La DGA pide al juez que no deje impune el expolio de la cueva de Chaves
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón se oponen a que Victorino Alonso, que causó un daño «irreparable» al patrimonio, se libre de la cárcel y de pagar 25 millones.
El Gobierno de Aragón, a través de sus servicios jurídicos, ha pedido al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que no deje impune el delito contra el patrimonio histórico cometido en la cueva de Chaves por el empresario minero leonés Victorino Alonso, condenado a dos años de prisión y al pago de 25 millones de euros. La letrada de la Comunidad Autónoma encargada del caso se opone a la remisión definitiva de la pena dictada por el juez, que lo libra así de entrar en prisión y de afrontar la indemnización. La DGA ejerció la acusación contra Alonso y es la beneficiaria del dinero por el daño a un bien público pero todavía no ha cobrado.
El yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, ubicado en la finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), fue destruido en 2007. Alonso ordenó meter una excavadora para hacer un abrevadero de cabras y se llevó por delante 1.017 metros cúbicos de sedimentos prehistóricos. El Juzgado de lo Penal lo condenó en 2016, pero en 2018 acordó suspender la ejecución de la pena (decisión confirmada por la Audiencia Provincial en 2019), basándose en la declaración de insolvencia económica de Alonso para afrontar la indemnización y en la falta de antecedentes penales. La condición era que durante tres años no delinquiera. Ahora, transcurrido este plazo, ha decretado la remisión definitiva, es decir, la extinción de la responsabilidad penal.
En el escrito de oposición firmado por los servicios jurídicos de la DGA, al que ha seguido un recurso de apelación ante la Audiencia, se pide al juez que tenga en cuenta "el enorme daño que en su día causó al patrimonio cultural de Aragón y la nula colaboración del condenado y de la mercantil que dirigía (Fimbas), responsable civil subsidiaria", ya que, seis años después de la primera sentencia, "siguen sin entregar la única finca que trajeron como garantía al juicio".
El coto de Bastarás, en la sierra de Guara, ocupa una superficie de 1.932 hectáreas y en principio iba a pasar a manos de la Comunidad Autónoma a cambio de la deuda de 25 millones. El juzgado decretó el embargo hace un año, pero aún no se ha formalizado el traspaso de la propiedad.
Los servicios jurídicos han manifestado su "absoluta oposición" a la remisión definitiva de la pena, justificada por el juez porque han pasado 3 años sin que Alonso haya vuelto a delinquir y es insolvente. Basan su rechazo en que supondría "la impunidad total" del condenado, cuando el delito causó "un daño irreparable a los intereses generales" y todavía no ha sido compensado, "siendo posible la entrega de la finca de Bastarás".
El escrito al juez se refiere además al poco respeto mostrado por Alonso "ante el fisco y los bienes públicos en general", dado su historial delictivo, con un "reiterado desprecio por la ley" e incumplimiento de las penas que afectan "en unos casos a la Hacienda Pública" y en otros, como este, "al Patrimonio Histórico y Cultural". Lo considera "especialmente grave" porque eran unos bienes protegidos, propiedad de todos los ciudadanos, que no se van a poder recuperar.
Por ello, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, principal perjudicado, solicitan que en tanto no se ejecute la responsabilidad civil y no se investigue el patrimonio de Alonso, no se le remita la pena, "en atención a la gravedad del delito, al perjuicio y alarma social causados y a la absoluta falta de interés y colaboración" para el pago de la indemnización.
