La población nacida en el extranjero se triplica en Aragón en las dos últimas décadas y salva la sangría demográfica
La cuestión migratoria es uno de los puntos calientes de la campaña electoral europea a pesar del reciente pacto aprobado por la Eurocámara.
La migración, una cuestión que ha dividido a la Unión Europea en los últimos años, es un tema candente en estas elecciones a la Eurocámara. El recientemente aprobado Pacto de Migración y Asilo, que busca resolver los problemas y diferencias y gestionar las llegadas de manera más previsible y ordenada, no satisface plenamente a nadie.
En medio de los acalorados debates que suscita esta cuestión, la realidad es que el asentamiento de población nacida en el extranjero se ha convertido en Aragón en la tabla de salvación ante la sangría demográfica, la baja natalidad y el envejecimiento. Los extranjeros, incluyendo los que han logrado la nacionalización, representan, de acuerdo con los datos a 1 de enero de este año, el 17,4% de los aragoneses (234.705 de 1.348.918). En 2023 eran el 16,6% y en 2022, el 15,3%.
En las últimas dos décadas su peso se ha triplicado, en 2023 representaban el 5,7% de los residentes en la Comunidad. Una evolución al alza que ha tenido sus fluctuaciones. La crisis económica de 2008 hizo especial mella. Desde 2009, el número de extranjeros se mantuvo casi invariable y a partir de 2013 empezó a descender, con el retorno de personas a sus lugares de origen y la reemigración a otras comunidades o países, para volver a remontar a partir de 2017. Las restricciones de la pandemia de coronavirus provocaron una caída de llegadas.
Las proyecciones demográficas revelan que los extranjeros seguirán salvando el crecimiento de la población durante años. En 2022 uno de cada cuatro bebés que nacieron en la Comunidad fue de una madre de otro país, 2.262 de un total de 8.985.
"En el futuro es posible que compitamos por los inmigrantes, hoy por hoy es el único elemento de regeneración demográfica", asegura Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica en la Universidad de Zaragoza. "Hay una especie de histeria de ver la inmigración como algo negativo, cuando contribuye en muchas aspectos positivos, como ocupar puestos de trabajo que quedan vacíos y sostener el sistema de pensiones", defiende. Al mismo tiempo, aboga por "regular y ordenar en la medida de lo posible" los flujos.
La pérdida de ciudadanos extranjeros enseguida hace caer los datos de población. Es lo que ha ocurrido en este primer trimestre de 2024. La Comunidad ha roto su racha ascendente al perder 2.566 habitantes. Los expertos lo achacan en parte a la ralentización de la inmigración del este de Europa, fundamentalmente la rumana, y también la nicaragüense, por los mayores controles para llegar a España y los elevados precios de los vuelos.
Equilibrio entre seguridad y solidaridad
Del nuevo reglamento europeo de migración y asilo, tras más de cuatro años de complicadas negociaciones y que ha recibido luz verde ‘in extremis’ antes de la cita con las urnas, es de lo que se va a hablar esta campaña. No convence del todo a casi nadie. Desde la extrema derecha se achaca que no es lo suficientemente duro, y parte de la izquierda y hasta del centro político considera que va demasiado lejos y limitará aún más los derechos de los migrantes.
Criticado también por las oenegés, endurecerá las acogidas y aunque fija por primera vez cuotas que debe aceptar cada Estado miembro también permitirá que los países paguen por rechazar refugiados (20.000 euros por cada persona). Entre otras medidas, contempla alargar los procesos de trámite en las fronteras a los que piden asilo o protección internacional hasta seis meses hasta saber si su solicitud se admite o no, lo que llevará a crear ‘zonas de espera’. Además, abre la puerta a la firma de acuerdos con terceros países para frenar las entradas irregulares y un procedimiento más acelerado para las deportaciones.
Quince estados miembros de la UE ya han pedido por carta a la Comisión Europea "nuevas soluciones" para atajar un flujo de inmigración irregular que consideran "insostenible". Plantean fomentar los acuerdos con "terceros países" para facilitar los traslados de solicitantes de asilo, en línea con los acuerdos a los que ya han llegado Italia y Albania.
"El pacto pone más el foco en temas de seguridad que en garantizar los derechos humanos de los migrantes", asegura Carlos Vela, responsable territorial adjunto de Accem y miembro del equipo jurídico de esta oenegé, una de las que gestiona en la Comunidad el programa de refugiados.
Evolución nacidos en el extranjero por comarcas
Asimismo, valora que aunque esta norma "establece medidas de lucha contra el tráfico de personas" deja al "albur de las mafias" la llegada de quienes dejan sus países porque no se garantizan "unas vías legales, reales y seguras" que permitan a los migrantes y refugiados tener alternativas posibles a viajes tan peligrosos en los que se ven forzados a arriesgar sus vidas. Vela plantea que en el caso de la inmigración se pueden estudiar incluso "mecanismos de regularización antes de llegar a España".
"Nos parece una norma que viene a confirmar una nueva óptica de seguritización, más centrada en la seguridad interior, que de integración", afirma Rubén Romero, abogado y responsable de incidencia, política y alianzas de la Fundación Cepaim. Critica que establece una "solidaridad a la carta". Sobre la "externalización" a terceros países "seguros", considera que no existe un "canon europeo" de lo que se puede considerar como tal.
¿Margen de maniobra?
Romero explica que ahora, una vez adoptado formalmente el paco, la Comisión Europea elaborará una guía para su implementación nacional y los países tendrán un plazo de hasta dos años para ponerlo en práctica. El Gobierno español ya ha dado un primer paso con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Las organizaciones, apunta Romero, confían en que en el marco de un "estricto respeto" al pacto europeo exista un "margen de maniobra" para que el Gobierno español pueda introducir mejoras. Demanda que se dé voz a las entidades implicadas en el diseño del programa nacional y que exista un "organismo independiente de monitoreo en clave de derechos humanos".
