El día que Lérida devolvió las parroquias y se quedó con los bienes

En apenas tres páginas en latín, el Vaticano zanjó, el 15 de junio de 1995, ocho siglos de dominio catalán sobre las parroquias del Aragón oriental. El decreto ‘Ilerdensis-Barbastrensis de finium mutatione’, valedero como una bula, cambió el mapa diocesano aragonés para adaptarlo a los límites civiles, una reivindicación abrazada por fieles, sacerdotes y fuerzas políticas que no fue nada fácil conseguir. Al cumplirse hoy 25 años de su publicación queda el sabor amargo de que sigue sin ejecutarse en su totalidad. Lérida transfirió las iglesias, los curas y los fieles, pero se quedó los bienes artísticos: 111 obras (pinturas, retablos, esculturas y objetos litúrgicos), que se han convertido en todo un símbolo para los aragoneses.

En la misa del Corpus del pasado domingo, presidida por el obispo, Ángel Pérez, en la catedral barbastrense, se recordó la fecha, y la diócesias envió una comunicación a todos los sacerdotes para que hicieran alusión en sus celebraciones.

Ese decreto ordenó separar de la Diócesis de Lérida un centenar de parroquias de las comarcas de la Ribagorza y el Cinca Medio para adscribirlas a la de Barbastro, que pasó a denominarse de Barbastro-Monzón; dilató hasta 1998 el pase de las de La Litera y el Bajo Cinca, mayoritariamente catalano-parlantes; y transformó en concatedral el templo de Monzón. La nueva Diócesis se convirtió así en la segunda más grande de Aragón, pasando de 40.000 a 100.000 habitantes, con la incorporación de localidades tan importantes como Monzón, Fraga, Binéfar, Benabarre o Tamarite de Litera. En el cuarto y último punto especificaba la inmediata transferencia de los documentos, libros de notas, "clérigos, fieles y bienes temporales". Y es aquí donde surgió una discrepancia que todavía no se ha resuelto.

Los protagonistas recuerdan la gestación de este episodio histórico, que incluye intrigas y disputas en el seno de la Iglesia, una férrea oposición de los obispos catalanes, la complacencia de los altos responsables eclesiásticos o la rebelión de los sacerdotes aragoneses. Para el entonces prelado ilerdense, Ramón Malla, la decisión de Roma fue "dolorosa y discutible". Dejó su diócesis reducida a menos de la mitad.

El proceso de 1995 no se cerrará hasta que no se ponga fin al conflicto de los bienes, reconoce Ángel Pérez. "Fue un triunfo muy grande, es lo que anhelaban los aragoneses. Lo que nadie se imaginó fue la negativa de Lérida a devolver los bienes artísticos ni el largo litigio que quedaba por delante, todavía por resolver", explica. "El decreto fue impecable y la confianza de esta diócesis, total. Nunca pensamos en ir al Museo de Lérida a retirarlos, creímos que nos los darían. Luego todo se ha ido enrareciendo".

Las sucesivas sentencias vaticanas interpretando el cuarto punto del decreto no doblegaron a Lérida y Ángel Pérez acabó recurriendo a la justicia civil para dirimir la propiedad y posesión de estos "bienes terrenales", valorados en más de 7 millones de euros. "Afortunadamente se ha hecho justicia", dice en referencia a la sentencia del 11 de diciembre de 2019 del juzgado de Barbastro que ordenó la devolución inmediata. Sabe que el camino hasta conseguir la ejecución será largo, como ocurrió con el tesoro artístico de Sijena. El pleito está ahora en la Sala de Conflictos del Supremo a instancias de la Generalitat. "El problema no es que te den la razón, porque nos la han dado siempre, luego hay que pelear el cumplimiento", reconoce el obispo. La entrega sería el broche de oro al aniversario, pero es consciente de que aún habrá que esperar para que los fieles puedan verlos en Aragón.

Según Ángel Pérez, la diócesis fue "tan generosa" en 1995 que ni siquiera reclamó el dinero que implicaba el arreglo de los inmuebles, cuando las donaciones y la recaudación se habían ido durante siglos a Lérida. "Tendríamos que haber recibido a cambio una compensación. Y eso ni siquiera lo cuestionamos, solo pedimos el patrimonio histórico-artístico, que es algo más de carácter sentimental y religioso".

