Los ayuntamientos recurrirán ante la justicia el mapa de la Red Natura 2000 de Aragón
Más de 30 municipios han iniciado acciones legales contra la declaración de 204 zonas de especial protección. Critican las limitaciones impuestas a su desarrollo y la ausencia de un verdadero proceso participativo.
El decreto del Gobierno de Aragón que declara los espacios naturales protegidos de interés comunitario de la Red Natura 2000 y aprueba sus planes de gestión ha caído como una bomba en muchos ayuntamientos, dispuestos a emprender una batalla judicial para evitar que condicione su desarrolle. El conjunto está formado por 204, entre ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y ZEC (Zonas de Especial Conservación), que afectan a 531 municipios y suman 13.612 kilómetros cuadrados, el 28’5% de la Comunidad Autónoma. En el caso del Pirineo abarcan la mitad del territorio.
En la provincia de Huesca, 35 ayuntamientos han presentado un recurso por vía administrativa pidiendo la anulación del decreto 13/2021 del 25 de enero, un paso previo a la interposición de un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La lista incluye municipios de todas las comarcas, desde Montanuy, por el norte, a Ballobar, por el sur, y de diversas formaciones políticas, que han mostrado su desacuerdo con el proyecto liderado por el director general de Medio Natural, Diego Bayona, adscrito al departamento del consejero Joaquín Olona. Las entidades locales han solicitado el amparo jurídico de la Diputación de Huesca para iniciar las acciones legales, dada su falta de medios técnicos.
El diputado del PP en las Cortes de Aragón Antonio Romero informó el pasado jueves al consejero de la iniciativa de estos ayuntamientos, durante una interpelación parlamentaria sobre la Red Natura 2000.
El malestar de los alcaldes se debe a que los planes de gestión de estos espacios, "que no han tenido en cuenta nuestras alegaciones", coartan las posibilidades de desarrollo. Ballobar, con dos ZEPA, El Basal y Los Llanos de Cardiel, es uno de los recurrentes. Según su alcaldesa, Esther Saló (PSOE), "nos vemos afectados en miles de hectáreas donde no podremos arreglar los caminos porque se impide hacerlo con una motoniveladora, no se podrá regar e incluso se condiciona el tipo de cultivo».
Ballobar lleva décadas luchando por el regadío y había conseguido el respaldo de la DGA para la construcción de unas balsas. "Hay que compaginar el desarrollo rural con la protección natural. No podemos dejar el medio rural solo a los animales", ha declarado Saló, quien explicó que los ayuntamientos presentarán una demanda conjunta y luego individualmente, el que así lo decida, otra referida a los planes concretos de gestión que les afecten.
"Nos sentimos desprotegidos y desamparados"
El Gobierno de Aragón sometió a información pública en septiembre de 2020 el decreto de las zonas ZEC y ZEPA, culminando la implantación de la red Natura 2000 en Aragón, iniciado hace 15 años y que llevaba una década de retraso. Dio audiencia a las tres diputaciones, 33 comarcas, 531 municipios, 15 colegios profesionales y 30 asociaciones.
Sin embargo, los alcaldes critican la ausencia de un verdadero proceso participativo. "Ha sido un paripé, porque todos los ayuntamientos presentamos alegaciones y han estimado un 1% o 2 %. Creo que de entrada ya estaba todo decidido", ha manifestado el alcalde Beranuy (PP), Jesús Guitart, otro de los recurrentes. Se queja de que todo su municipio pasa a formar parte de la Red Natura. "Tenemos los LIC (Lugar de Interés Comunitario) del río Isábena y la sierra de Sis y la ZEPA del Turbón. Hemos pedido ayuda a la Diputación para que nos defienda porque nos sentimos desprotegidos y desamparados".
Según este alcalde, ya están sometidos a una estricta supervisión, a través de organismos como el Inaga. "Solo pedimos respeto a actividades tradicionales como la ganadería o la pesca que generan riqueza en el territorio y que no haya más trabas, porque vivimos en zonas de por si muy deprimidas".
Los alcaldes del Pirineo, a través de la asociación Adelpa, presentaron alegaciones en su día. La red afecta al 50% de su territorio, que concentra una cuarta parte de las zonas protegidas. También cuestionaron el proceso de participación y pidieron la prolongación de la exposición pública, ya que solo había un mes para estudiar una cantidad ingente de documentación. Otros colectivos, como el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, también alegaron acusando al Gobierno de Aragón de incurrir en varias causas de nulidad.
Por su parte, la administración autonómica defiende que la designación de una zona para formar parte de la Red Natura 2000 no conlleva de por sí la prohibición concreta de actividades, "siempre que sean ambientalmente sostenibles y no afecten negativamente a la integridad del lugar o la conservación de los hábitats y especies vivas".