El Tribunal Supremo da un revés al Ministerio por Biscarrués aunque el litigio seguirá adelante

Un año después de que la Audiencia Nacional tumbara el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués, el Tribunal Supremo ha escrito una nueva página en esta larga batalla judicial. Y lo ha hecho, por un lado, dando un nuevo revés al Ministerio de Medio Ambiente al rechazar su recurso de casación y, por otro, abriendo una puerta a la esperanza a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón para poder retomar el proyecto anulado al admitir a trámite el suyo. También ha desestimado las alegaciones de los opositores, representados por los ayuntamientos de Biscarrués y de Murillo de Gállego y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.

La Audiencia asumió en parte los recursos interpuestos por los ayuntamientos afectados y organizaciones ecologistas en contra del embalse. Dijo que se había vulnerado la directiva europea de Aguas porque el proyecto debería haber aparecido motivado antes en el Plan Hidrológico de Cuenca (solo constaba en los de 2014 y 2016, posteriores a la resolución impugnada de 2012); y que no se justificó un ‘interés público superior’, como exigía también Europa, concepto que no se podía equiparar, según el tribunal, a la declaración de ‘interés general’ que contempla la legislación española «porque es abstracta y no contempla un análisis científico detallado relativo al deterioro del agua».

Además, la sentencia censuraba que no constaba un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental; ni un estudio específico de la recuperación de costes; ni sobre el impacto en las masas de agua afectadas.

Frente a este fallo recurrieron el Abogado del Estado, en nombre del Ministerio, además de Riegos del Alto Aragón y los ayuntamientos. Estos últimos porque solo se estimaron parcialmente sus argumentos y buscaban que se reconocieran «todos los incumplimientos» que, a su juicio, afectaban a legislación europea para que quedara descartado el pantano.

Discrepa de una sola razón

El Supremo ha rechazado tanto el recurso de los opositores como el del Abogado del Estado. El representante legal del Ministerio argumentó que el interés general de la obra era suficiente «porque lo que específicamente exige es que está por encima de los intereses privados o parciales, es decir, que satisfaga las necesidades de una importante mayoría de la población, beneficiando aspectos muy fundamentales de la colectividad». No obstante, el Alto Tribunal considera que hay una «falta de justificación» ya que «se ha limitado a mostrar su discrepancia con una sola de las razones que han llevado a esta Sala a estimar el recurso (no justificar que el proyecto obedeciera a un ‘interés público superior’), de tal manera que, incluso en el supuesto de su favorable acogida, quedaría subsistente un segundo motivo» (si era preceptivo o no que el proyecto apareciera previamente motivado en el Plan Hidrológico de Cuenca).

El recurso de Riegos del Alto Aragón, en cambio, sí que ha sido admitido a trámite. En este sentido, el Alto Tribunal acepta que se entre a valorar si la declaración de ‘interés general’ de un proyecto de obras hidráulicas es equiparable al concepto de ‘interés público superior’ que exige Europa; y si una ‘modificación de aguas superficiales’ debe aparecer explicada específicamente en el Plan Hidrológico de Cuenca en el momento de otorgarse la autorización definitiva del proyecto o en la fase de anteproyecto o de declaración ambiental.

La nueva evaluación ambiental, sin fecha

A raíz del revés judicial y teniendo en cuenta que la sentencia definitiva del Supremo podría tardar varios años, los anteriores responsables del Ministerio decidieron someter el proyecto a una nueva evaluación de impacto ambiental para solventar las deficiencias advertidas en el fallo de la Audiencia.

La licitación del nuevo estudio de impacto ambiental estaba prevista para la semana de la moción de censura, y el proceso se paralizó a la espera de los nombramientos del nuevo Gobierno. La obra la promueve la empresa pública Aguas de la Cuencas de España (Acuaes), pero es necesaria la autorización del director general del Agua para sacarlo a concurso.

Se trata de Manuel Menéndez, que ya trabajó en la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua siendo ministra Cristina Narbona. Fue precisamente bajo el mandato de esta, a finales de 2006, cuando se rebajó de 192 a 35 hectómetros la capacidad del embalse de Biscarrués para evitar inundar Erés y mantener así los usos deportivos del Gállego.

Quienes han tomado el relevo en el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que los trámites para retomar el proyecto de Biscarrués no estaban tan avanzados como se había dicho. «Hay que empezar de cero y hay que ver cómo se hace porque es un tema muy complejo», comentaron fuentes cercanas.