Los doce acusados del juicio del 'procés'

Oriol Junqueras

Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 12 años de cárcel por sedición y malversación.
Vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda de la Generalitat el 1-O, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017, desde donde sigue liderando ERC.
Salió de la cárcel para recoger el acta de diputado que consiguió en las elecciones del pasado mes de abril, aunque luego fue suspendido por el Congreso. ERC lo volvió a situar como cabeza de lista en los comicios europeos, pero esa vez el Supremo no le permitió salir para acceder al acta de eurodiputado. Vuelve a liderar la candidatura por Barcelona para el 10N.
Aunque durante el juicio se presentó como un "hombre de paz", para la Fiscalía es "el motor principal de la rebelión". Ésta se apoyó en tres pilares -ejecutivo, legislativo y judicial- que funcionaron como una "organización criminal" liderada por Junqueras, en ausencia del expresident Carles Puigdemont.

Carme Forcadell

Fiscalía: 17 años por rebelión.
Abogacía: 10 años por sedición.
Primero, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y, después, del Parlament. Lleva en prisión desde marzo de 2018.
Las acusaciones le adjudican el título de "promotora" de la rebelión, ya que, bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las denominadas leyes de desconexión y permitió el voto de la declaración unilateral de independencia (DUI).
Forcadell denunció que estaba siendo juzgada por rebelión por su trayectoria política y no por sus actos porque hizo lo mismo que sus compañeros de Mesa, que van a ser juzgados en Cataluña por desobediencia.

Jorid Sànchez y Jordi Cuixart

Fiscalía: 17 años por rebelión.
Abogacía: 8 años por sedición.
Los Jordis son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de 2017.
Como líderes de ANC y Òmnium Cultural, la Fiscalía sostiene que fueron "reyes y señores del orden cívico de Barcelona" en el turbulento otoño de 2017, impartiendo órdenes a los Mossos y condicionando la actuación de la Guardia Civil. En el juicio se destacó especialmente el papel de Sànchez durante el largo asedio a la Consejería de Economía el 20 septiembre, pero ambos enmarcaron su actuación en el derecho de protesta.
Sànchez, para quien no se pide pena de inhabilitación, emprendió carrera política en prisión preventiva. Fue elegido diputado de JxCat en el Parlament -llegó a ser candidato a la investidura como presidente de la Generalitat- y también en el Congreso, en ambos casos suspendido. Vuelve a estar en las listas para el 10N.

Joaquim Forn

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Exconsejero de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos. Lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017 y se le permitió salir para recoger su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.
La Fiscalía le acusó de haber controlado "el montaje" de los Mossos el 1-O y de asumir la violencia al hacer oídos sordos a las advertencias de la policía autonómica en vísperas del referéndum. Él negó haberles dado instrucciones para que no cumplieran con su obligación.

Jordi Turull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Encarcelado también ese 2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza; volvió a prisión en marzo de 2018.
Era el responsable de la Consejería de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos, según las acusaciones. Afirmó en el juicio que el Govern decidió ignorar las advertencias del Constitucional en un ejercicio de "ponderación" en el que priorizó el mandato popular de votar.
Llegó a someterse sin éxito a una sesión de investidura como presidente de la Generalitat tras las candidaturas fallidas de Puigdemont y Sànchez. El pasado abril obtuvo escaño por JxCat en el Congreso, fue suspendido y vuelve a competir el 10N.

Josep Rull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel. Fue suspendido como diputado autonómico y nacional y vuelve a estar en las listas para las generales de noviembre.
Además de animar a votar el 1-O, prohibió "arbitrariamente" en su condición de consejero de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Gerona), aunque en el juicio sostuvo que no sabía quién iba en la embarcación.
Afirmó que se apostó por el referéndum con la "convicción" de que no era delito y ante lo que consideraban "falta de autoridad moral" del Constitucional. Según su testimonio, no había plan o estrategia para desarrollar la DUI.

Raül Romeva

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 y medio por sedición y malversación.
Fue consejero de Relaciones Institucionales y Exteriores y ha seguido el mismo camino en prisión preventiva que Rull y Turull. Como ellos, consiguió escaño como diputado autonómico en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y fue suspendido. También fue suspendido como senador de ERC tras las últimas generales, pero vuelve a encabezar la lista por Barcelona a la Cámara Alta.
Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el 'procés' y dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una "suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal" desde el que se contrataron presuntos observadores internacionales, según la Fiscalía.
Como Junqueras, Romeva solo contestó a su abogado, se limitó a defender el derecho de autodeterminación, negó "rotundamente" la violencia y tachó de "delirante" que se le acusara de malversar.

Dolors Bassa

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.
Encarcelada desde marzo de 2018 (igual que los tres anteriores), Bassa dirigió la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se le atribuye haber retirado a los funcionarios de su departamento la competencia sobre algunos centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, el desarrollo de una base de voluntarios y haber animado a la participación.
Bassa relativizó el 1-O y sus consecuencias: el referéndum, dijo, "no fue nunca un acto concluyente" para proclamar la independencia, sino un instrumento para forzar una negociación con el Estado, y la DUI fue una declaración política, "nada más". 

Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs

Fiscalía y Abogacía: 7 años por desobediencia y malversación.
Los exconsejeros de Empresa, de Justicia y de Governación son los únicos acusados que se encuentran en libertad. Las acusaciones les imputan haber respaldado junto al resto del Govern los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y haciendo un uso ilegítimo de fondos públicos.
Todos negaron que desde sus departamentos saliese un euro público para el referéndum. Por su parte, Vila, que dimitió la víspera de la DUI, sostuvo que fue Puigdemont quien abocó al Govern a la declaración unilateral de independencia al no saber "gestionar emocionalmente" la tensión que se vivía en Cataluña.