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Huesca

la regulación del río gállego

Europa mantiene "activo" el procedimiento de infracción contra España por el embalse de Biscarrués

El caso sigue abierto en la Comisión Europea, aunque de momento está en suspenso hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

La actual directora general de Cambio Climático de la DGA, Marta de Santos, en la presentación de las alegaciones contra el proyecto en la CHE en el año 2017, cuando era alcaldesa de Murillo de Gállego.
La actual directora general de Cambio Climático de la DGA, Marta de Santos, en la presentación de las alegaciones contra el proyecto en la CHE en el año 2017, cuando era alcaldesa de Murillo de Gállego.
Aránzazu Navarro

La Comisión Europea no se ha olvidado de la posible infracción cometida por el Gobierno de España en la tramitación del proyecto del embalse de Biscarrués. Seis años después de la apertura de un procedimiento, la investigación sigue abierta, aunque de momento está suspendida a la espera de la decisión de los tribunales españoles.

El expediente, con el número 20144023, todavía figura en el listado de infracciones de la Comisión como "un caso activo". Fuentes de las instituciones europeas han confirmado que tras la carta de emplazamiento al Gobierno de España y las distintas respuestas remitidas a Bruselas, la Comisión tuvo conocimiento de que el proyecto está ‘sub iudice’, pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional declarara nulo el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. "Mientras tanto, la Comisión mantiene en suspenso la investigación para evitar interferencias innecesarias con el poder judicial", indicaron.

Pese a las numerosas respuestas aclaratorias remitidas por el Gobierno de España, Europa no da por zanjado el asunto. Cabe recordar que el expediente se abrió en 2014 a raíz de una denuncia de organizaciones ecologistas y dio paso a un procedimiento de infracción. Como los argumentos del país no convencieron, Bruselas envió al año siguiente una carta de emplazamiento (paso previo al proceso sancionador) y tras las alegaciones del Ejecutivo emitió un dictamen demoledor que cuestionaba el interés público de la obra y acusaba al Gobierno de hacer caso omiso a la normativa europea. El Ejecutivo español respondió en numerosas ocasiones a las dudas planteadas respecto al embalse pero ninguna sirvió para dar por concluida la investigación.

En este tiempo se ha negado el acceso al expediente a los eurodiputados que lo han solicitado alegando que podía afectar al clima de confianza entre las dos partes. La última noticia que se tuvo es una respuesta de la Comisión a un parlamentario, en agosto de 2017, diciendo que tomaba nota de la sentencia emitida por la Audiencia Nacional. Desde entonces está en suspenso para no interferir en el trabajo de la Justicia española.

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, opuesta al proyecto de embalse, acudió a las instituciones europeas en 2018 para tratar el asunto sin obtener una respuesta concreta. "Tenemos esperanza de que se imponga la cordura, porque lleva 30 años de estudios, anteproyectos y proyectos y no va para adelante. Hemos gastado 6 millones de euros para no hacer nada", ha asegurado su presidente, Jesús Estachod, quien confía en que "Bruselas ponga orden y se busquen otras soluciones".

Por su parte, Riegos del Alto Aragón, beneficiaria del embalse, sigue a la espera de la sentencia del Supremo, que podría fallar en el primer semestre del 2020. Que sea favorable a sus intereses no implica el desbloqueo de la obra, "hace falta voluntad política para llevarla adelante", ha aclarado su presidente, César Trillo. En caso contrario, si confirma la anulación del anteproyecto y de la declaración de impacto ambiental, "se podría empezar de cero". Según Trillo, el proyecto constructivo realizado posteriormente es válido porque corrigió los motivos de la anulación. Eso sí, debería someterse a una nueva evaluación ambiental, un paso que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado hasta ahora, y parece menos probable en una coalición con Unidas Podemos.

Siendo presidente Rajoy, y a raíz del revés judicial, se decidió hacer una nueva evaluación para solventar las deficiencias. La licitación del nuevo estudio de impacto ambiental estaba prevista para la semana de la moción de censura y nunca se formalizó.

"El Ministerio de Transición Ecológica parece decidido a esperar al Supremo", ha señalado  Trillo, quien opina que Europa ha optado por la cautela. El alto tribunal solo aceptó a trámite el recurso de casación de Riegos del Alto Aragón y rechazó las alegaciones del Abogado del Estado que representaba al Ministerio y las de los opositores: los ayuntamientos de Biscarrués y de Murillo de Gállego (su exalcaldesa es la actual directora general de Cambio Climático del Gobierno de Aragón) y la Coordinadora Biscarrués -Mallos de Riglos.

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