23.000 folios

De los 3 páginas en latín del decreto se ha pasado a los 23.000 folios del pleito civil, que incluyen desde los fallos de las instancias vaticanas a los dos acuerdos firmados por los obispos de ambas diócesis ante el nuncio, en 2008 y 2010, en los que Lérida reconocía la propiedad aragonesa e incluso se ponía 30 días de plazo para la entrega. De nuevo, papel mojado. "No es normal que un obispo ponga un juicio a otro, pero la Iglesia no puede mandar a la Guardia Civil al Museo. Ángel Pérez tuvo la valentía, no sin dolor, de no conformarse y optar por la única salida que le quedaba", declara el abogado de la diócesis, Joaquín Guerrero. "Se han puesto todas las pegas, con estratagemas procesalmente legales pero de mal perdedor". Al final, concluye, se cumplirá el decreto, no por lo que ha dicho la Iglesia sino porque lo ordene un juez.

Pedro Escartín, actual secretario de la diócesis de Barbastro-Monzón, es historia viva del proceso de traspaso. "El obispo entendió que con los bienes pasaba el dinero de las parroquias, los inmuebles y sus bienes histórico-artístico, pero Lérida dijo que estos no", resume. Tras dos años de infructuosa espera y de desacuerdos en la comisión creada al efecto, hubo que trasladar la cuestión al nuncio y a los tribunales vaticanos.

Los 20 viajes a Roma del obispo Echebarría

Pero Escartín pide no reducirlo todo a una cuestión de bienes en litigio, "fue algo mucho más importante que por fin hizo coincidir los límites de la diócesis aragonesa con los de Aragón". En este proceso él reivindica el papel "importantísimo y absolutamente desconocido" del que era entonces obispo, el vasco Ambrosio Echebarría. Sus antecesores ya habían reclamado la segregación, desde Segundo García de Sierra (1954-1960), pasando por Jaime Flores (1960-1970) y Damián Iguacen (1970-1974), pero Echebarría (1974-1999) fue el gran artífice de la reestructuración. "Tuvo un tesón tremendo para insistir una y mil veces. Yo soy testigo de que hizo hasta 20 viajes a Roma para arreglar este asunto".

No fue "una anexión", quiere aclarar el entonces vicario, sino la culminación de un proceso muy deseado "por parte de los fieles y los párrocos". "Los sacerdotes aragoneses bajo la jurisdicción de Lérida deseaban su incorporación a una diócesis aragonesa. Pudieron decidir si se quedaban en Lérida o pasaban a Barbastro y pasaron todos", explica. La cuestión de la lengua influyó. "Las reuniones pastorales en Lérida eran en catalán, y esto no era del agrado de los sacerdotes ni de los fieles, que en alguna ocasión habían pedido que se hablase en castellano", relata Escartín.

Oposición en Fraga

Pocos alcaldes se significaron entonces en un asunto que consideraban eclesiástico. Sí lo hizo el que había sido primer edil de Fraga desde 1979 hasta 1992, el histórico dirigente socialista Francisco Beltrán, un hombre de profundas convicciones religiosas, opuesto abiertamente al traspaso. Incluso 200 vecinos dirigieron una carta al nuncio de la Santa Sede en España, Lajos Kada, para solicitar el mantenimiento de la jurisdicción de Lérida.

El proceso tuvo claras connotaciones políticas, comenta el catedrático jubilado de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza Guillérmo Pérez Sarrión. Él recuerda que Jordi Pujol "se inventó" el Museo Diocesano de Lérida, al que el obispo cedió los bienes en depósito de las parroquias aragonesas, dejándolos en manos de un patronato formado por instituciones civiles. "Cataluña consideró algo natural la apropiación del patrimonio", dice.

Tampoco olvida el fondo archivístico de las parroquias, compuesto por códices medievales, pergaminos y una voluminosa y valiosa documentación, que sigue en Lérida, "un patrimonio de gran valor histórico que está por explotar".

El decreto de 1995 puso fin a un mapa eclesiástico extemporáneo. Sigue habiendo desajustes pero de menor calado: la Diócesis de Zaragoza incluye tres arciprestazgos turolenses (Híjar, Alcañiz y Valderrobres); la de Jaca, parroquias de las Altas Cinco Villas, civilmente zaragozanas; y ese mismo obispado está integrado en la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela.