suspensión", precisa el auto

Apudepa argumentó además que el empresario minero de León era propietario o socio mayoritario de una veintena de firmas y figuraba en los Papeles de Pandora sobre paraísos fiscales, y que además ejercía como administrador único de Fimbas, la sociedad titular de finca de caza de Bastarás, de 1.932 hectáreas, condenada como responsable civil subsidiaria por la destrucción de la cueva de Chaves.

Alonso no ha abonado los 25 millones de euros, pero Fimbas de momento tampoco ha entregado los terrenos, que debían pasar a manos de la Comunidad Autónoma a cambio de la deuda, y ello a pesar de que el juzgado decretó el embargo hace más de un año.

Por su parte, el Gobierno de Aragón basó su recurso en que seis años después de la primera sentencia, "siguen sin entregar la única finca que trajeron como garantía al juicio". Según la apelación de los servicios jurídicos de la DGA, la remisión definitiva de la pena supondría "la impunidad total" del condenado, cuando el delito causó "un daño irreparable a los intereses generales" y todavía no ha sido compensado. Era un asentamiento neolítico de referencia incluso en Europa y, como pusieron de relieve los expertos durante el juicio, el perjuicio es "irreversible e irreparable", al perderse una información histórica.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano", ha declarado la abogada Pilar Villellas, quien destaca que ya solo queda la vía de la responsabilidad civil para lograr la entrega de la finca. En este procedimiento únicamente puede intervenir la DGA, como acusación particular. "Insistiremos para que lo consiga porque no entendemos por qué la finca de Bastarás sigue en manos de Fimbas". concluye. 

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