Bruselas estudia la última respuesta de España sobre los incumplimientos en el proyecto de Biscarrués
El Gobierno ha enviado información a la Comisión Europea dentro del plazo de dos meses que le dio.
La Comisión Europea remitió la carta de emplazamiento al Gobierno español el pasado 29 de mayo y le dio un plazo de dos meses para contestar. En un informe demoledor de 32 páginas, la CE ponía en duda el interés público de la obra y acusaba al Gobierno de España de hacer caso omiso a la normativa aplicable en la Unión desde el 2000. Además decía que la información aportada era "confusa y contradictoria" (el Ministerio envió cuatro respuestas entre 2012 y 2014). Por eso, se inició el procedimiento de infracción actualmente en curso.
La Comisión está analizando la documentación remitida por España en respuesta al expediente abierto, según confirmaron desde la oficina de prensa en Madrid. "Aún no hay conclusiones, se está estudiando la respuesta". En todo caso, si sigue siendo insatisfactoria, emitirá un dictamen y concederá dos meses más.
A finales de julio, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, respondiendo a una pregunta del eurodiputado Jordi Sebastià, dijo que la Comisión se puso en contacto con las autoridades españolas para solicitar aclaraciones respecto al cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente. Los incumplimientos se referían a los artículos 4, 11 y 13 de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
El procedimiento infractor preocupa a los sindicatos agrarios, que culpan del mismo al Ministerio de Medio Ambiente por los "errores" cometidos en la tramitación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. Entre las objeciones planteadas por Europa está que ni la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni el Plan Hidrológico del Ebro adoptan las medidas necesarias para paliar el impacto sobre el río de la presa de 35 hectómetros cúbicos.
Tampoco cree que se motive adecuadamente el proyecto ni exista un estudio de alternativas, y habla de que la información aportada es "muy imprecisa" en cuanto a los beneficios para el regadío.
Actualmente se está redactando el proyecto del embalse, cuyo coste financian al 50% los regantes y la sociedad pública Acuaes. La unión de empresas que ganó el concurso, por un importe de 1,2 millones de euros (400.000 euros menos que el precio de licitación), tiene un plazo de 20 meses desde finales del año pasado para entregarlo, partiendo del anteproyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y de las duras prescripciones establecidas en su día por la declaración de impacto ambiental.
