El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno central a que incremente las ayudas a los costes de funcionamiento de las empresas de Teruel, Cuenca y Soria hasta el máximo permitido por la Unión Europea, el 20% del total. PP y Sumar han unido sus votos en la Comisión de Reto Demográfico para impulsar una iniciativa muy demandada por estas provincias, las tres más despobladas del país. El PSOE, por su parte, se ha abstenido (al igual que Vox y los nacionalistas), y tras reivindicar que fue la formación que las puso en marcha, se ha limitado a indicar que “evaluará” con el Ministerio una posible “mejora” de estos incentivos.

La propuesta ha nacido del PP. La diputada aragonesa Raquel Clemente ha censurado las políticas contra la despoblación del Gobierno, que a su juicio se limita a “anuncios millonarios que no se materializan en políticas reales”. Ha reivindicado un pacto de Estado para hacer frente al reto demográfico y actuaciones con un impacto efectivo en el territorio.

En este sentido, ha denunciado que las ayudas al coste del funcionamiento de las empresas de Teruel, Cuenca y Soria “no llegan ni al 2% de la intensidad permitida” por la UE, que en 2021 autorizó este tipo de fiscalidad diferenciada en las provincias con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez implementó unas bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social por contingencias comunes de los contratos indefinidos nuevos de hasta el 20% si se firman en municipios de menos de mil habitantes, y del 15% para los que superen ese censo. En el caso de los ya existentes, se benefician de un descuento del 5%.

Según los agentes sociales de Teruel estas medidas, de inicio positivas, son insuficientes para tener un impacto real ante los problemas de despoblación de la provincia. La misma opinión tiene Clemente, que ha reclamado ampliar las ayudas al máximo -alcanzando a todos los costes laborales, y no solo a esas cotizaciones específicas- para “hacer más atractivas estas zonas en grave situación demográfica y más competitivas a sus empresas”.

Además, ha denunciado la suspensión temporal de otra de las medidas aprobadas el año pasado, la que permitía disfrutar de tarifa plana de 80 euros durante tres años a los nuevos autónomos. Esta ayuda se vinculó al presupuesto estatal de 2023, por lo que ha decaído hasta la aprobación de uno nuevo.

Por su parte, Jorge Pueyo, el representante de CHA en la coalición Sumar (que forma parte del Gobierno de coalición), ha apoyado la proposición incorporando a la misma la necesidad de que la mejora llegue a todas las ayudas “independientemente de que sean nuevas contrataciones o que ya hubieran tenido actividad previa”.

“No es admisible que el Gobierno aplique las ayudas de forma restringida o timorata. Pedimos que se amplíen. No se puede desaprovechar esta oportunidad”, ha demandado. Pueyo cree que la medida se ha implementado “en un porcentaje ridículo”, lo que la hace “altamente ineficaz”. “Son migajas para un territorio que necesita pan, trabajo y techo”, ha subrayado el representante aragonés en Sumar, cuyos votos eran necesarios para que la PNL saliera adelante.

El diputado de CHA también ha pedido un pacto de Estado sobre despoblación puesto que “el Estado ha apostado por tres o cuatro focos de industrialización y ha abandonado a su suerte a los demás, es el causante y debe arreglarlo”.

Margen de mejora

El PSOE y Vox se han abstenido, al igual que las formaciones nacionalistas, que no suelen participar en debates ajenos a sus territorios. El portavoz socialista, Luis Alfonso Rey, ha reivindicado la autoría de las ayudas. “Lo difícil es pasar de las palabras a los hechos”, ha expresado para recordar que fue su partido el que las implementó. “No fueron ustedes, pudieron haberlo hecho desde 2013 y no lo hicieron”, ha remarcado.

El diputado ha defendido además los resultados logrados en el primer año de aplicación. Según ha detallado, en Teruel se ha registrado un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 792 personas, y un aumento de población de 816 empadronados. “No voy a decir que es solo por estas medidas, pero lo cierto es que ha ocurrido este año y no el anterior”, ha subrayado.

En cualquier caso, Rey se ha mostrado dispuesto a “evaluar con el Ministerio” una “mejora” de estas ayudas, algo que se tendría que ver reflejado en los nuevos presupuestos, que estas semanas negocia el Gobierno con sus socios de investidura. Su impulso se ha retrasado por el rechazo del PP a los objetivos de déficit y, sobre todo, por la tramitación de la ley de amnistía, al estar condicionados al apoyo de Junts.

Mientras, el representante de Vox, Ricardo Chamorro, ha respaldado la iniciativa en su intervención aunque ha advertido de que la despoblación es un problema “en casi todas las comunidades”, no solo en las tres beneficiadas por estas ayudas, y ha defendido que “lo fundamental” es impulsar la natalidad. Finalmente la formación de extrema derecha se ha abstenido.