Las personas sordas de Aragón reclaman la videointerpretación en Urgencias: "Hay gente que no acude porque no puede comunicarse"
La agrupación de personas con discapacidad auditiva demanda en las Cortes autonómicas que se extienda a todos los hospitales públicos el proyecto piloto que funciona en el Miguel Servet.
Las personas sordas no suelen acudir a los servicios de Urgencias a no ser que tengan un intérprete de signos disponible o un familiar o amigo oyente que les pueda acompañar, lo cual puede llegar a poner en riesgo su salud. Por ello, la Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) reclama la implantación de un servicio de videointerpretación en los hospitales públicos, además de que esta figura se contemple también en los centros educativos para situaciones como las tutorías con los profesores.
Así lo han puesto de manifiesto este miércoles la presidenta y el vicepresidente de este colectivo, Silvia Mateos y Jesús Carlos Laiglesia, en la comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Parlamento autonómico. La adaptación de los puestos de trabajo públicos a empleados con esta discapacidad y el acceso a una formación continua accesible para su condición auditiva son otras dos de las demandas que han trasladado a los grupos parlamentarios.
En la Comunidad viven 10.000 personas sordas con un grado de discapacidad reconocida superior al 33%. De ellas, casi 8.000 se concentran en la provincia de Zaragoza, 1.500 en la de Huesca y medio millar en la turolense.
"Hay personas que si no tienen la posibilidad de ir acompañados con un intérprete o con algún familiar o amigo oyente prefiere no acudir porque no les van a entender", explica Laiglesia. Entre septiembre y noviembre de 2022 funcionó un proyecto piloto de videointerpretación en el hospital Miguel Servet, el Materno Infantil y los puntos de atención continuada de Sagasta y Fuentes Norte. Estos centros cuentan con una tableta para conectar las 24 horas del día a la plataforma Svisual que facilita un videointérprete para que el paciente se entienda con el médico u otro personal sanitario que precise.
Los usuarios pagan el servicio de su bolsillo
Desde que el programa dejó de contar con financiación, procedente de una línea de subvenciones de la hoy Dirección General de Cuidados y Humanización, ASZA lo ha asumido y los usuarios lo pagan de su bolsillo. Laiglesia reconoce que el Departamento de Sanidad tiene una "buena voluntad" para dar una solución, aunque en los presupuestos de este año no figura ninguna partida específica para este fin y tampoco prosperó una proposición no de ley. Para el vicepresidente de ASZA lo mejor sería conveniar el servicio como ya se hace en Galicia, Valencia y Navarra.
El Departamento de Sanidad está "trabajando técnicamente" en el tema. La diputada del Partido Popular, María Navarro, anuncia que las direcciones generales de Salud Digital y Cuidados y Humanización valoran si implantarlo vía contrato o subvención. Además, insiste en que no hay un problema de "falta de financiación" y que el dinero "se sacará de donde sea para paliar esa necesidad".
Los institutos de educación secundaria y la Universidad de Zaragoza cuentan con un servicio de intérpretes de lengua de signos que acompañan en sus clases a los estudiantes con discapacidad auditiva. El problema radica en que estos profesionales no se incorporan a las aulas de ESO en el inicio de curso, sino que pueden tardar varios meses. Para los cursos de Infantil y Primaria ASZA solicita que se implante la figura del asesor para personas sordas, alguien que no es titulado oficial pero que domina el lenguaje de signos y puede ayudar a los alumnos porque bien es oyente, conserva algún resto auditivo o lleva un implante coclear. Laiglesia solicita también que las familias que lo precisen puedan contar con un intérprete de signos cuando acuden a una tutoría con los profesores.
Atención a víctimas de violencia de género
Desde la agrupación alertan de que el servicio de atención psicológica a las mujeres sordas víctimas de violencia de género, que viene prestándose desde hace más de 15 años financiado desde el Ministerio de Derechos Sociales a través de la Confederación Estatal de Personas Sordas, corre peligro de desaparecer. Desde el Gobierno central se aduce que las competencias son de las comunidades autónomas y que se transfieren fondos que no se destinan a este fin. "Hay informaciones contradictorias", concluyen desde el colectivo aragonés de personas sordas.
