"No es un campo de mies pero estoy esperanzado pues se ha hecho un buen trabajo y el derecho asiste. Soy optimista ante una sentencia favorable y de tenerla pediré la ejecución provisional" para el regreso de los 111 bienes de arte sacro a la Diócesis de Barbastro – Monzón. Así se manifestaba el abogado que defiende al obispado altoaragoneses en el juicio civil para recuperar los bienes propiedad de más de 40 parroquias de la actual Diócesis de Barbastro – Monzón y que se encuentran en depósito en el Museo de Lérida.

Guerrero hacía estas declaraciones a HERALDO tras iniciarse la actividad judicial –agosto es un mes inhábil- y tras conocerse un nuevo revés a Cataluña, al rechazar el Juzgado número 1 de Barbastro los recursos presentados por la Generalitat para que no se celebrase ese juicio, que tuvo lugar el 16 y 17 de mayo. Si bien se espera el recurso de reposición desde Cataluña, un gesto que desde la parte aragonesa se entendería como una maniobra más para dilatar el litigio. 

Así las cosas entre el tiempo de presentación del recurso y resolución del mismo, puede transcurrir todo el mes de septiembre sin que haya sentencia definitiva. Es la previsión que baraja el abogado del Obispado de Barbastro – Monzón, Joaquín Guerrero, que confía en una sentencia favorable. "El hecho de que se haya desestimado estas tres minas que nos habían puesto en el camino es muy importante porque ya sólo queda dictar sentencia, que nunca será antes de que se haya dilucidado este tema, no antes de final de mes", afirmaba.

El representante legal del obispado aragonés valora que la Generalitat haya decidido comparecer en el juicio y "me parece mejor que se haya desestimado su participación". Este nuevo revés a los intereses catalanes da "esperanzas de ganar" el juicio "pero después de 51 años de abogado hasta que no esté la sentencia no se puede cantar victoria".

Guerrero destaca el minucioso trabajo de más de un año y medio preparando este juicio junto a los abogados Hipólito Gómez de las Roces, Alberto Gimeno (representante de la DGA como coadyuvante) o Jorge Español. El juez ha debido analizar los 21.000 folios y estudiar las declaraciones de los peritos y testigos presentados, entre ellos tres obispos (dos de Barbastro – Monzón, Alfonso Milián y Ángel Pérez, y el de Lérida Salvador Giménez). Es la primera vez en la historia judicial española que dos obispos se sentaron ante un juez civil.

Para el abogado que defiende los intereses de la Diócesis Barbastro – Monzón tanto los peritos como los testigos fueron contundentes. "Nuestros peritos (los estudiosos Domingo Buesa y Antonio Naval Mas) eran de una categoría excepcional frente a los peritos de la otra parte que eran todos empleados del Museo de Lérida. Además el propio obispo Giménez reconoció ante el Juzgado número 3 de Lérida –en el acto de conciliación- que las piezas las había tenido en depósito y en Barbastro dijo que los tenía en propiedad aconsejado por sus abogados en base a unos documentos. No es serio. Un juez sabe perfectamente que la realidad no está en lo que podamos decir con mayor o menor elocuencia si no en unas pruebas que están expuestas y constan en este proceso. Por ello yo estoy esperanzado".

Lo que sí que tiene claro Guerrero es que habrá recursos hasta recorrer el camino legal que llegaría al Tribunal Supremo. No obstante, el letrado zaragozano apunta que en caso de sentencia favorable pedirá la ejecución provisional, como se hizo en el litigio de los bienes de Sijena. "El 80% de las obras que retienen no las exponen como reconocieron, así que se podría pedir la devolución si se gana. Si no se concede la ejecución provisional el asunto podría retrasarse tres o cuatro años", explica.

Guerrero también está convencido de que el litigio por los 111 bienes de arte sacro se estudiará en las Universidades de Derecho como ejemplo "de todas las pegas procesales que se le pueden ocurrir a cualquier persona y que están en Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las han puesto todas como la de la cuantía: nosotros dijimos que fuera una cuantía indeterminada y ellos matizaron que fuera por encima de los 600.000 euros ya que al Tribunal Supremo sólo llegan asuntos que superan esa cifra".

Te puede interesar

Lérida considera que los bienes adquiridos para su Museo eran inútiles para las parroquias