El PP tumbará en el Senado el objetivo de déficit marcado por el Gobierno para este año, que establecía un margen del 2,7% para el Estado, un 0,1% para las comunidades y un 0,2% para los ayuntamientos después de que finalizara la moratoria de las reglas de gasto por la pandemia. Ante este bloqueo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió hace unas semanas que el Ejecutivo se vería obligado a recuperar el plan de estabilidad que presentó a Bruselas el año pasado, en el que las autonomías se debían mantener en el equilibrio presupuestario, por lo que Aragón perdería 40 millones de euros y tendría que modificar sus cuentas.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, han anunciado este lunes en rueda de prensa su “rechazo condicionado” a los objetivos de déficit planteados por la Moncloa, y han tendido la mano para levantar el veto en la Cámara Alta, donde cuentan con mayoría absoluta, siempre que se cumplan algunas de sus demandas.

Por un lado, los conservadores reclaman deflactar el IRPF, rebajar el IVA de alimentos como la carne, el pescado y las conservas, y eliminar el impuesto a la producción de energía. Además, piden que se “respete la autonomía fiscal” de las comunidades y ofrecerles un fondo de compensación que les permita afrontar el coste de servicios básicos como la educación y la sanidad, y un reparto más equitativo del objetivo de déficit.

Bravo ha recordado que cuando la actual ministra de Hacienda era consejera de Andalucía “consideraba un abuso un reparto del 80% para el Estado y del 20% para las comunidades, y ahora ofrece un 97%-3%”. El objetivo de déficit ya fue objeto de discusión en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde los gobiernos autonómicos del PP, incluido el de Aragón, rechazaron la propuesta al exigir que se elevara su margen de gasto.

Ante aquella posición y su más que posible traslado al Senado, donde el veto del PP devolverá los presupuestos del Estado a la casilla de salida, Montero advirtió de que en realidad los conservadores solo lograrán perjudicar a las comunidades, ya que perderán ese 0,1% de déficit con el que ya han elaborado y aprobado sus cuentas. En el caso de Aragón supondría perder 40 millones de margen de gasto, aunque la cifra se vería en parte compensada por el incremento de las entregas a cuenta de este ejercicio, que finalmente aportarán 20 millones más de lo reflejado inicialmente en las cuentas de la DGA.

Con este escenario, el PP elude cualquier responsabilidad sobre un posible castigo a sus propias comunidades y lo achaca al Gobierno central, que “no hizo sus deberes”. “Cuando las comunidades hicieron su presupuesto, la referencia era el 0,1%. ¿Vamos a perjudicar al que lo ha hecho bien?”, ha planteado Bravo.

Si no hay acuerdo, como es previsible, los objetivos de déficit volverán al Ejecutivo central, que tendrá que rehacerlos para volver a pasar por el Congreso y el Senado, lo que dilatará aún más unas cuentas ya de por sí condicionadas por la tramitación de la ley de amnistía. Además del margen de gasto, quedarían en el limbo la ejecución de los fondos europeos o bonificaciones como las que este año han perdido los autónomos de la provincia de Teruel hasta que no haya nuevos presupuestos.

Fondo de financiación

Respecto al fondo de compensación que ha puesto hoy el PP encima de la mesa, su portavoz económico no ha entrado a valorar en su cuantía ni en si debería primar a las cuatro comunidades que se han aliado por su mayor infrafinanciación: Andalucía, Murcia y Valencia (en sus manos) y Castilla-La Mancha (del socialista Emiliano García-Page). El resto, entre ellas Aragón, se han mostrado en contra de un trato diferenciado.

Bravo se ha referido únicamente a un fondo que llegue a todas las autonomías y que, como de nuevo ha recordado, Montero reclamó cuando era consejera andaluza por valor de 16.000 millones de euros. “No vean confrontación entre las comunidades”, ha dicho respecto a la guerra interna que mantienen sus barones territoriales. “Las que tienen una situación peor pretenden un equilibrio, y el conjunto de las comunidades, da igual el color, que se les dé más financiación” para afrontar los sobrecostes de la educación y la sanidad. “Se trata de que todos tengamos igualdad”, ha zanjado.

Finalmente, el PP también se ha posicionado sobre la negociación por la quita de la deuda, que Montero prevé iniciar este mes con cada comunidad tras acordar con Cataluña una condonación de 15.000 millones a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. “En ningún caso aceptamos la bilateralidad, lo que se tenga que hablar tiene que ser con transparencia y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha advertido Bravo, quien considera que este medida “no es la solución”, que a su juicio pasa por una reforma del sistema de financiación autonómica.