La DGA pide el embargo de la finca de Bastarás para acabar con la impunidad del Rey del Carbón
El Gobierno de Aragón reclama en el juzgado el cobro de la indemnización de 25 millones de euros, cinco años después de la condena al empresario minero leonés Victorino Alonso.
Cinco años después de la condena contra el empresario leonés Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón, por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, ubicada en su coto de caza de Bastarás, el Gobierno de Aragón sigue intentando cobrar la indemnización de 25 millones de euros a la que fue condenado por daños al patrimonio histórico. El letrado de la administración autonómica ha vuelto a solicitar al Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que ejecute el fallo y dicte el embargo de la finca de 2.000 hectáreas propiedad de la sociedad Fimbas, en la que Alonso ejercía de hecho como administrador único y que fue declarada responsable civil subsidiaria.
En un escrito dirigido al juez el pasado 5 de agosto, los servicios jurídicos de la DGA lamentan el tiempo transcurrido sin haber recibido ninguna notificación que deje constancia de la entrega de la finca como pago de la indemnización, para poder inscribirla a su nombre, ni tiene información "de embargo alguno".
Por ello reclama al juzgado que dicte una resolución que permita a la administración autonómica tomar posesión de la finca de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca), así como que embargue "cualesquiera bienes o derechos" de Victorino Alonso y de Fimbas, "acabando con una demora que perjudica al Gobierno de Aragón y deja impune al condenado y al responsable civil subsidiario".
El empresario minero fue sentenciado en 2016 a dos años y medio de prisión, pero la Audiencia rebajó la pena a dos años por dilaciones indebidas. Finalmente le fue suspendida y se libró de ir a la cárcel al no ser superior a 24 meses y no tener antecedentes cuando ocurrieron los hechos en 2007. La condición era no volver a delinquir en tres años. Se le declaró insolvente, por lo que el pago de la indemnización recayó en Fimbas.
Inicialmente esta sociedad ofreció como dación en pago la finca, que ella misma había valorado en 12 millones de euros. La DGA llegó a aceptar la propuesta como última opción, pese a diferir en la tasación (la estimó en dos millones). Sin embargo, la transmisión nunca se formalizó. En 2019, la negociación entre las dos partes dio un giro radical. Fimbas se echó atrás y, en lugar de ofrecer toda la finca para cancelar la deuda, propuso ceder solo la cueva con el argumento de que el valor "en su estado actual" es de 108 millones de euros, según una tasación que aportó. Esta cantidad es 8,5 veces superior a la que dio en su día para las 80 parcelas de toda la propiedad, que suma 1.932 hectáreas.
El abogado de la Comunidad Autónoma ha intentado en otras ocasiones la ejecución de la sentencia, lo mismo que la asociación Apudepa, que compareció como acción popular. Hace dos años ya se quejó de la dilación, instó el embargo y pidió la revisión de la declaración de insolvencia, con una nueva averiguación de los bienes del condenado, a través de la trama de sociedades interpuestas. La Audiencia de León lo acababa de sentenciar y en el fallo le atribuía la titularidad de dos minas de carbón. Por eso, "habiendo venido a mejor fortuna, debe hacerse cargo del pago de la responsabilidad civil directa en la cuantía no cubierta por la finca de Bastarás", dijo entonces el letrado de la DGA.
Sin embargo, el juzgado de Huesca desestimó todas sus peticiones dictaminando que había que atenerse a la declaración de insolvencia decretada en su día e instando a alcanzar un acuerdo entre las dos partes sin su intervención. Sobre la finca pesa además un contrato de alquiler hasta 2030 a favor de una empresa de la que Victorino Alonso fue administrador.
El empresario minero dio orden en 2007 de entrar con un excavadora en Chaves para hacer un abrevadero de cabras, pese a que sabía que era un yacimiento arqueológico. Estaba considerado el más espectacular de Aragón y un referente en España y Europa. Su interés fue documentado en 1975 y hasta 2007 hubo numerosas campañas de excavación. Solo se estudió una parte, extrayendo 110 m3 de depósitos arqueológicos, y se calcula que la maquinaria pesada destruyó 1.017 m3 de sedimentos neolíticos.
Otras condenas en León
Victorino Alonso ha sido condenado otras veces pero hasta ahora ha conseguido eludir la cárcel. Sobre el empresario, que se dio el capricho de tener un coto de caza en Huesca, pesan otras dos sentencias por sus actividades mineras. La Audiencia de León le impuso en 2019 una pena de dos años y medio por daños al medio ambiente en una explotación ilegal de carbón, y en mayo pasado lo sentenció a cuatro años por lo mismo, en otra mina entre 2007 y 2010, y al pago de una multa de 24 millones. En ambos casos le rebajó la pena por dilaciones indebidas, como ya hizo la Audiencia de Huesca.
En su fallo los magistrados decían que para él "todo valía" con tal de extraer el carbón y obtener beneficios, y concluían que no se podía reparar el daño, como tampoco se pudo recuperar el patrimonio de Chaves. Hoy sigue en libertad, con la sentencia recurrida.
