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Barbastro se enfrenta a la Diputación Provincial al rebajar el 50% su aportación a la UNED

La DPH ya comunicó su intención de reducirla de 550.000 a 277.000 euros, pero el Patronato no está de acuerdo.

Una de las clases de la UNED de Barbastro
Una de las clases de la UNED de Barbastro
DPZ

La falta de aprobación del presupuesto del Patronato de la Fundación Ramón J. Sender, que gestiona el centro de la UNED de Barbastro, ha desatado una inédita polémica en los 38 años de vida de esta entidad, entre dos de sus principales patronos, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de la ciudad del Vero.

Esta crisis institucional en un centro considerado modélico por la Universidad Nacional a Distancia y dinamizador educativo de la provincia y la vida cultural barbastrense se escenificó en la última reunión del patronato, cuando se dejó sobre la mesa la aprobación de los presupuestos al no equilibrarse gastos e ingresos. La DPH ya comunicó su intención de reducir de 550.000 a 277.000 euros. Una rebaja no aceptada por el Patronato, presidido por el alcalde, Fernando Torres, y formado por la Diputación, Gobierno de Aragón, UNED, Ibercaja y Ayuntamiento, que aportan distintas cantidades. En el presente ejercicio a la cantidad citada, siempre la mayor, se suma la de la UNED (233.120 euros), Ayuntamiento (220.600), DGA (117.086) e Ibercaja (10.250).

La decisión ha generado numerosas críticas. El PP local defendió anoche una moción en el Ayuntamiento de Barbastro para instar a la institución provincial a que aporte la misma cantidad que en 2020. Salió adelante con los votos a favor de Ciudadanos, Cambiar y Vox y las abstenciones de PSOE y PAR. El grupo popular en la corporación provincial igualmente ha presentado una enmienda a los presupuestos que se votan el viernes para incluir esta cantidad. Podemos Aragón también pide a la Diputación que reconsidere su posición, lo mismo que el Foro B 21 y la delegación de alumnos, que consideran que este recorte mermará los servicios educativos.

La clave la aporta Ciudadanos, que pide que la Fundación pase a ser un consorcio (su moción fue rechazada), como reclama la Diputación desde hace 4 años para que dependa de la UNED central y no del ente provincial, que debe auditar sus cuentas. Esta es la figura jurídica que rige en las otras sedes de Aragón, Calatayud y Teruel. Desde la Diputación insisten en que «la Fundación que gestiona el centro de Barbastro se adscriba al propio Ministerio de Educación, para lo cual es requisito que pase a ser un consorcio en el cual la asignación económica de cada entidad o institución esté en función de su representación».

El director, Carlos Gómez, dice que es un debate ya resuelto: «Se nos planteó hace dos años que pasáramos a ser consorcio. Alegamos que no, se pidieron informes a la intervención general y a la abogacía del Estado y dijeron que era indiferente para ser un medio propio de la UNED, que es lo que pretendemos para seguir trabajando».

Desde la Diputación recuerdan que no tienen competencias en educación y no puede ser responsable de la fiscalización de cuentas ante el Ministerio de Hacienda. Insisten en que llevan 4 años en conversaciones con el Patronato y el director del centro «sin que haya habido avance». Además, apuntan que de 2008 a 2020 ha aportado 9 millones de euros a la UNED de Barbastro, que tiene un remanente de más de 4 millones de euros.

El director teme que la decisión condicione importantes proyectos y servicios. El más relevante es la ampliación del centro por 1,5 millones de euros, a cargo de su remanente. El centro ya tiene financiación para la obra que empezaría en 2021 pero «el mantenimiento quedará en el aire y quizás haya que replantearla». Aquí se imparten una veintena de titulaciones, con 1.200 alumnos en enseñanzas regladas y el año pasado más de 10.000 en seminarios, cursos de verano o jornadas.

El portavoz socialista, Antonio Cosculluela, presidente del patronato 20 años, solicitó a los actuales representantes de esta entidad que trabajen rápidamente para ser un «medio propio» y así evitar la carga de fiscalización a la Diputación y garantizar la autonomía del centro.

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