medio ambiente
Denuncian los incumplimientos en los planes de gestión de la Red Natura en Aragón
Según el despacho de Pilar Martínez Abogados, "la Red Natura en España tuvo como objetivo prioritario la captación de fondos europeos más que un verdadero interés en una protección ambiental".
Un despacho de abogados especializado en temas medioambientales, Pilar Martínez Abogados, ha alertado este martes del "escandaloso incumplimiento" de normas y de directivas europeas en los planes de gestión de la Red Natura impulsados por el gobierno aragonés.
En un comunicado, este despacho asegura que la aprobación de más de cuatrocientos de estos planes de gestión consolida un régimen de uso para el 28 % del territorio aragonés, con una incidencia superior a la media europea y española y de naturaleza "limitativa y restrictiva" de derechos previamente consolidados.
Según estas fuentes, "la Red Natura en España tuvo como objetivo prioritario la captación de fondos europeos más que un verdadero interés en una protección ambiental coherente, razonable y acorde con nuestra condición de país agrícola, con grandes extensiones de zonas rurales despobladas".
Consideran que la aprobación en bloque de este elevado número de planes de gestión, más de veinte años después de la propuesta de declaración de estos Lugares de Interés Comunitario (LIC) revela un "incumplimiento reiterado" de la Administración aragonesa de la normativa medioambiental, así como una "utilización abusiva" de estas figuras.
A juicio de este despacho, que destaca la existencia de expedientes de infracción tanto en España en general como en Aragón en particular por infracción contra la directiva de hábitats, "da la impresión de que nos encontramos ante el intento de cumplimiento in extremis de una obligación en la que el gobierno aragonés aparece como moroso desde hace años".
Lamentan sus responsables que en la "eufórica" comunicación de la aprobación de estos planes, no se haga mención por parte de la administración en cuanto a las afecciones causadas a los territorios afectados, al consolidar "un régimen de restricción de usos, limitaciones, prohibiciones y dificultades para cualquier actividad que pretenda desarrollarse en el 28 % de la superficie de Aragón".
Destacan, además, el trabajo desarrollado desde el bufete para conseguir que los costes de conservación previstos para estos espacios incluyan, como principal condición, las indemnizaciones a los afectados por las restricciones impuestas.
"Lamentablemente -añade el comunicado- sólo se consideran costes de conservación las subvenciones, pagos, ayudas y entregas que demanda el mundo conservacionista, a quien luego nadie pide cuentas ni de la eficacia y realidad de sus propuestas y actividades ni de su aportación real a la conservación".
