Los trabajadores del transporte sanitario reclaman en Huesca un convenio "digno"
Están en huelga desde el 16 de enero por un salario acorde con sus responsabilidades, una estabilidad laboral y sin contratos basura y la internalización del servicio por parte del Gobierno de Aragón.
Más de doscientas personas han acudido este sábado a la manifestación convocada en Huesca por el transporte sanitario, urgente y programado, de Aragón para reivindicar un convenio digno (bloqueado desde 2018) y el reconocimiento de la categoría de los profesionales en emergencias sanitarias (TES), entre otras demandas. Los alrededor de mil trabajadores del sector en la Comunidad Autónoma (unos 350 en la provincia altoaragonesa) están en huelga desde el 16.
Juan Antonio Busqueta, secretario sectorial de Transporte Sanitario de SCS (Cooperación Sindical), ha explicado que llevan cuatro años con un convenio colectivo caducado "que impide la actualización de las tablas salariales y mejoras sociales fundamentales a día de hoy". Ha destacado que "cobrar 900 euros en medio de una de las mayores crisis de la historia y después de haber dado lo mejor durante la covid-19, con plásticos como protección, es una injusticia".
Asimismo, el portavoz sindical ha recordado que "nos obligan a tener una titulación oficial que luego no se ve reconocida ni profesional ni económicamente". "Dependemos de empresas privadas que anteponen su beneficio económico, viendo tan solo clientes donde siempre hay pacientes", ha añadido Busqueta.
El miércoles, los sindicatos se reunieron con responsables de la consejería de Sanidad para plantearles los fundamentos de esta huelga y solicitar su mediación en el conflicto. Se trata de que la nueva adjudicataria del servicio asuma las mejoras acordadas entre los trabajadores del transporte urgente y la anterior empresa, que conllevaron incluso un aumento presupuestario. "Nos dijeron lo que siempre, que pueden presionar algo pero que no pueden intermediar en las funciones de las empresas", ha comentado el portavoz de CES.
"Pero lo que vemos es que, judicialmente la DGA tomó parte, contra de los trabajadores", ha manifestado Busqueta. Según ha dicho, la administración tiene las cláusulas del contrato del servicio urgente y del programado y puede activarlas para obligar a las empresas a que se atengan a ellas y apliquen las negociaciones colectivas.
Además de un salario acorde con sus responsabilidades, reclaman una estabilidad laboral y sin contratos basura y la internalización del servicio por parte del Gobierno de Aragón.
