Se disparan en cuatro años las peticiones para instalar vallados y comprar mastines contra el oso y el lobo
El Gobierno de Aragón subvencionó en 2021 a 130 ganaderos para establecer medidas de protección, un 60% más que en la primera convocatoria de las ayudas.
Los ganaderos aragoneses que viven en zonas con presencia del oso y el lobo se protegen cada día más para prevenir posibles ataques, mientras aumenta la población de estos grandes carnívoros. El Gobierno de Aragón publicará este mes la quinta convocatoria de subvenciones para adquirir vallados y comprar perros mastines que eviten incidentes. Actualmente hay 33 municipios en la lista, una relación que cambia en función de la aparición de indicios como huellas, pelos, ataques, fotografías o testimonios.
El número de beneficiarios ha aumentado un 60% desde la primera convocatoria de ayudas (antes solo se pagaban indemnizaciones por los daños de los ataques del oso). En 2018 las subvenciones llegaron a 81 ganaderos y desde entonces se han ido incrementando a 126 (2019), 129 (2020) y 130 (2021). La media es de 4.100 euros, pero algunos han llegado a cobrar 14.211 euros, y los que menos, 233.
La administración subvenciona la adquisición de vallados fijos o portátiles (hasta 3.000 euros), pastores eléctricos (3.000) y perros de raza mastín (600 por animal si es un mastín del Pirineo y 300 para el resto de razas). También la suscripción de seguros de responsabilidad civil por la tenencia de los canes (200).
La mayor parte de solicitudes son para la compra de vallados y pastores eléctricos (el 98,4%), mientras que la compra de un perro de raza para proteger a ovejas y cabras solo representan el 1,6%.
Además, como incentivo, y siempre que se ejecute cualquiera de estas medidas, el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente concede una ayuda por explotación de hasta 6 euros por cabeza con un límite de 2.000 cabezas, que pueden solicitar personas o entidades titulares de explotaciones de ovino y caprino situadas en zonas de presencia de oso y lobo.
El año pasado se abonaron 536.508 euros, de los que 118.886, corresponden a inversiones en las medidas de protección y el resto a los incentivos por el lugar de ubicación de la explotación.
Las asociaciones ecologistas defienden que la administración indemnice adecuadamente los daños y subvencione las medidas de protección, convencidas de que esto evita muchos ataques. El año pasado pidieron a la DGA una nueva orden que permita pagar daños del lobo, ya que la actual normativa solo establece indemnizaciones en el caso de especies de fauna silvestre en peligro de extinción, y este es un animal protegido pero no con esa consideración.
Osos ocasionales o residentes
Las explotaciones deben estar ubicadas o utilizar pastos en los municipios donde se haya probado la presencia de grandes carnívoros. Se distingue entre dos zonas de gestión según la densidad de los osos. Las Zona 1 son aquellas donde hay osos "residentes", entendiendo como tales los lugares donde se ha detectado un mínimo de 10 indicios el año anterior o 25 en los tres ejercicios anteriores a la convocatoria. Incluyó en 2021, Ansó, Bisaurri, Borau, Campo, Laspaúles, Montanuy, Plan, Seira, Valle de Bardají y Valle de Hecho.
En la Zona 2, la presencia de osos es "ocasional o de baja intensidad", es decir, con menos indicios hallados o en áreas fronterizas a las de alta densidad. A ella corresponden Aísa-Candanchú, Aragüés del Puerto, Benasque, Beranuy, Bonansa, Castejón de Sos, Gistaín, Isábena, Monesma y Cajigar, Puente de Montañana, Sahún, San Juan de Plan, Torre la Ribera y Valle de Lierp.
La última lista se refiere al territorio con presencia detectada de lobos: Almudévar, Bisaurri, Laspaúles y Tardienta, en la provincia de Huesca; y Farlete, Leciñena, Monegrillo, Perdiguera, San Mateo de Gállego y Zuera, en la de Zaragoza. En la convocatoria de 2021 solo había municipios de la Ribagorza y Monegros, pero en verano se produjo un ataque en un municipio de la Jacetania, que se supone que se añadirá a la relación en este 2022.
A pesar de aumentar las solicitudes, las organizaciones agrarias cuestionan estas subvenciones y creen que los criterios deberían ajustarse más a la realidad. En su opinión, no sirven para paliar los daños reales. Tanto UAGA como Asaja coinciden en la incompatibilidad entre el lobo y el oso y la ganadería extensiva.
"No son la solución"
"Las ayudas no son la solución", dicen. "Los vallados nos han obligado a cambiar el sistema de manejo del ganado", afirma José María Alcubierre, secretario general de UAGA y víctima del último ataque del lobo, ocurrido en el mes de mayo en el municipio de Torralba de Aragón, cerca del pueblo y con un vallado fijo. Se saldó con cinco ovejas muertas y otras tres malheridas.
Sin embargo, él no cobrará la indemnización por daños, que excluye al lobo, ni tiene derecho a subvenciones para proteger al rebaño, "porque Torralba no está en la lista, ya que no había tenido ataques hasta ahora". Los ganados se bajaron precisamente desde la sierra de Alcubierre para evitar al cánido. Sin embargo, sí cobrarán ganaderos de otros municipios donde no ha habido incidentes desde hace tiempo, aclara. "Supuestamente incluirán a Torralba este año", señala Alcubierre, quien se pregunta: "¿Qué beneficios aporta a la biodiversidad la presencia de un solo lobo en los Monegros?".
