Acusaciones y defensa mantienen sus peticiones por el crimen de Barbastro y llega la hora del jurado
La Fiscalía y las acusaciones piden la máxima pena por asesinato al considerar que fue consciente de sus actos. El abogado defensor rebaja el delito a homicidio e insiste en que un trastorno psicótico anuló su voluntad.
¿Fue un homicidio o un asesinato? ¿Tenía las facultades mermadas o era plenamente consciente de sus actos? Estas son las dos principales cuestiones sobre las que tendrá que empezar a deliberar este viernes el jurado popular después de que la Audiencia Provincial de Huesca haya finalizado hoy la práctica de todas las pruebas y la presentación de los informes finales de las partes en el caso del crimen de una mujer en Barbastro a manos de su exmarido, que la acuchilló 12 veces delante de sus tres hijos pequeños el 30 de junio de 2021.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular (Alejandro Soteras) y la popular (DGA) han mantenido sus peticiones iniciales de 27 años de prisión por un delito de asesinato y dos de maltrato psicológico hacia sus hijos por el trastorno de estrés postraumático que sufren a raíz de los hechos. Mientras, la defensa (Javier Vilarrubí) también ha vuelto a solicitar la eximente completa para su cliente por un trastorno psicótico grave y su internamiento en un centro psiquiátrico.
La fiscal del caso ha defendido la calificación de los hechos como un asesinato porque, a su juicio, concurren tanto la alevosía, "porque la víctima no se esperaba el ataque y no se puede defender"; como el ensañamiento, "porque ninguna de las 12 cuchilladas fue mortal sino que perdió la vida de forma lenta y sufrió porque en todo momento estaba consciente". También sostiene que concurren las agravantes de parentesco ya que habían estado casados y tenían tres hijos, y de género "porque fue un acto de dominación machista por las idea de superioridad que tenía debido a sus concepciones culturales". Y pide la pena máxima de 25 años "porque es un hecho especialmente gravoso que cometió en presencia de sus tres hijos, lo que aumenta aún más la crueldad", opina.
En cuanto la responsabilidad del acusado, considera que "fue consciente de lo que estaba haciendo" a tenor de los testimonios de la Guardia Civil y de varios psiquiatras que le examinaron. Y pese a tener diagnosticado un trastorno de ideas delirantes con celotipia, ha subrayado que hasta los peritos de la defensa reconocieron "que sabía que estaba mal lo que estaba haciendo aunque le falló el control del impulso de matar". Por ello, cree que la "merma leve" de facultades que apuntaron los psiquiatras del IMLA no supone una eximente sino que "el juez ya lo tendrá en cuenta para modular la pena". A su juicio, aunque le declaran inimputable en otra denuncia anterior de violencia de género contra su exmujer "no le da carta blanca para ser inimputable siempre".
Por su parte, el letrado de la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, ha pedido al jurado una condena del acusado por un delito que, según la propia Guardia Civil, es "un caso de libro" de violencia de género. Para él, ha quedado "sumamente acreditado" el asesinato provocado por el enfado que le generó la negativa de su exmujer a vender la vivienda; y también que en el momento de los hechos no sufrió ningún brote psicótico según los informes de los investigadores y de ocho psiquiatras imparciales "que no observaron ningún indicio ni síntoma de que sufriera algún tipo de afectación ni antes ni después sino que la mató porque era una mujer que había tomado una decisión valiente", ha manifestado. También ha restado valor a las declaraciones de los expertos en los que se apoya la defensa porque uno de ellos solo examinó al acusado 15 minutos y los otros dos "emitieron informes determinantes y hablan de él como una persona muy agresiva cuando no tuvo otros incidentes", ha subrayado. "No se puede eximir de responsabilidad a quien la tiene", ha concluido.
Mientras, el abogado del Gobierno de Aragón ha coincidido con las otras dos acusaciones en calificar los hechos como un asesinato y los ha comparado con el caso de Rokhaya Diop, una mujer vecina de Monzón de origen senegalés que murió a manos de su exmarido de más de 90 cuchilladas y también delante de sus dos hijos de 4 y 8 años. El acusado fue condenado a 24 años de prisión. "Son idénticos porque también era una mujer independiente que trató de rehacer su vida en un entorno cultural muy cerrado", ha recordado. También ha quitado importancia a la declaración del médico que declaró la inimputabilidad del acusado en 2019 "porque solo vio al acusado 15 minutos en los que no apreció ningún delirio y basó su conclusión en todos los informes anteriores cuyos autores han dicho en el juicio que comprendió la ilicitud de su actuación", ha remarcado. Además, ha insistido al jurado en que "en muchos delitos de violencia de género hay celos pero eso no es una eximente porque no significa que no sepas lo que haces". También ha alegado el mayor número de informes psiquiatras que apuestan por la imputabilidad.
"El trastorno le impidió dejar de matar porque anuló su voluntad"
Por último, el letrado de la defensa ha rechazado que se pueda calificar los hechos como un asesinato ya que, a su juicio, no existe alevosía "porque hubo una discusión previa además de amenazas anteriores con las que la víctima podía prever que la iba a atacar", ni ensañamiento "por la rapidez de las lesiones y porque no hubo ningún disfrute, como exige la jurisprudencia del Supremo". "No confundan brutalidad con ensañamiento", ha recalcado al jurado. No obstante, se ha centrado principalmente en defender que el trastorno psicótico que padece su cliente le convierte en inimputable, negando que la discusión sea si tuvo un brote o no "sino que estamos hablando de una enfermedad mental cronificada y aunque sabía lo que hacía y su gravedad, cuando externalizó su hiperagresividad, el delirio le impidió parar la acción de matar porque su voluntad se vio totalmente anulada", ha afirmado. En este sentido, también ha alegado la incapacidad laboral absoluta que le concedieron por su trastorno de ideas delirantes, el informe del médico que ya le declaró inimputable en 2019 "porque fue el único que acertó lo que iba a suceder", y los cinco ingresos y 21 informes psiquiátricos previos a los hechos. Por todo ello, ha pedido al jurado "no hacer 'vendettas' porque nos jugamos que el sistema judicial funcione y pueda ingresar en un centro psiquiátrico donde le traten".
