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El reparto de los 20 millones de euros del plan de obras de la DPH primará a los ayuntamientos con mayor presión fiscal

El PSOE defiende este nuevo criterio para "corregir desequilibrios territoriales". El PP se abstiene por primera vez en los últimos años en la votación de este programa por la incorporación de esta medida.

Imagen de la sesión del pleno de la DPH celebrada este jueves.
Imagen de la sesión del pleno de la DPH celebrada este jueves.
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El debate sobre la armonización fiscal que ha surgido en los últimos días en el conjunto de España ha llegado también este jueves al pleno de la Diputación Provincial de Huesca. Y es que el nuevo plan de obras y servicios de 2021, dotado con 20 millones de euros -casi el doble que este año- gracias a la incorporación de los remanentes permitida por el Gobierno de Pedro Sánchez, primará a aquellos ayuntamientos con mayor presión fiscal para "corregir desequilibrios territoriales". La propuesta ha salido adelante con los 17 votos a favor de PSOE, PAR y Cs, mientras que los 8 del PP se han abstenido, rompiendo la habitual unanimidad en la votación de este plan, por su rechazo a este nuevo criterio de reparto. 

El diputado responsable de Cooperación, Francisco Mateo, ha recordado que es una variable que ya tienen en cuenta otras administraciones como Hacienda, la DPZ y próximamente la DGA también para la distribución de partidas. Y ha defendido vehementemente la aplicación de la medida en la DPH porque "si hay ayuntamientos que pueden permitirse cobrar impuestos muy bajos es porque necesitan menos ayudas, al tener otros impuestos diferenciados, por lo que no tienen capacidad moral para exigir dinero a otras administraciones”, ha dicho. Esta carga fiscal vendrá determinada por el tipo de IBI urbano y rústico que se cobre. 

Entre los criterios, no obstante, se mantienen la población, con una cuantía mínima de 64.000 euros para los ayuntamientos de menos de 99 habitantes y hasta 120.000 euros para los de más de 1.500 habitantes; y el número de entidades singulares, con partidas de entre 16.000 y 80.000 euros. Además, como novedad, se concederá otra partida de 8 euros por habitante, hasta un máximo de 5.000 habitantes. Cada municipio tendrá libertad para invertir este dinero en las obras, equipamientos y/o adquisición de inmuebles que consideren oportunos. 

Desde el PP, el diputado Álvaro Bescos ha criticado duramente el criterio de la presión fiscal porque, a su juicio, penaliza la autonomía que tienen los ayuntamientos "porque se lanza el mensaje de que cuanto más suban los impuestos, más dinero recibirán de este plan". En este sentido, ha puesto ejemplos de varios ayuntamientos que verán disminuidos sus ingresos con este nuevo criterio como Montanuy (de 137.000 a 110.000) o Bisaurri (de 150.000 a 84.000), y de otros que los aumentarán como Arén (de 130.000 a 156.000) o Lascuarre (de 89.000 a 97.000). A este respecto, ha lamentado que el presidente de la DPH, Miguel Gracia, abogue por una bajada de impuestos para luchar contra la despoblación en el medio rural "y aquí hace lo contrario invitando a los ayuntamientos a subirlos".

Por alusiones, el propio Miguel Gracia ha querido responder a los populares para admitir que ha pedido rebajas fiscales en el medio rural en el IRPF, en las cuotas de la Seguridad Social para autónomos que se asienten en el territorio o en el IVA de la vivienda. Pero también ha asegurado que las diferentes cargas impositivas crean "agravios comparativos" por lo que ha defendido este tipo de medidas correctoras para equilibrar el territorio, dejando claro además que "esta diputación nunca ha fallado a ningún ayuntamiento que tiene un problema".     

Mociones sobre los PGE, la UNED de Barbastro, la Ley Celaá...

En el turno de propuestas, la oposición en bloque (PP, Cs y PAR) ha criticado las partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para Huesca, que han tildado de "pírricas" en muchos casos. Pero la moción de los populares, enmendada por los aragonesistas, ha sido rechazada por la mayoría del PSOE, argumentando que la provincia sale "bien tratada" en las cuentas.

También ha habido un intenso debate por la nueva fórmula jurídica que quiere impulsar el PSOE para que la UNED de Barbastro deje de ser centro adscrito y su gestión pase a depender del Ministerio, manteniendo la ayuda económica (tras recortarla un 50% para 2021). Los técnicos estudirán una propuesta del alcalde de Barbastro y presidente del Patronato, Fernando Torres (PP), de mantener la fundación pero sin que sea medio propio de la DPH, aunque también se analizará la opción de un consorcio, tras la moción de Cs apoyada este jueves por PSOE y PAR. 

El pleno, además, ha aprobado por unanimidad otras propuestas para agilizar las PCR, la promoción del Castillo de Montearagón y la defensa de la red pública educativa en el territorio altoaragonés, basado en escuelas rurales. Esta última ha generado debate sobre la polémica Ley Celaá.

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