La Generalitat presenta ahora documentos en un nuevo intento de dilatar el juicio de los bienes
El juez ha aceptado que el Gobierno de Cataluña sea parte coadyuvante.
La Generalitat de Cataluña ha vuelto a poner otro obstáculo judicial para dilatar el proceso judicial de la devolución de los 111 bienes de arte sacro, propiedad de las parroquias altoaragonesas y que se encuentran en depósito en el Museo de Lérida. Un mes y medio después de la celebración del juicio por la vía civil en el Juzgado número 1 de Barbastro, que tuvo lugar el 16 y 17 de mayo, la Generalitat ha presentado este martes por la mañana seis documentos que considera que no se han tenido en cuenta en el proceso ya que los abogados del Gobierno catalán no se presentaron en su día como parte demandada, a pesar de que el proceso lleva activo desde principios de año.
El obispado de Barbastro-Monzón demandó a su homólogo de Lérida y al consorcio del museo donde se encuentran las piezas reclamadas. En este proceso participa el Gobierno de Aragón como parte coadyuvante. La Generalitat no compareció en un primer momento pero lo solicitó más tarde. En su petición de formar parte de este proceso justifica que las piezas forman parte de una colección del patrimonio cultural catalán, que de aplicarse la ley catalana no podrían salir de la Comunidad sin su permiso.
La solicitud de ser parte en este juicio fue presentada por los abogados de la Generalitat en vísperas del juicio. Dos semanas después de la vista oral, el juez los admitió como coadyuvantes, lo que les da la posibilidad de presentar alegaciones, pero no nuevas pruebas.
En los seis documentos aportados incluye la resolución de la consejera de Cultura Caterina Mieras de 2006, según la cual el obispo de Lérida no podría sacar esos bienes de Cataluña de no cumplir una serie de condiciones que la Generalitat le impone. Para los abogados aragoneses, esa resolución no vincula a la diócesis de Barbastro-Monzón ni a las parroquias porque no fueron parte. Además, el Tribunal Supremo ya sentenció en 2015 que no se puede impedir que el propietario levante el depósito.
El juez de Barbastro Carlos Lobón ha otorgado cinco días a la parte demandante para alegar a la documentación. La respuesta del equipo de letrados que encabeza Joaquín Guerrero y que incluye también a Jorge Español, así como la del abogado del Gobierno Aragón Alberto Gimeno, no se ha hecho esperar. Los letrados aragoneses piden al juez que no se acepte los papeles teniendo en cuenta esa jurisprudencia del Supremo. Guerrero apunta además que el 70% de dicha documentación ya fue presentada por el Consorcio. "Ya es tarde para presentar documentos y mucho menos retrotraer el juicio al principio, y aún así tienen la osadía de decirlo ahora, cuando han tenido tiempo de sobras. Lo lógico es que se devuelvan esos documentos por ser extemporáneos y no proceder, y desde luego que no se repita el juicio", afirmó. Para su compañero Jorge Español, la solicitud es "una maniobra para enredar y poner palos en las ruedas".
Sentencia después de verano
La documentación presentada en este juicio ronda los 21.000 folios que está estudiando a fondo el juez del Juzgado de Barbastro. Es previsible, según las estimaciones del letrado del obispado altoaragonés, que la sentencia llegue después del verano, en septiembre, y esta sea muy meditada consciente de que habrá recurso a su fallo por la parte que pierda.
