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Huesca

el conflicto de los bienes

El fiscal pide inhabilitar a los 'exconsellers' que se negaron a devolver las obras de Sijena y que paguen la factura del traslado

El Ministerio Público solicita dos años de inhabilitación para ejercer cargo público a Santi Vila, condenado en el juicio del 'procés', y Lluis Puig, fugado junto a Carles Puigdemont. 

El exconseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, en los juzgados de Huesca.
El exconseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, en los juzgados de Huesca.
Pablo Segura

La Fiscalía de Huesca ha solicitado penas de dos años de inhabilitación especial para ejercer cargo público para los ‘exconsellers’ de la Generalitat de Cataluña Santi Vila y Lluís Puig, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, y multa de 18 euros diarios durante 11 meses (5.940 euros), en la causa penal que se sigue contra ellos en el juzgado número 3 de Huesca. Están acusados de hacer caso omiso a las reiteradas órdenes de la magistrada del juzgado nº 1 para que devolvieran a Sijena las piezas de este monasterio retenidas en el Museo de Lérida, tal y como establecía una sentencia.

Vila acaba de ser condenado a un año y ocho meses de inhabilitación y a pagar 10 meses de multa, también por un delito de desobediencia, por el Tribunal Supremo, ya que es uno de los líderes independentistas que se sentó en el banquillo en el juicio del ‘procés’. Por su parte, Lluís Puig permanece huido desde que en 2017 se fugó junto al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Fiscalía ha solicitado ahora la apertura de una vista oral ante el Juzgado de lo Penal y ha emitido su escrito de calificación. En él recuerda que Vila fue ‘conseller’ de Cultura desde el 13 de enero de 2016 hasta el 5 de julio de 2017, cuando lo sustituyó Puig.

En ese periodo, el Juzgado número 1 de Huesca le pidió reiteradamente, sin éxito, la entrega de los bienes de Sijena, en cumplimiento de la sentencia del 8 de abril de 2015 que, estimando la demanda interpuesta por la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, decretó la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat en 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994.

El fallo declaró que la propiedad de los bienes objeto de los contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena y ordenó el reintegro al monasterio. La Audiencia de Huesca lo ratificó posteriormente.

El juzgado, en el proceso de ejecución de la sentencia, envió un auto al ‘conseller’ Vila, que le fue notificado personalmente el 17 de junio de 2016. Según la respuesta de este, había dado las órdenes pertinentes para que los bienes que se hallaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, 41 piezas, fueran trasladados de forma inmediata, lo que se hizo el 26 de julio; pero no el resto de las piezas, 44, que estaban en el Museo de Lérida.

El juzgado le volvió a requerir en noviembre del 2016, advirtiendo de "las consecuencias legales" en que podía incurrir por la falta de cumplimiento respecto a las 44 piezas restantes. En abril de 2017, el acusado dictó una orden por la que no autorizaba la disgregación de las piezas que quedaban en el Museo de Lérida. La juez insistió meses más tarde, cuando ya estaba en el departamento de Cultura de la Generalitat Lluís Puig.

"Ninguno de los acusados realizó actividad alguna tendente al traslado de las citadas obras", señala el escrito de la Fiscalía. El traslado no fue voluntario. Se ordeno el 1 de diciembre de 2017, con el auxilio de la Guardia Civil, y se hizo efectivo 11 días después. El Ministerio Público pide 11 meses de multa, con una cuota diaria de 18 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos años, así como el pago de las costas.

Ahora el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, también personado en el proceso, tiene 10 días para calificar los hechos. Su abogado, Jorge Español, ha anunciado que aumentará la pena de multa, "dado el alto poder adquisitivo de Vila y Puig, altos cargos del Gobierno catalán en su día". Por su parte, la administración aragonesa se retiró de la causa penal el 19 de julio de 2018. El presidente Javier Lambán justificó la renuncia porque "el Gobierno de Aragón jamás ha planteado querellas criminales a personas.  

Una factura de casi 13.000 euros

La Fiscalía de Huesca solicita además, en su escrito de calificación, que los ‘exconsellers’ indemnicen "conjunta y solidariamente" a la Diputación General de Aragón por los gastos que le ocasionó el traslado de las piezas desde Lérida a Sijena, así como que se hagan cargo de las costas del proceso. Pide al juez medidas cautelares para asegurar las responsabilidades económicas de Vila y Puig por el delito. 

Dado que el Gobierno de Aragón no ha comparecido, el Ministerio Fiscal insta a que se le requiera para que presente las facturas derivadas del transporte de las piezas desde Lérida a Sijena, un traslado que, ante la negativa de la Generalitat, al final tuvo que hacer el Ejecutivo aragonés, con la intervención de la Guardia Civil para que se cumpliera la sentencia. La consejería de Cultura de Aragón contrató una empresa especializada. La facturó por el trabajo ascendió a 12.932 euros.

Entre las pruebas solicitadas por el fiscal en el juicio está la comparecencia como testigo de la técnico de la Diputación General encargada de la supervisión del traslado de los bienes el 11 de diciembre de 2017.

El 11-D y el apoyo de los condenados del 'procés'

Por otra parte, el Museo de Lérida ha querido expresar su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo y ha mostrado su solidaridad "hacia las presas y los presos políticos condenados y sus familias", que en su día respaldaron al centro cuando se ejecutó la sentencia por los bienes del monasterio de Sijena.

En un comunicado colgado en su página web, asegura que "no podemos ni queremos olvidar" el apoyo que muchos de ellos dieron al centro, "en los duros momentos vividos con motivo de la ejecución provisional" de la sentencia de Sijena, que culminó la madrugada del 11 de diciembre de 2017, cuando la Guardia Civil y técnicos del Gobierno aragonés fueron a recuperar las 44 obras de arte para retornarlas al monasterio. Esta acción se llevó a cabo dos años después de dictarse la sentencia, tras los reiterados incumplimientos de las órdenes judiciales por parte de Santi Vila y Lluís Puig.

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