bienes de sijena
El fiscal y Villanueva de Sijena ya pueden pedir la apertura de juicio oral contra Vila y Puig
La jueza ha dado por terminada la fase de investigación, tras las declaraciones de los dos exconsejeros catalanes, que están acusado de desobediencia por negarse a devolver las 44 obras que estaban en el Museo de Lérida.
La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, Marina Rodríguez Baudach, ha dado por terminada la fase de investigación contra los exconsejeros catalanes de Cultura, Santi Vila y Lluis Puig, y ha abierto un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.
Los dos políticos catalanes están siendo investigados por un presunto delito de desobediencia al negarse a devolver las 44 obras de Sijena que estaban retenidas en el Museo de Lérida. A ello, Vila suma otro de prevaricación, ya que, tal y como recuerda la magistrada, dictó una resolución acordando no autorizar la disgregación de la colección del Museo de Lérida, con el fin de evitar la salida de las piezas aragonesas.
El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, está "muy satisfecho" con la marcha de la causa y se muestra seguro de que el Ministerio Fiscal solicitará la apertura de juicio oral contra los dos exconsejeros catalanes. Tras ello, será el turno del consistorio.
En su momento, el fiscal ya señaló ante la jueza que los dos políticos catalanes habían actuado de forma irresponsable y por lo tanto, sus penas deberían reflejar las "capitales" consecuencias de su "rotundo" incumplimiento, refiriéndose al despliegue policial así como a la agitación social derivada de la incautación forzosa de las 44 obras, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2017 y que, en su opinión, ambos exconsejeros pudieron evitar.
A través de su exposición de los hechos, la magistrada enumera las diferentes ocasiones en que la Generalitat de Cataluña fue requerida para la devolución de las obras así como las notificaciones enviadas a los dos exconsejeros, que, tal y como señala, fueron advertidos de las consecuencias legales en las que podrían incurrir si incumplían el mandato judicial.
Los dos exconsejeros ya declararon ante el juzgado oscense. Santi Vila lo hizo de forma presencial, argumentado que el mandato judicial de entrega entraba en "conflicto" con las leyes de protección catalanas, y Lluis Puig, que se encuentra huido en Bélgica, por videoconferencia, escudándose en que recibió el requerimiento tan solo un día después de tomar posesión de su cargo.
El delito de desobediencia está castigado con multas e inhabilitación por un periodo de hasta 2 años.