La tramitación del nuevo impuesto que gravará la actividad de las empresas eólicas, fotovoltaicas y los tendidos eléctricos ha echado a andar en las Cortes de Aragón. Y pese a que los grupos de la oposición han manifestado su deseo de aplicar cambios profundos al texto normativo, este ha salido adelante sin votos en contra y la única abstención del PSOE.

Sobre la mesa, un tributo que nace con el objetivo de lograr una recaudación de entre 32 y 36 millones de euros, que en gran medida se destinarán al medio rural, a la restauración medioambiental y a la lucha contra la despoblación. El 50% de los ingresos pasará a un fondo para aplicar mejoras ambientales a los municipios afectados, mientras que otro 15% irá para planes contra la despoblación.

Estos porcentajes marcaron el debate, dado que los grupos de la oposición quieren que la mayor parte de la recaudación llegue a las zonas afectadas. En principio, el Gobierno prevé que el nuevo impuesto pueda estar en vigor a finales de abril o en el mes de mayo y pueda sumarse a las comunidades autónomas que ya lo cobran, como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria.

El debate lo ha abierto la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, ha explicado que el tributo pretende ser “una compensación a las afecciones” de los molinos y las placas fotovoltaicas al paisaje y al medio natural. Según la responsable autonómica, se trata de “superar la división social” que ha generado el sector, que ha crecido de forma notable en los últimos años en Aragón.

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Ha detallado las características del tributo y el objeto de gravamen (la altura de los molinos, la superficie ocupada por las placas o los kilómetros de tendido eléctrico). “Esta ley pretende facilitar que las empresas del sector, denostadas y cuestionadas, no solo se conviertan en decisivas del desarrollo económico, sino que puedan demostrar un compromiso específico con el medio rural”, ha dicho Vaquero, que se ha mostrado a favor de mantener la implantación “ordenada” de proyectos de renovables en Aragón. “Son proyectos estratégicos”, ha dicho.

Vaquero ha destacado que habrá exenciones y bonificaciones para las empresas que impulsen proyectos de compensación a las zonas afectadas. Y ha recordado que las energías renovables han permitido diversificar la economía aragonesa y atraer nuevos sectores como el de la tecnología. “Es necesario ordenar el desarrollo actual para evitar el descontento social. Estos nuevos impuestos no gravan a las personas, sino que completan las responsabilidad social de las empresas”, ha dicho.

"¿Ya no existe el infierno fiscal?"

La ley tiene su origen en un anteproyecto que ya presentó el PSOE en la anterior legislatura. Pero los socialistas han considerado que el texto legal que se propone ahora ha experimentado un cambio notable. “Mucho han de cambiar las cosas para que nuestro voto sea positivo. Este no es nuestro proyecto”, ha dicho el diputado Óscar Galeano, que ha recordado a PP y Vox que crean un nuevo impuesto. “¿Ya no existe el infierno fiscal? ¿Lo tenemos más fresquito?”, ha afirmado.

A su juicio, se desprecia la figura del Fondo aragonés de solidaridad energética. “Olvidan la progresividad y que debe imperar el sentido ambiental de la norma, el principio de que quien contamina paga”, ha argumentado Galeano, que ha subrayado que “este proyecto necesita un vuelco” en el trámite de ponencia.

El PSOE es el único grupo que se ha abstenido, según su portavoz en el debate, Óscar Galeano, por las múltiples diferencias técnicas, tributarias y políticas con el borrador del cuatripartito y porque olvida la progresividad y trata de tapar con la recaudación los "agujeros" que dejan las rebajas a las grandes patrimonios.

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Aragón destinará el 15 % del impuesto medioambiental para la despoblación

Ha defendido que sean los municipios afectados por las renovables los principales beneficiados por el impuestos. En la misma línea, José Luis Soro, de CHA, ha dicho que es un impuesto “necesario”, pero ha dicho que “no tienen sentido que vaya solo el 15% para despoblación”. El diputado nacionalista ha criticado las exenciones previstas en el caso de los proyectos de interés general, como ocurre con el caso del Nudo Mudéjar.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha cargado contra el proceso de implantación de las renovables y ha exigido que el 100% del dinero vaya para el territorio. “Un 15% es una cantidad irrisoria”, ha dicho el diputado, que ha considerado que la recaudación de este impuesto no podrá compensar al territorio. Andoni Corrales (Podemos), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR) han reclamado más fondos para luchar contra la despoblación.

Los partidos que apoyan al Gobierno han defendido el impuesto. Blanca Puyuelo, del PP, ha recordado que al 15% se le suma el 50% del fondo de solidaridad energética. Fermín Civiac, de Vox, ha cargado contra el sector de las renovables, que en su opinión vive "una burbuja" favorecida por "políticos y empresarios sin escrúpulos". "Cuando explote, lo pagaremos entre todos", ha dicho.