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Los pleitos entre Aragón y Cataluña por los bienes se acumulan en el Supremo

El Alto Tribunal revisará en un mes las causas de las ventas de Sijena y de las 111 obras de las parroquias.

Jorge Español (en el centro) en uno de los juicios de Sijena, junto al letrado de la DGA Alberto Gimeno (izquierda).
Jorge Español (en el centro) en uno de los juicios de Sijena, junto al letrado de la DGA Alberto Gimeno (izquierda).
Javier Broto

Casi una década después de la entrada en el Supremo del primer recurso sobre los bienes aragoneses retenidos en Cataluña, referido a la catalogación de las piezas por parte de la DGA que en 2015 acabó perdiendo la Generalitat, los pleitos por esta causa se siguen sucediendo en el alto tribunal, familiarizado ya con el largo conflicto entre las dos comunidades autónomas, pues le ha tocado pronunciarse en numerosas ocasiones. Han llegado a intervenir tres de las cinco salas: la Penal, la Civil y la Contencioso-Administrativa. Solo han quedado al margen la Social, encargada de asuntos laborales, y la Militar. E incluso se han pronunciado órganos especiales, como el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

En los próximos días y con un intervalo de apenas tres semanas, los magistrados someterán a votación dos recursos fundamentales referidos a las dos vías de reclamación aragonesa: los bienes de Sijena y los de las parroquias del obispado Barbastro-Monzón. El miércoles, 23 de septiembre, el Tribunal de Conflictos se reúne para estudiar la demanda de la Generalitat, que reclama su competencia en la ejecución de la sentencia del juzgado de Barbastro que ordenó retornar las 111 piezas de las parroquias. En este caso, Aragón juega con la baza del precedente de 2016, cuando el mismo órgano ya rechazó la competencia de Cataluña a la hora de hacer efectiva la devolución del tesoro artístico de Sijena. Tratándose de un asunto casi calcado, los letrados aragoneses confían en una resolución favorable.

Otra votación el 15 de octubre

La agenda de los magistrados del Supremo está marcada también en octubre por este proceso. El día 15, la Sala Primera de lo Civil se reúne para votación y fallo con objeto de resolver sobre las 97 obras de Sijena. Se espera así poner el punto y final a uno de los pleitos más largos y mediáticos de los últimos años, el de la venta del tesoro artístico del monasterio, que las instituciones catalanas siguen empeñadas en recuperar elevando uno y otro recurso. Son dos los fallos judiciales que avalan su vuelta al monasterio. Las últimas 44 piezas llegaron en diciembre de 2017, con el auxilio de la Guardia Civil y en plena aplicación del artículo 155 sobre Cataluña.

El conflicto tiene visos de solventarse a favor de Aragón. De hecho, el Supremo ha rechazado la pretensión de los letrados catalanes de celebrar una vista previa y en su lugar ha establecido la fecha del 15 de octubre para resolver los recursos de casación que la Generalitat, el Museo de Lérida y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) interpusieron contra la sentencia que declaró nulas las ventas de las 97 obras de Sijena y decretó su regreso al monasterio aragonés.

Los letrados del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se muestran optimistas. El abogado del consistorio, Jorge Español, no oculta su satisfacción con el establecimiento y cercanía de la fecha anunciada, y además, dice "estar convencido" de que los recursos serán desestimados, "por la dilatación del pleito y por la solvencia de los fallos anteriores".

En sus escritos de respuesta a los recursos interpuestos por Cataluña ante el alto tribunal, los letrados aragoneses vuelven a apelar a la indivisibilidad del monasterio, protegido por la declaración de Monumento Nacional desde 1923, y argumentan que las ventas de las 97 piezas fueron "simuladas e irreales". Y para afirmarlo se basan en los propios documentos aportados por la parte catalana, donde se dice que el precio "se hará efectivo o que se ha empezado a pagar, pero que no se ha satisfecho todavía". De hecho, Cataluña no ha sido capaz durante todo el proceso de aportar ningún justificante de pago de las obras, entre las que figuran elementos de la vida cotidiana de las monjas, pero también piezas de gran valor como los sarcófagos de las prioras del siglo XV o los alabastros del escultor Gabriel Joly.

Los abogados aragoneses también señalan que las operaciones de compraventa se llevaron a cabo sin las autorizaciones de las administraciones competentes (Ministerio de Cultura en 1983 y del Gobierno de Aragón en 1992 y 1994) y que los contratos fueron firmados por la priora de Valldoreix, Pilar Sanjoaquín, que carecía de potestad legal sobre los bienes. De hecho, las obras no eran suyas sino de la Comunidad de Sijena.

Frente a ello, Cataluña insiste en los mismos argumentos, volviendo a poner en entredicho la competencia jurídica de los tribunales oscenses así como la legitimidad de las administraciones aragonesas para defender el patrimonio de Sijena.

Futuros litigios

Por el Supremo también pasó una causa penal sobre el delito de desobediencia de los ‘exconseller’ Santi Vila y Lluís Puig, por su negativa a devolver las obras, desestimada al perder su condición de aforados.

Pero su cometido en los pleitos de Sijena no acabará con el asunto de las ventas. Otro litigio, el de las pinturas murales, aún pendiente en la Audiencia de Huesca, sin duda acabará en el alto tribunal, donde también es seguro que desemboque el fallo de las 111 obras de las parroquias.

El abogado Jorge Español cree que el Supremo es consciente del "larguísimo" conflicto judicial que enfrenta a Aragón y Cataluña y de los numerosos recursos interpuestos en la última década. En su contestación a una de las últimas demandas, les recordaba a los magistrados que es "el más importante en la historia de las dos Comunidades desde el punto de vista jurídico", pensando en los numerosos tribunales que han intervenido, desde la base, un juzgado de primera instancia, al vértice de la pirámide, el Constitucional.

A su juicio, "esto da una idea de la importancia que tiene el asunto de los bienes para la Generalitat", empezando por el conflicto de competencias planteado contra el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Constitucional en 1998. Tardó 14 años en resolverse y fue el asunto más largo en la historia de este órgano.

Jorge Español, que trabaja de forma desinteresada para el Ayuntamiento de este pueblo de 400 habitantes que, de lo contrario, difícilmente podría costear un pleito tan prolongado, reconoce el "tremendo desgaste" de esta batalla judicial, con causas "complejísimas y llenas de aristas". "La Generalitat emplea todas sus armas", dice. De momento la balanza se inclina a favor de Aragón, aunque no quiere echar las campanas al vuelo. Destaca el trabajo codo a codo con el abogado de la DGA, Alberto Gimeno, "sin cuya intervención habría sido imposible". 

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